Actualmente, dicha legislación de carácter federal solo contempla la sanción de 7 delitos; sin embargo, la Ley RICO (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, abarca hasta 35 de ellos.

“Nuestra legislación está maniatada y se ha quedado corta para combatir eficazmente a la delincuencia organizada, por lo que no es de sorprender que estos grupos sigan ampliando sus redes criminales”, destacó.

La legislación actual contempla terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años de edad, trata de personas y secuestro, pero deja fuera el peculado y el lavado de dinero, entre otros delitos.

Así, vemos videos de exfuncionarios públicos recibiendo sobornos con total impunidad y sin mayores consecuencias y, por otro lado, presenciamos el fortalecimiento del crimen a través del blanqueamiento de fondos, siendo su principal fuente de financiamiento.

Por eso, enfatizó Desfassiaux, lo importante será que primero se amplíe el marco legal para que los fiscales se enfoquen en buscar los puntos débiles que permitan acabar primero con las cabecillas de todos estos grupos, como en el caso de El Mencho que tanto daño hace al país; tal y como sucedió con la Cosa Nostra y la Familia Genovese en Estados Unidos a finales del siglo pasado, donde se consiguieron condenas de hasta 100 años de prisión para las líderes de estos grupos delictivos. Eventualmente estos capos en México serán capturados y ¿qué sucederá entonces?, se preguntó.

Actualmente estas organizaciones criminales, con el fin de aumentar su poder, involucran hasta sindicatos y empresas formales. De acuerdo con la fundación internacional Insight Crime se estima que anualmente los carteles mexicanos introducen al país entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, como parte de sus actividades ilícitas y que después son ocupados mediante prestanombres, fideicomisos, consultorías, fondos de inversión y empresas fachada que permiten el lavado de dinero para financiar a las células criminales, pues la corrupción y este tipo de prácticas se han convertido en un esquema transexenal bajo el amparo de la impunidad.

La Ley RICO es un buen ejemplo, comentó el también presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, sin embargo, existen otros casos de éxito en países como Italia que cuenta con la Rognoni-La Torre, una legislación que les ha permitido neutralizar las acciones del crimen mediante confiscaciones a capos, parientes de los mismos, parejas y socios. No como lamentablemente sucede en México, donde familiares de los capos, como por ejemplo Emma Coronel, siguen disfrutando del legado económico que les dejó la delincuencia organizada y se han vuelto hasta figuras públicas “con gran aceptación” en las redes sociales.

Según estimados económicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la corrupción impacta hasta en el 10% del PIB en México.

“Es por ello que debemos ejercer tolerancia cero contra el crimen en todos los niveles, ampliar las facultades de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para brindarle a la ciudadanía un verdadero Estado de Derecho en la impartición y procuración de justicia, pues el costo social y económico para el país, derivado de la corrupción y el crimen, ya es insostenible”, finalizó Desfassiaux.

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Los legisladores iniciaron la discusión de los artículos reservados, entre los que destaca la tipificación de dicho acto ilícito como delincuencia organizada.

Además de las bancadas del PAN, PRI y PRD, los legisladores morenistas Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Martha Patricia Ramírez, Javier Castañeda y Ulises Murguía votaron contra el dictamen.

De acuerdo con el dictamen, la expedición, venta, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones con facturas falsas se sancionará con una pena de entre dos y nueve años de prisión, cuando el monto defraudado supere los 7 mil 800 pesos.

Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, así como a los códigos Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, prevén el endurecimiento de las acciones contra las más de 9 mil empresas “fantasma” dedicadas a expedir y enajenar facturas falsas y cuyo desfalco al erario supera los 250 mil millones de pesos cada año.

Al comienzo de la discusión, la mayoría parlamentaria del Partido Morena y sus aliados desecharon las mociones suspensivas presentadas por las bancadas del PAN y del PRD para frenar el debate y devolver el proyecto a comisiones, con el argumento de que las reformas representan en los hechos acciones de “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes.

El legislador priista Enrique Ochoa señaló que la reforma atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y el Estado de derecho, por lo que llamó a rectificar.

“Si no lo hacen, van con el terrorismo fiscal a matar la gallina de los huevos de oro, van a afectar el crecimiento económico, van a afectar la inversión, van a afectar la recaudación y van a lastimar al país”, advirtió.

Por su parte, el panista Marco Antonio Adame consideró que atentan contra la justicia tributaria y el espíritu constitucional.

“Este paquete de reformas es innecesario, inapropiado y desproporcional, una verdadera amenaza para los contribuyentes porque, tal como está planteado, no distingue entre contribuyentes y delincuentes y eso es muy grave cuando se trata de definir una política pública que busque combatir delitos y generar condiciones de confianza, de transparencia y de legalidad para el pago de las contribuciones y de los impuestos”, dijo.

Por Partido Morena, Dolores Padierna justificó que los llamados “factureros” son delincuentes peligrosos amparados por anteriores gobiernos y normas “light”.

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