La defensa de Zambada deberá entregar la documentación necesaria antes del 6 de julio, mientras que la Fiscalía tendrá hasta el 13 de julio para responder. La última fecha prevista era el 13 de abril, pero se había aplazado a mayo sin día definido debido a dificultades para reunir información clave.

El abogado Frank Pérez solicitó más tiempo desde diciembre de 2025 para preparar un memorando de sentencia, alegando que la violencia e inestabilidad en México complicaban la recopilación de datos. Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y mano derecha de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, aunque inicialmente enfrentaba 17 acusaciones.

En su acuerdo de culpabilidad, Zambada admitió haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024. Durante más de medio siglo estuvo vinculado al narcotráfico y acumuló procesos en 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009. Los cargos por los que asumió responsabilidad pueden derivar en cadena perpetua.

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En un escrito enviado por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York al tribunal que lleva el caso, se hace una relación de la nueva documentación reunida por los abogados del gobierno, en anticipación a la vista programada para la próxima semana en la que el juez preguntará a las partes sobre el avance de las diligencias.

El equipo de fiscales asegura haber recolectado también correos electrónicos y mensajes WhatsApp, aunque no se especifica su naturaleza, además de otros documentos enviados por el gobierno de México, así como por varios bancos como Bank of America, Citibank o Sabadell United Bank y firmas de abogados.

Sin embargo, como es habitual, la Fiscalía solicita al juez que todo el material permanezca embargado y no se haga público.

Hasta el momento, los fiscales han reunido más de un millón de documentos y audios que supuestamente incriminan al exalto funcionario mexicano.

El juez que preside el caso, Brian Cogan, fijó el comienzo del juicio para el próximo 24 de octubre, para dar tiempo a la Fiscalía de continuar sus pesquisas y a la defensa de García Luna para revisar la ingente cantidad de material acumulado.

La próxima semana Cogan convocó a las partes para interrogarles sobre sus avances y así determinar, entre otras cosas, si se mantiene la fecha del comienzo del juicio o si es necesario posponerla.

También sigue pendiente la decisión del juez sobre la petición de la Fiscalía de proteger a los miembros del jurado manteniendo su anonimato, evitando que mantengan contacto con el público durante su estancia en los juzgados y garantizando que sean acompañados diariamente por alguaciles en su viaje a la corte.

La Fiscalía realizó esta solicitud el pasado diciembre por considerar que «el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado».

Según la Fiscalía, «el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cártel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios» y agregó que tiene previsto llamar a testificar a «numerosos testigos» que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para «protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad«.

Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.

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La condena es la misma que pedía la fiscalía para castigar a Reyes. Según los reportes de los presentes en la corte, el juez estimó que se computen los dos años que ya ha estado en una cárcel de Nueva York esperando su proceso judicial en Brooklyn.

Esos mismos reportes apuntan que Reyes Arzate, conocido como La Reina reconoció un soborno -de presuntamente hasta tres millones de dólares- para ayudar a cárteles de narcotráfico como los Beltrán Leyva, en un momento en el que era uno de los puntos de contacto principales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

La defensa hizo hincapié en que, a pesar de las insinuaciones y el desarrollo del proceso judicial, Reyes Arzate no cooperará con otros casos de narcotráfico que puedan estar relacionados con el suyo, aunque esta declaración queda en duda al haber varios documentos judiciales sellados al público y la confirmación del gobierno, desde hace meses, de que hay pruebas en su caso que son exactamente iguales que en el proceso contra García Luna y el que, hace meses, condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en la misma corte.

Reyes Arzate, en octubre del año pasado, se declaró culpable de uno de los delitos que se le imputaban. En su acuerdo de culpabilidad, aceptaba ser el responsable de conspiración para la importación de 450 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

La defensa sólo pedía cinco años de prisión, el mínimo estipulado para el delito del que se declara culpable, para no causar diferencias con sentencias del mismo tipo. El gobierno, sin embargo, defendía que la sentencia de diez años que piden, muy por debajo de las guías federales para el tipo de acusación y agravantes del exlíder de la policía mexicana, que recomiendan condenas de entre 262 y 327 meses de cárcel.

“El gobierno afirma respetuosamente que una sentencia de 10 años de prisión es suficiente pero no mayor de lo necesario en base a los hechos de este caso”, resolvieron los fiscales en su memorando previo a la lectura de condena. En su justificación, el gobierno de EU apuntaba que la “conducta corrupta” de Reyes Arzate amerita una pena de este calibre.

“El acusado cometió este delito únicamente para obtener ganancias financieras a pesar de que disfrutó de una educación estable en México, recibió un título universitario en derecho y fue empleado como oficial de policía de alto rango en un puesto muy delicado. En pocas palabras, el acusado eligió la codicia y la corrupción por encima del bienestar de los ciudadanos de México y los Estados Unidos”, resumía.

Reyes Arzate lleva preso en Estados Unidos desde 2017. Ese año fue condenado a 40 meses de prisión por una corte federal de Illinois, acusado de haber recibido un soborno de 290 mil dólares del cártel Seguimiento 39, asociado al cártel de Sinaloa, para evitar las investigaciones de DEA.

Justo antes de la fecha de su liberación y posterior deportación a México fue otra vez detenido, esta vez con la acusación de narcotráfico de la corte de Nueva York que mañana dictará condena en su contra.

La condena de este miércoles contra Reyes Arzate es un episodio más en el asedio del gobierno estadounidense contra Genaro García Luna, que a mediados de mes tiene una cita con el juzgado para seguir analizando el estado de su caso. De la declaración de culpabilidad de Reyes Arzate se intuye que colabora o colaborará con el gobierno en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, ya que trabajaron en tareas de seguridad nacional en la misma épica.

Los fiscales, de hecho, han dejado explícito que algunas de las pruebas coinciden en ambos casos, y que también concurren con algunas evidencias que aparecieron en el caso contra El Chapo Guzmán.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante la administración de Felipe Calderón, se ha declarado inocente de acusaciones de narcotráfico. La fiscalía del distrito este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cartel de Sinaloa, encabezado por Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.

García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019.

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Entre los cinco cargos que se le imputan están cinco envíos de miles de kilos de cocaína , conspiración relacionados con el envío de la droga mencionada y por mentir a funcionarios de migración de EU.

La próxima audiencia se llevará a cabo el 7 de diciembre, determinó el juez Brian Cogan.

Interrupciones por ruido de periodistas

La audiencia de García Luna fue suspendida temporalmente por el juez después de que periodistas que estaban conectados a la sesión por vía telefónica ignorasen sus llamamientos a silenciar sus aparatos.

El magistrado Brian Cogan rogó repetidamente a todas las personas presentes en la llamada que se callasen o pusiesen sus teléfonos en silencio, pero no tuvo éxito y decidió posponer la audiencia.

Inicialmente Cogan señaló que la sesión se llevaría a cabo en una fecha por determinar, pero al final decidió retomarla aproximadamente media hora más tarde.

La cita judicial en una corte federal de Nueva York se llevaba a cabo por video como consecuencia del coronavirus y se había permitido a la prensa escuchar el proceso a través de un número de teléfono.

Sin embargo, desde el arranque se podía oír de fondo a personas que hablaban en español e incluso el sonido de una radio o televisión, que hacían casi imposible escuchar al juez y al resto de partes.

Cogan pidió durante varios minutos a todos los participantes que guardasen silencio y luego trató de que la Secretaría de la corte silenciase a todos los periodistas, pero sin lograrlo, por lo que decidió poner fin a la audiencia.

Aproximadamente media hora después, el juez decidió retomar la sesión, aparentemente tras haber conseguido que se silenciase a todas las personas no esenciales de la llamada.

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La pandemia de covid-19 ha truncado la posibilidad de reuniones con testigos encarcelados, además de las reuniones de trabajo del juez con García Luna.

DuCharme indicó que el gobierno de Estados Unidos continúa recopilando pruebas contra García Luna entre las que se suma descubrimiento de 80 kilos de cocaína, además de “declaraciones del acusado, registros financieros, registros comerciales, comunicaciones interceptadas y archivos de la policía mexicana”.

El fiscal detalló que se esperan más pruebas del gobierno mexicano “y de varios» en el caso del exfuncionario, acusado por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

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El periódico Reforma, indicó que el movimiento se efectuó en el transcurso de esta semana por parte de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Hacia el 26 de junio, aúns e podía consultar los expedientes a través del sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos.

Asimismo, destaca que en el caso de García Luna se agregó la anotación en latín “et. al” (y todos los demás), lo que indicaría que hay más de un acusado en el mismo proceso.

La acusación original, presentada el 4 de diciembre ante la corte, solo incluía a García Luna, cuya próxima audiencia de estatus del proceso esta agendada para el 30 de julio.

Por complejidad e interrupciones ante la pandemia de coronavirus, la etapa de descubrimiento probatorio (que está en curso), previa al juicio, podría alargarse de uno a dos años más.

En la justicia de la Unión Americana, cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la información de los procesos judiciales, aunque existen excepciones, como en los casos de seguridad nacional o de colaboración por parte de los acusados con la Fiscalía.

Tanto García Luna como Reyes Arzate estaban en negociaciones para una posible declaración voluntaria de culpabilidad a cambio de beneficios.

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En una carta registrada en el juzgado a la que tuvo acceso la agencia Efe, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumenta que la «combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan» y solicita que se le mantenga detenido.

El fiscal señala que García Luna «tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo» porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además «la fuerza de las pruebas del gobierno se ha incrementado» con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía, dice su titular en ese sentido, «ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos«.

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene «recursos poderosos en México«, donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como «funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado«.

El fiscal recuerda que Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta el exfuncionario, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la Justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.

La Fiscalía señala que el exministro mexicano ha dicho tener «dificultades financieras» como para no poder «cruzar la frontera con México conduciendo«, pero el gobierno ha averiguado que en los últimos años «ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares«.

«La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él«, agrega.

El juez Cogan decidió esta mañana en una vista no otorgar la libertad vigilada para el exfuncionario a cambio de la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.

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«Se trata de una victoria del pueblo estadounidense«, dijo a la prensa a la salida de la corte Richard Donoghue, funcionario del departamento estadunidense de Justicia.

Que no era chivo expiatorio; declaran culpable a “El Chapo”

Guzmán lidereó el cartel de Sinaloa, uno de los más peligrosos del mundo y responsable de violencia, asesinatos y tráfico de drogas durante décadas, lo que le enfrenta a una condena de por vida sin posibilidad de preliberación, agregó.

Por su parte, Uttam Dhillon, el administrador encargado de la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), que se trató de un juicio contra «increíbles cantidades de droga y violencia» en México y Estados Unidos.

Este juicio muestra la gran colaboración de las agencias antidrogas de México y Estados Unidos, destacó el funcionario estadunidense.

El Chapo conoció este martes el veredicto emitido por el jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, quienes empezaron sus deliberaciones el lunes cuatro de febrero y este martes anunciaron su veredicto.

En el juicio se aportaron pruebas y testimonios de 57 testigos en 10 cargos en total. Catorce excolaboradores del acusado rindieron testimonio en contra del acusado a la fecha de 61 años de edad y quien ha estado en confinamiento solitario desde su extradición a Estados Unidos hace dos años.

Entre los cargos figuran el de introducir a Estados Unidos más de 150 toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, que le generaron miles de millones de dólares en ganancias, una fortuna de alrededor de 14 mil millones de dólares, de acuerdo con la acusación.

También destaca su iniciativa criminal continua así como conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana, así como uso de armas de fuego y lavado de dinero.

Los 12 miembros del jurado emplearon 36 horas a lo largo de seis días en deliberar, demandaron copias de los testimonios y tras el receso del fin de semana, alcanzaron una decisión.

El narcotraficante mexicano rechazó presentar su propio testimonio y podría enfrentar una pena de cárcel de por vida, aunque queda abierta la posibilidad de una apelación.

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El jurado en el tribunal de Brooklyn trata de llegar a un veredicto sobre 10 cargos, después de escuchar testimonios durante casi tres meses.

Guzmán, de 61 años, podría ser condenado a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable de varios cargos por tráfico de drogas.

Actor que interpreta a «El Chapo» va a verle a su juicio

La defensa acusa a la fiscalía de hacer que sus testigos de cargo conviertan a El Chapo en «chivo expiatorio» de sus propios crímenes.

Guzmán es conocido por escapar de la cárcel dos veces en México. Para cerrar los argumentos, la fiscal Andrea Goldbarg dijo que estaba planeando otra fuga cuando fue enviado en 2017 a Estados Unidos, donde ha estado en régimen de aislamiento desde entonces.

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Los jurados acudieron a la sala del tribunal de Brooklyn, Nueva York, para decidir si el hombre conocido como el líder del Cártel de Sinaloa debe ser declarado culpable de narcotráfico. Las deliberaciones se reanudarán el miércoles por la mañana.

Guzmán, de 61 años, es acusado de dirigir un imperio de tráfico de drogas que transportó cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos a lo largo de dos décadas.

El jurado escuchó los testimonios escalofriantes de 14 informantes que relataron cómo Guzmán empleaba la violencia contra sus adversarios. La defensa alega que estos testigos solo intentan usar a Guzmán como chivo expiatorio de sus propios crímenes.

El Chapo se encuentra en confinamiento solitario desde que fue traído a Estados Unidos en 2017. De ser declarado culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Después de casi tres meses de testimonios sobre una vasta conspiración de narcotraficantes impregnada de violencia, el jurado comenzó ayer las deliberaciones en el juicio al Chapo Guzmán.

La defensa afirma que el papel del capo mexicano ha sido exagerado por testigos colaboradores de la defensa que buscan indulgencia en sus propios casos.

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