El periodista Arturo Ángel, quien informó sobre el aplazamiento, mencionó en sus redes sociales que este cambio de fecha podría estar relacionado con un inminente acuerdo y declaración de culpabilidad entre Guzmán López y el gobierno estadounidense. El narcotraficante es señalado por varios cargos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado.

Ovidio Guzmán López: El Ratón y sus acusaciones

Ovidio Guzmán López, conocido como «El Ratón», fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, en enero de 2023, tras un operativo del Ejército mexicano. Posteriormente, fue extraditado a EE.UU. en septiembre del mismo año. Guzmán López está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una organización criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, y realizar transacciones ilegales relacionadas con el narcotráfico, entre otros delitos.

El hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán también enfrenta cargos por el tráfico de fentanilo, uno de los narcóticos más peligrosos que afectan a la población estadounidense. Este involucramiento ha colocado a «El Ratón» como uno de los narcotraficantes más buscados por el Gobierno de EE.UU.

La relevancia del caso

El caso de Ovidio Guzmán López es uno de los más seguidos; debido a su relación con uno de los carteles de drogas más poderosos del mundo,; el Cártel de Sinaloa. Su implicación en el tráfico de fentanilo es un factor clave en la estrategia de EE.UU. para combatir el narcotráfico. Además, su extradición y los cargos que enfrenta podrían representar un hito en la lucha contra el crimen organizado internacional.

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Salud Digna, conocida por ofrecer servicios de prevención y diagnóstico en México y Centroamérica, es propiedad del empresario Jesús Vizcarra Calderón y sus hermanos Luis Armando y Fernando. Esta semana, la empresa ha sido mencionada en el contexto de la captura de Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien fue arrestado por autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio.

La controversia surge a partir de la información de que el avión utilizado por Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, para su viaje a Los Ángeles, California, en el día de la captura, pertenece a la empresa Servicio Ejecutivos Aéreos Viz, vinculada a los hermanos Vizcarra Calderón. Esto ha generado especulaciones sobre posibles conexiones entre los eventos y las personas involucradas.

De acuerdo con reportes, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, habría llevado a Zambada a una casa en Culiacán bajo el pretexto de resolver un conflicto, pero el gobernador Rocha Moya desmintió esta versión. Según el mandatario, él estaba en Los Ángeles en el día mencionado y regresó a Sinaloa al día siguiente.

La relación entre el gobernador Rocha Moya y Jesús Vizcarra se remonta a tiempos en que Vizcarra era parte del gabinete del exgobernador Jesús Padilla, revelando un vínculo cercano entre ambos. Vizcarra no solo dirige Salud Digna, sino también SuKarne, una de las principales empresas cárnicas mexicanas con una notable presencia internacional.

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Al ser cuestionado en su conferencia de este viernes en las instalaciones de la Novena Zona Militar de Culiacán, López Obrador recordó que él dio la orden de detener el operativo porque “lo que más me importa es la vida”.

“Hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando, vamos a informarlo bien cuando tengamos todos los elementos. Es mi compromiso, puede ser una semana o 15 días.

“Es una información que ya hemos dado, en el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente.

“Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo más me importa es la vida. En una semana, en 15 días, informamos bien para no hacerlo de manera atropellada”, declaró antes de retirarse.

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El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.

Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín El Chapo Guzmán, entonces el jefe del Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro del país latinoamericano, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

La administración López notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA que pidió el anonimato. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. La agencia Reuters, que publicó esta información, no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

«La estrangularon«, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. «Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar«.

El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100 mil muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.

La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República (FGR) e independiente del gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países.

«Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México«, advirtió.

México «se dispara en el pie»

La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México bajo la administración López, la cual puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.

En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.

«México se está disparando en el pie», sentenció Vigil.

Con información de Reuters

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El aseguramiento de cartuchos es considerado por el Ejército como el más grande del que se tenga registro.

La FGR informó que, derivado de trabajos de inteligencia, obtuvo información de que “Los Salazar”, con presencia en el municipio de Navojoa, Sonora, utilizaban cuatro inmuebles como casas de seguridad en los que resguardaba armamento y droga.

Al catear los inmuebles, por orden judicial, agentes de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional, con resguardo en la periferia del Ejército, aseguraron dos millones 829 mil 950 cartuchos de diversos calibres, 14 mil 722 cargadores, 128 armas largas de diferentes calibres, 100 placas balísticas, 89 granadas (práctica color azul), 54 fornituras, 38 armas cortas, 19 ametralladoras, 12 chalecos tácticos, ocho vehículos, 10 kilogramos de marihuana, seis fusiles Calibre 50, cuatro inmuebles, cuatro remolques, una  subametralladora, una máquina trituradora, una máquina moledora y una planta de luz.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, señaló la FGR.

El aseguramiento ocurrió horas antes, de que en el municipio de Caborca (al noroeste de Sonora) se originara un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Sedena y Policía Estatal.

De acuerdo con los datos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante los primeros minutos de este jueves, las Fuerzas Armadas atendían un llamado por detonaciones de arma de fuego, cuando fueron agredidos por hombres armados. Al verse rebasados tanto en personal como armamento, los sicarios intentaron huir, lo que dio paso a una persecución. Los hechos resultaron en dos presuntos gatilleros abatidos, dos detenidos y cinco vehículos y armas largas asegurados. Asimismo se reportó la baja un militar y cuatro uniformados heridos.

La SSP informó que los operativos continúan para el resguardo de la seguridad de los habitantes de la región.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, reconoció la labor de los elementos de seguridad, así como la de los tres niveles de gobierno. “Gracias por su labor, siempre”, escribió.

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La demanda de García Luna fue turnada a la juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien todavía no la ha admitido debido a que solicitó al exfuncionario realizar precisiones sobre los actos reclamados.

“Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo… requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, por escrito, aclare su demanda”, señaló la juez.

En enero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez federal ordenó detener a García Luna junto con otras seis personas, entre ellas, Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, por su participación en el operativo Rápido y Furioso.

El exfuncionario permanece preso desde el 9 de diciembre de 2019 en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, donde enfrenta cargos por conspiración de tráfico de cocaína y declaraciones falsas.

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Así lo dio a conocer este jueves el Buró de Prisiones de Estados Unidos, en donde se identifica a la modelo con el número de prisionera 31149-509.

De esta forma, el gobierno de Estados Unidos redujo la condena de Coronel Aispuro de 36 a 31 meses; sin embargo, podría dejar la cárcel incluso antes, en caso de demostrar buena conducta o participando en programas y actividades de rehabilitación.

De acuerdo con Univisión, más que una reducción se condena, se trata de procedimiento habitual, ya que los prisioneros en EU solo cumplen el 85 por ciento del tiempo de una sentencia, por ello se contempla que permanezca 31 meses tras las rejas, incluyendo el tiempo que estuvo detenida desde febrero de 2020.

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La defensa del exfuncionario dijo que “una sentencia mínima obligatoria de cinco años era suficiente” argumentando que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”.

Durante el proceso que se le siguió en una corte de Chicago, previo a la sentencia, los fiscales de Illinois también sugirieron al juez dar 10 años a Reyes Arzate, quien solamente recibió tres por el cargo de obstrucción de la justicia.

Mark DeMarco, defensor del que es apodado La Reina, pidió que el tribunal considere los 40 meses que el acusado estuvo preso por el dictamen de Illinois insistiendo que dicha condena “es parte del presente delito y el Sr. Reyes ha estado encarcelado desde que se entregó en Chicago el 27 de marzo de 2017”.

El gobierno dijo estar de acuerdo con esta declaración, aunque señala que los 10 años sugeridos al juez se encuentran “muy por debajo del rango de las directrices”.

Iván Reyes Arzate era el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y como tal el principal punto de contacto para el intercambio de información entre el personal policial estadunidense y mexicano.

Reyes Arzate escuchará su sentencia este miércoles en una corte de Brooklyn (Nueva York), la misma que lleva el caso de García Luna y que llevó el proceso judicial contra el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Reyes Arzate, en octubre del año pasado, se declaró culpable de uno de los delitos que se le imputaban. En su acuerdo de culpabilidad, aceptaba ser el responsable de conspiración para la importación de 450 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

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En Twitter, Castañeda calificó como «falsa» la información que se divulgó sobre el evento, puesto que no se tiene información que confirme que este tipo de festejos sean recientes.

El pasado 17 de diciembre de 2020, en un convivio en la comunidad de San Diego, Sindicatura de El Dorado, en Culiacán, se montó un escenario para conjuntos musicales, se colocaron mesas para asistentes a una fiesta en la cancha deportiva, la cual presuntamente fue organizada por familiares de El Chapo.

En la fiesta, según testimonios, decenas de regalos portaban una especie de etiqueta con las siglas “JGL”, al igual que siete vehículos recién salidos de la agencia modelo 2021, los cuales no portaban placas.

Mediante datos e información captada en redes sociales, se conoció que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva interrumpieron el festejo y aseguraron los siete vehículos de reciente modelo, aparatos electrónicos y juguetes que fueron abandonados.

El pasado 15 de diciembre el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas por hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto de los hijos de El Chapo Guzmán: Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.

A los cuatro los considera “miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa y sujetos a acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”.

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Una nueva orden ejecutiva de Washington, emitida el miércoles, ofrece 5 millones de dólares por la detención de cada uno de cuatro hijos de Guzmán, como parte de su estrategia contra actores internacionales del narcotráfico.

La agencia estadounidense reveló las órdenes contra Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, que forman parte de un listado de 25 objetivos relacionados con el tráfico de opioides sintéticos.

En las órdenes se detalla que «los hermanos Guzmán-López supervisan actualmente cerca de 11 laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa y que producen aproximadamente entre 3 mil y 5 mil libras de metanfetamina por mes. La metanfetamina se vende al por mayor a otros miembros de Sinaloa y a distribuidores con sede en Estados Unidos y Canadá«.

Sobre Ovidio Guzmán López se menciona que «ha ordenado los asesinatos de informantes, un narcotraficante y un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda«.

«Los hermanos Guzmán-Salazar aumentaron su poder en el Cártel de Sinaloa tras extradición de su padre»

Acerca de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Departamento de Estado de Estados Unidos menciona que «las investigaciones policiales indican que Guzmán-Salazar, junto con su hermano, Jesús Alfredo Guzmán-Salazar, brindaron una importante asistencia operativa a su padre, incluida la coordinación del transporte de narcóticos desde Centro y Sudamérica a México; coordinar el transporte de estupefacientes a Estados Unidos; distribuir medicamentos a clientes mayoristas en los Estados Unidos; y recolectar las ganancias de las drogas de los clientes en los Estados Unidos para transferirlas a México en beneficio de los miembros y asociados del Cártel de Sinaloa«.

Además, «para proteger su organización, sus tácticas han incluido obtener armas y otras armas, sobornar a funcionarios públicos corruptos, participar en actos de violencia y amenazas de violencia, secuestrar e intimidar a miembros de las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de sus propias organizaciones de narcotráfico«.

También se indica que «tras el arresto y posterior extradición de su padre y su condena en el Distrito Este de Nueva York (EDNY), los hermanos Guzmán-Salazar han aumentado su poder dentro del Cártel de Sinaloa. Han ampliado su empresa con sofisticados laboratorios de fentanilo en Culiacán, México, y han ampliado sus operaciones de transporte utilizando transporte marítimo y aéreo, además de túneles y cruces fronterizos«.

El Departamento de Estado recuerda que «el 25 de julio de 2014, Iván Archivaldo Guzmán-Salazar fue procesado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de California. La acusación formal lo acusó a él y a otros de violaciones del Título 21, USC §§ 952, 960, 963 (conspiración para importar metanfetamina, cocaína y marihuana) y el Título 18 USC Sección 1956 (h) (conspiración para lavar instrumentos monetarios). La acusación también incluyó disposiciones de decomiso«.

Acerca de Jesús Alfredo Guzmán también se menciona que «el 6 de agosto de 2009, y de nuevo el 17 de febrero de 2016, un gran jurado federal en el Distrito Norte de Illinois regresado reemplazando acusaciones formales contra Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros co-conspiradores con violaciónes del Título 21, USC, § 846 (conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y más de 1 kilogramo de heroína); Título 21, USC, § 963 (conspiración para importar más de 5 kilogramos de cocaína); y Título 21, USC, § 841 (a) (1) (distribución de más de 1 kilogramo de heroína)».

Además, las investigaciones policiales indican que Joaquín y su hermano, Ovidio Guzmán López, desempeñan funciones de mando y control de alto nivel en su propia organización de narcotráfico, «la Organización Criminal Transnacional Guzmán-López, bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa«.

Se detalla que «tras la muerte de Edgar, Joaquín y Ovidio heredó gran parte de las ganancias de los narcóticos y comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia.

«También comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto a México cuando comenzaron a experimentar con la producción de metanfetamina (…) El 2 de abril de 2018, ambos hermanos Guzmán-López fueron procesados por un Gran Jurado Federal en el Distrito de Columbia y acusados de un cargo de 21 USC Secciones 959 (a), 960 y 963 (conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y mil kilogramos de marihuana )».

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