Las acciones penales en su contra, asegura, «ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON«.

Gómez Mont y su esposo están acusados de presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos que acumulan una cantidad de 3 mil millones de pesos y estar relacionada con el narcotráfico.

«Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto«, denunció.

Gómez Mont destacó que hay tres «puntos» que han sido reportados en la prensa.

El primero, dijo, «que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra«.

El segundo, que el 10 de septiembre de 2021, «autoridades (desconozco cuáles) le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha«, pero afirmó que las autoridades están más interesadas en que ella y su marido sean juzgados por la «opinión pública«.

En el tercer punto que denunció, Inés Gómez Mont aseguró que el Juez Zeferín Hernández, «quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad«.

«Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada«, afirmó la conductora.

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“Ricardo va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de Defensa de los Contribuyentes”, anunció el presidente en una rueda de prensa en Mérida, Yucatán, tras reiniciar este lunes sus giras por el país paralizadas desde abril por la pandemia.

López informó que el lugar de Ricardo Rodríguez lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas, quien ha sido diputado, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

“En efecto se está llevando a cabo este cambio”, subrayó López.

La primera subasta de este año del Indep fue en marzo, se ofertaron 25 bienes incautados al crimen organizado y se recaudaron 53 millones de pesos.

Entre los bienes que salieron a remate hubo fincas, aeronaves, motocicletas, vehículos deportivos y joyas.

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Al informar al respecto, la Prodecon destacó la importancia de trabajar con las nuevas generaciones en una cultura contributiva que lleve a abatir la informalidad económica y a tomar conciencia de la obligación de todos los mexicanos con actividades económicamente productivas, de contribuir.

Cabe recordar que de acuerdo a organismos como “México, ¿cómo vamos?”, la informalidad alcanza, en Hidalgo, el 72 por ciento, con un 69 por ciento promedio en el país.

El cortometraje muestra a una niña que despierta sobresaltada en una habitación extraña: Es la recámara presidencial. Ella preside un país que está en plena decadencia, entonces llama a sus amigos y juntos tratarán de rescatar una forma de vivir dignamente al contar con la contribución de todos.

Desde hace dos años la trabaja en proyectos enfocados a los niños y las niñas, a través de Prodecon Peques.El cortometraje será llevado a escuelas públicas y privadas en todo el país, y mientras puede ser visto en la página oficial de esta procuraduría.

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En un comunicado oficial en donde se omiten datos del contribuyente afectado, por razones legales, la Prodecon informó que con la intervención de esta procuraduría, el SAT reconoció y declaró la prescripción de dos créditos fiscales a cargo de un contribuyente, que estaban a punto de hacerse efectivos mediante embargo de bienes.

Los cargos, de acuerdo al SAT, eran por concepto de multas impuestas en el año 2009, por el incumplimiento en la obligación de presentar declaraciones mensuales.

“La autoridad fiscal pretendía llevar a cabo el cobro de los citados créditos fiscales, mediante el embargo de bienes, aun cuando ya había transcurrido el plazo de cinco años que contempla el Código Fiscal de la Federación para que se configure la prescripción”.

El argumento presentado por el SAT fue que se habían llevado gestiones de cobro que interrumpieron dicho plazo.

Sin embargo el SAT no pudo comprobar la existencia de dichas gestiones de cobro, por lo que se logró la cancelación de los adeudos señalados, se informó.

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De esta cifra, 13 mil 187 contribuyentes fueron atendidos en las oficinas centrales, lo que muestra, nada más en la capital del país, un crecimiento de 68 por ciento frente al mismo periodo de 2016.

Los temas relevantes atendidos por Prodecon se relacionan con cartas de regularización por depósitos en efectivo, cancelación de certificado de sello digital, embargos y remates de bienes de contribuyentes, asesoría sobre obligaciones fiscales y negativas de devolución de impuestos.

La Procuraduría aprovechó para recordar que es un organismo que atiende a los usuarios por múltiples canales, lo que ha permitido aumentar su capacidad de atención con un bajo número de servidores públicos, con 600 trabajadores en 34 oficinas.

Así los contribuyentes pueden solicitar una asesoría o una queja de manera presencial, en forma telefónica, por escrito, por correo electrónico e incluso a través de una nueva modalidad como es el chat en línea, el cual desde que inició, en octubre de 2016, ha tenido una gran demanda.

Finalmente Prodecon informó la distribución de las atenciones brindadas: De 54 mil 909 atenciones, se tiene un registro de 39 mil 851 Asesorías; 3 mil 749 demandas de Representación Legal; 8 mil 083 Quejas; así como 655 Acuerdos Conclusivos y 2 mil 571 Orientaciones.

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En un comunicado oficial, la procuraduría dio a conocer que las quejas contra el Infonavit que recibe suelen versar en el cobro de aportaciones que ya fueron anuladas en tribunales o ya caducaron las facultades para su cobro.

Otras más obedecen a inexactitudes de fechas, periodos e incluso nombres de los trabajadores afiliados, lo que ocasiona graves molestias y afectaciones a los patrones.
En este sentido, el ombudsman fiscal destacó que a últimas fechas se ha disparado el número de quejas en contra de cobros que el Infonavit pretende hacer respecto de créditos ya aclarados, o bien que los patrones contribuyentes ya incluso ganaron juicios en contra de los créditos respectivos.

Esto ha llevado a la Prodecon a notificar una Recomendación Pública al Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Metropolitana del Valle de México del instituto, para que cumpla con una sentencia y cancele los créditos que ya fueron declarados nulos, pero siguen apareciendo vigentes dentro de sus sistemas informáticos.

Preocupa a la Prodecón que hasta para cumplir con una sentencia firme, los contribuyentes tengan que acudir a la Queja.

La procuraduría recordó que un patrón como contribuyente del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, puede recibir por parte del Infonavit dos tipos de cobros: El cobro de la aportación del 5 por ciento sobre el salario de sus trabajadores, y el entero de amortizaciones correspondientes a descuentos hechos a sus trabajadores por el pago de sus créditos personales de vivienda.

Sin embargo en ambos casos, la Prodecon está recibiendo quejas que como factor común tienen que los patrones se ven imposibilitados de hacer la aclaración ante el Instituto, requiriendo acudir a la procuraduría.

Otras de las inconformidades recurrentes son por la inmovilización de cuentas bancarias y actos de cobro, así como devoluciones que el Instituto tarda mucho en resolver, en gran medida por la falta de actualización o falla de sus sistemas.

La Prodecon se dijo confiada en que el Infonavit tome nota de lo denunciado y cumpla con la norma legal, además de implementar las mejores prácticas administrativas en beneficio de los contribuyentes.

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“Con la firma de este convenio se ayudará enormemente a la defensa de los contribuyentes capitalinos. Damos con esto, cumplimiento a uno de los compromisos que tenemos con la sociedad de Tuxtla Gutiérrez, que es velar por sus intereses buscando alianzas inteligentes y que sean útiles y efectivas para todo el pueblo”.

Castellanos Cal y Mayor, agradeció el apoyo del delegado Felipe Herrera Hernández, por sumarse a la tarea de defender los intereses y derechos de los contribuyentes tuxtlecos y chiapanecos.

“Lo que queremos para las micros y pequeñas empresas, para los emprendedores y para toda la ciudadanía, es que se les dote de las herramientas y la información en materia de contribución y que a la vez tenga una defensa real ante cualquier abuso o error a la hora de pagar impuestos”.

Por su parte, Felipe Herrera Hernández, delegado en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, agradeció el interés del presidente municipal, por encargarse de brindar certeza a los emprendedores para fortalecerlos.

Con esto, Tuxtla Gutiérrez se convierte en la primera ciudad del estado en signar un convenio con la Delegación Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
A este evento asistieron como testigos del convenio, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Secretaria General del Ayuntamiento; Guadalupe Rodríguez Ozuna, Sindica Municipal; Romeo Pedrero Miranda, Secretario de Economía Municipal; entre otros funcionarios municipales.

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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugirió a los causantes que sean sujetos de revisiones electrónicas y estén en desacuerdo con la resolución provisional en torno a incumplimiento de sus obligaciones fiscales soliciten un Acuerdo Conclusivoelectrónicamente a través de su buzón tributario.

La Prodecon informó que se suscribió en México el primer Acuerdo Conclusivo producto de las nuevas revisiones electrónicas que se practican desde finales del año pasado por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de un comunicado, el Ombudsman fiscal informó que en cuanto el contribuyente recibió en su buzón tributario la resolución provisional de adeudos, interpuso a través del propio buzón la solicitud de Acuerdo Conclusivo con lo que de inmediato se suspendió la auditoría electrónica.

Desde septiembre pasado, el SAT inició en el país revisiones electrónicas que constituyen una nueva modalidad a través de la cual lleva a cabo procedimientos de fiscalización por medios electrónicos e interactúan con el contribuyente a través de estos medios.

Prodecon destacó que el 22 de noviembre pasado, una persona moral recibió en suBuzón Tributario una determinación provisional de adeudo por 796 mil pesos, por diferencias en el pago de impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014.

La Procuraduría inició el procedimiento de mediación respectivo, el que resultó satisfactorio tanto para la autoridad como para el pagador de impuestos, ya que la autoridad recibió el pago del adeudo que legalmente le correspondía y el contribuyente obtuvo, de acuerdo con lo previsto por la ley, una condonación de multas en cantidad de 159 mil pesos.

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