El reporte oficial señala que la cifra representa un incremento del 122.5% respecto a 2024, cuando se neutralizaron 739 explosivos, principalmente en la región de Tierra Caliente. En total, el equipo antibombas suma 2,389 artefactos asegurados desde su inicio de operaciones, sin contar los decomisos realizados por Ejército, Guardia Nacional y Marina.

El agrupamiento realiza labores de rastreo en Tierra Caliente y Sierra Costa, regiones donde se concentran disputas entre cárteles como el CJNG, Los Viagras, Templarios, Blancos de Troya, Tepalcatepec y Cárteles Unidos. Los explosivos, en su mayoría artesanales, son empleados para intimidar rivales y controlar actividades ilícitas como tráfico de drogas, extorsión y secuestro.

De acuerdo con el capitán retirado Carlos Roberto Gómez Ruiz, jefe del agrupamiento, 97% de los explosivos asegurados son improvisados y el 3% restante corresponde a convencionales provenientes de otros países. Entre los hallazgos destaca un artefacto de seis kilogramos localizado en Buenavista Tomatlán, municipio colindante con Jalisco.

El uso de explosivos artesanales ha provocado más de diez muertes en municipios de Tierra Caliente y Sierra Costa. El caso más reciente ocurrió en Coahuayana, donde un coche bomba frente a la base de la Policía Comunitaria dejó cinco fallecidos y cinco lesionados. La Fiscalía estatal atribuyó el ataque al CJNG, mientras que la FGR atrajo la investigación.

En enero de 2025, un niño cortador de limón y un jornalero murieron tras la explosión de una mina artesanal en Santa Ana Amatlán, Buenavista Tomatlán. Meses después, seis militares fallecieron en El Santuario, municipio de Los Reyes, al pisar un artefacto similar. Estos hechos reflejan el impacto directo de la violencia en comunidades rurales y en las fuerzas de seguridad.

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Durante una reunión con autoridades locales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán las labores de inteligencia y vigilancia en el estado. El funcionario aseguró que las investigaciones sobre el homicidio continúan y que el caso “no quedará impune”.

Bernardo Bravo era reconocido por encabezar manifestaciones contra las extorsiones del crimen organizado hacia productores de limón en Michoacán. En diversas ocasiones denunció que él y sus compañeros estaban sometidos a cuotas impuestas por grupos delictivos, lo que afectaba directamente la producción y comercialización del cítrico.

En la reunión participaron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, representantes del sector limonero, así como autoridades de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales. Se acordó fortalecer la coordinación interinstitucional para reducir los actos ilícitos que afectan a la región citrícola.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier actividad delictiva a través del número 089, una línea anónima y segura que protege la identidad de quienes aporten información útil para las investigaciones.

Michoacán es el principal productor de limón mexicano, con una cosecha anual cercana a las 700 mil toneladas en más de 67 mil hectáreas, trabajadas por alrededor de 3 mil 500 productores. Esta relevancia económica convierte al sector en un objetivo constante de extorsiones por parte de grupos criminales como Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.

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Las zonas afectadas se concentran en los municipios de Apatzingán y Buenavista, donde existe presencia de grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel Michoacán Nueva Generación. Autoridades estatales y federales ya coordinan acciones para atender la situación y evitar un impacto mayor en el precio del limón.

Preocupación entre productores locales

Los propios limoneros han señalado que deberán absorber el incremento, lo que pone en riesgo su actividad. “Ya pagaremos el doble porque los cabecillas de Los Viagras pidieron más. Si no lo damos, ya sabemos qué nos va a pasar”, expresó uno de los productores afectados.

Otro empresario del sector explicó que los márgenes de ganancia se han vuelto insostenibles: “Pagamos 2 pesos por kilo al cortador, uno más al flete, y ahora 4 pesos a los grupos delictivos… ya ni recuperamos los gastos de producción.”

Impacto económico en la cadena productiva

Los productores detallan que, con estos nuevos cobros, la ganancia por kilo podría reducirse a menos de un peso, considerando también los costos de siembra, fertilizantes, transporte y mano de obra. Esta situación genera incertidumbre y temor de una posible paralización en el corte y comercialización del limón.

Además, señalan que no solo se ven afectados los productores, sino también trabajadores agrícolas, empacadores y transportistas, quienes dependen directamente del cultivo de limón en la región.

Acciones del gobierno ante las extorsiones

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se ha iniciado coordinación con el Gobierno federal para contener las extorsiones en el sector limonero. Se busca, además, evitar que esta situación provoque un aumento en el precio comercial del limón a nivel nacional.

Las autoridades no han detallado qué acciones específicas se implementarán, pero aseguraron que se reforzará la vigilancia en las zonas afectadas para proteger a los productores y estabilizar la economía regional.

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Las recompensas se emitieron a través del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), impulsado por la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Esta medida se enmarca en los esfuerzos de Estados Unidos por frenar el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia su territorio.

Líderes buscados y montos ofrecidos

Entre los más buscados están Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, por quien se ofrece hasta 10 millones de dólares. También figuran Nicolás Sierra Santana “El Gordo” y Alfonso Fernández Magallón “El Poncho”, con recompensas de 5 millones cada uno. Finalmente, se ofrecen 3 millones de dólares por Luis Enrique Barragán Chávez “Wicho” y Édgar Orozco Cabadas “El Kamoni”.

Según el Departamento de Estado, Cárteles Unidos controla parte del estado de Michoacán y participa activamente en la producción a gran escala de metanfetaminas y fentanilo, además del tráfico de cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos. En febrero de este año, esta organización fue designada como Organización Terrorista Extranjera.

Cárteles como amenaza transnacional

Funcionarios estadounidenses advirtieron sobre el impacto global del crimen organizado. “Estos casos son un recordatorio del daño que los cárteles pueden causar incluso en comunidades locales de Estados Unidos”, señaló Matthew Galeotti, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia. También se subrayó que los grupos mexicanos son piezas clave en la cadena de distribución de drogas ilícitas que terminan en las calles estadounidenses.

Sanciones económicas y bloqueo de activos

Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), impuso sanciones económicas a cuatro miembros de Cárteles Unidos y tres de Los Viagras. Esto incluye el bloqueo de activos y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses.

Los sancionados de Cárteles Unidos son: “El Abuelo”, “Wicho”, “Poncho” y “El Kamoni”. En cuanto a Los Viagras, las sanciones alcanzan a Nicolás Sierra Santana “El Gordo”, fundador del grupo; Heladio Cisneros Flores “La Sirena”, y César Sepúlveda Arellano “El Botox”.

Extorsión en el campo mexicano

El reporte oficial también detalla que Los Viagras, en alianza reciente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han sido responsables de actividades delictivas en zonas agrícolas. Estos grupos han extorsionado a productores de aguacate y cítricos, así como a ganaderos y comunidades rurales para financiar sus operaciones criminales. También se les vincula con secuestros y ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas.

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El gobierno de Michoacán informó que este nuevo operativo está dirigido contra las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM), esta última con su brazo armado de Los Viagras.

En la ofensiva participan mil agentes de la Policía Estatal, quienes operarán 120 patrullas, entre vehículos todo terreno, camiones, ambulancias y unidades con blindaje y artillería.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal reveló en un reporte que los policías tienen como objetivo «reestablecer la circulación en el tramo carretero que une los municipios de Aguililla con Buenavista Tomatlán y Apatzingán«, donde los sicarios mantienen socavones y barricadas para evitar el paso de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad para Aguililla.

El jueves, pobladores del municipio destruyeron un helipuerto militar como una medida de presión para que se combata a los cárteles de la droga que operan en la región.

El helipuerto estaba habilitado en la parte alta de una montaña, contigua al cuartel del 51 Batallón de Infantería, donde los soldados recibían víveres, armas y municiones de la 43 Zona Militar a la que pertenecen, ubicada a 90 kilómetros de ahí, en el municipio de Apatzingán.

Los inconformes utilizaron dos máquinas retroexcavadoras para realizar zanjas en la montaña, ante la mirada atónita de los militares resguardados en el cuartel.

La semana pasada pobladores atacaron el cuartel militar arrojando piedras, palos y explosivos caseros para exigir a los militares que salieran de su cuartel para enfrentar a ambos cárteles de la droga, por lo que el Ejército repelió la agresión con gases lacrimógenos, bombas de humo y proyectiles antimotines.

Los cruentos enfrentamientos entre el CJNG y LNFM, con balas, granadas y explosivos detonados con drones, han provocado desde diciembre de 2020 una grave crisis humanitaria en Aguililla, lo que ha provocado un éxodo de habitantes.

El viernes, un grupo de mexicanos, originarios de Michoacán, protestó en el Consulado mexicano en San José, California, en Estados Unidos, para exigir al presidente Andrés López atender la crisis de violencia en Aguililla.

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Según reportes de los propios habitantes que reportaron el hallazgo, se trata de seis hombres y una mujer; cuatro de las víctimas fueron asesinadas a tiros y tres más desmembradas.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los cadáveres.

El Universal apuntó que el lugar del hallazgo está ubicado en la franja de municipios de Michoacán cercanos al estado de Jalisco.

En esa región se disputan el control del territorio Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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La unidad era utilizada por el grupo criminal de Los Viagras, que opera en la zona de Tierra Caliente.

Los Viagras han sido uno de los grupos criminales que se han decidido a crear sus propios vehículos de combate para enfrentarse a autoridades o a grupos rivales.

En enero pasado, El Financiero reportó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron en el municipio de Aguililla otro narcotanque, el cual era llamado El Monstruo, el cual fue usado, entre otras ocasiones, para apoyar a Juan José Farías, alias El Abuelo, para evitar que el Cártel Jalisco Nueva Generación ingresara a Tepalcatepec el 30 de agosto de 2019.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que el hallazgo de los cadáveres ocurrió a las 8 horas en el poblado de El Terrero Prieto, en el municipio de San Lucas.

Los 12 cuerpos estaban apilados en la batea de una camioneta Nissan NP-300, con reporte de robo del 13 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México.

Las víctimas, detalló la FGE, presentaban severas huellas de tortura e impactos de bala.

Varios de los cuerpos estaban desnudos y otros vestían algunas prendas como ropa interior o pantalón, ahondó la dependencia.

La FGE trasladó los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo), por lo que aún están en espera de ser identificados y reclamados por sus familiares.

Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía apunta a una venganza entre cárteles de la droga, que se disputan el control de operaciones ilícitas en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

México reportó en marzo 3 mil asesinatos y en abril 2 mil 950, los dos meses más violentos de la presidencia de Andrés López.

Aunque los delitos relacionados con el narcotráfico han caído más del 24 por ciento en el primer cuatrimestre del año, especialistas de seguridad atribuyen los homicidios a que los cárteles aprovechan la pandemia de covid-19 para disputarse los territorios.

El gobierno de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles, ha identificado en esa zona la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Este último opera con su brazo de sicarios autodenominado como Los Viagras.

Apenas el 14 de febrero pasado, ocho hombres fueron torturados y asesinados a balazos en el interior del rancho Los García, en el municipio de Huetamo, colindante con San Lucas, finca donde se encontraron armas y vestimentas con las siglas del CJNG.

Entre las ocho víctimas, autoridades identificaron a dos jóvenes de origen guatemalteco que habrían ingresado de forma ilegal a México, donde fueron reclutados por el crimen organizado.

En lo que va del 2020, autoridades de Michoacán han descubierto al menos una decena de “narcocampamentos” en montañas de los municipios de San Lucas, Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro, que conforman la región de Tierra Caliente colindante con Estado de México y Guerrero.

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El fiscal general del estado, Adrián López Solís, informó que el cementerio clandestino fue encontrado en una finca de 400 metros cuadrados, en el poblado de Comanja, perteneciente al municipio de Coeneo.

La fosa, dijo el funcionario, fue ubicada tras la captura de nueve presuntos sicarios, entre ellos tres mujeres, que el viernes 14 de febrero se enfrentaron a balazos con la Guardia Nacional, en la colonia Vista Bella, en el municipio de Pátzcuaro, distante a unos 80 kilómetros de Coeneo.

La Unidad Especializada en la Escena de Crimen (UEEC), dependiente de la Fiscalía, reveló que los cadáveres corresponden a 19 hombres y 4 mujeres, con edades que oscilarían entre los 20 y 40 años de edad y quienes fueron degollados, decapitados o desmembrados.

El Servicio Médico Forense (Semefo), descubrió que las víctimas fueron asesinadas en los últimos seis meses, pero los cuerpos aún son sometidos a pruebas de química, genética, odontología y antropología forense, para determinar sus identidades.

En primeros 50 días de 2020, autoridades de Michoacán han descubierto seis fosas clandestinas, en diversos municipios, con 34 cadáveres.

El 14 de febrero fueron asesinados 8 presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes al parecer fueron sorprendidos por Los Viagras en un rancho del municipio de Huetamo, ubicado en los límites de Michoacán con el estado de Jalisco.

En tanto, el 3 de febrero, un comando de hombres armados del CJNG atacó un establecimiento de máquinas tragamonedas en el municipio de Uruapan, asesinando a nueve hombres, entre ellos cuatro niños.

El 2 de febrero, la FGE descubrió una fosa clandestina con los cadáveres de 11 personas, en una finca del poblado de Zumpimito, también en Uruapan.

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En entrevista radiofónica con un medio nacional, el funcionario destacó que mantiene el trabajo coordinado y permanente con el gobierno federal para fortalecer las tareas de seguridad en la región.

Dijo que se había tomado conocimiento de eventos diferentes en el municipio de Uruapan, donde fueron localizados 20 cadáveres, aunque indicó que el hallazgo de un cuerpo fue un caso aislado y no tenía relación con los otros 19 asesinatos.

Por otro lado, Israel Patrón señaló que se cuenta con un despliegue de 380 elementos de la Policía Municipal y 150 de la Policía de Michoacán en la zona, además de que hoy se enviaron 100 efectivos de apoyo, además de que reconoció que solicitaron ayuda de la Guardia Nacional.

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