Las policías Militar, Naval y Federal, así como por nuevos elementos de próximo reclutamiento, conformarán la Guardia Nacional, pero con un mando civil, tanto administrativo como operativo, obligado a coordinarse con los jefes militares y navales, en función de las necesidades operativas del nuevo cuerpo de seguridad.

Los militares sólo estarán en auxilio de seguridad durante un máximo de cinco años, amén de que el bloque opositor integrado por el PAN, PRI, MC y PRD aceptaron que los delitos cometidos por elementos de la Guardia serán juzgados por tribunales militares en caso de que se trate de marinos o soldados, pero si son elementos de policía federal serán sometidos a sanciones de carácter civil.

Después de 12 horas de negociación, en la que además de integrantes de la Consejería Jurídica y la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se incorporaron por unos momentos representantes del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México.

El acuerdo más importante de la sesión fue que el mando de las corporaciones de seguridad pública tiene que ser forzosamente civil; que se tiene que profesionalizar a los cuerpos policiacos; una Ley para el uso legítimo de la fuerza y la existencia de un Registro Nacional de Detenidos, para evitar su desaparición.

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Los exagentes, conocidos como “los Fieles de la Fuerza Civil” no sólo torturaban y violaban a los “sospechosos” que detenían y desaparecieron, sino que contactaban a sus familiares para atacarlos sexualmente.

Lo anterior se refleja en el caso de José Ulises Martínez Fernández, policía desaparecido el 30 de abril de 2013, cuyo bebé de 10 meses fue torturado y su esposa violada.

La mujer fue citada en un Oxxo de la calle 20 de Noviembre en Xalapa desde el celular del desaparecido, lugar al que tuvo que asistir con su bebé y donde fue intervenida, llevada a unos cañales y atacada sexualmente; mientras que al menor le aplicaron toques eléctricos.

Asimismo, un expolicía declaró –en calidad de testigo protegido– sobre el caso de Héctor Campos Cervantes y Cecilia de la Cruz Luján, de 16 y 17 años respectivamente, quienes fueron intervenidos en junio de 2013 frente a la gasolinera de Jilotepec.

Cruz Luján llevaba droga en su mochila, y mientras eran trasladados a la unidad habitacional “casas Homex”, uno de los cuatro puntos donde interrogaban y abusaban de las víctimas, el excomandante Trujillo Rivera “interrogó a los dos y dijeron ser de Los Zetas”. A la mujer “la metieron a la patrulla, misma a la que le pusieron impermeable encima e iban ingresando de uno en uno varios de mis compañeros para abusar sexualmente de ella como hacían con algunas de las mujeres detenidas, y Trujillo con algunos hombres, como travestis de Lázaro Cárdenas, a quienes los interrogaba y los violaba. Después los entregaron a Los Fieles”, reveló el testigo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz señaló que los delitos de exagentes de la Secretaría de Seguridad Pública se realizaron bajo total impunidad y con aprobación de autoridades de alto rango de la administración de Duarte de Ochoa.

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