La estrategia incluye nuevas disposiciones administrativas derivadas de reformas al sector energético, las cuales permiten una trazabilidad completa del combustible desde su importación hasta su distribución. Esta medida no era posible anteriormente debido a la dispersión institucional del control energético.

Coordinación binacional: vigilancia y control

Sheinbaum explicó que existe un trabajo conjunto con EE. UU. para identificar casos de crudo refinado en el extranjero que entra a México de forma ilegal. Esto incluye tanto petróleo mexicano exportado que regresa como gasolina no autorizada, como petróleo extranjero que se introduce sin los permisos correspondientes.

Trazabilidad del combustible: una prioridad

Gracias a las reformas recientes, ahora es posible seguir el rastro del combustible importado. Esto aplica tanto para Petróleos Mexicanos (Pemex) como para empresas privadas. Esto mejora la vigilancia y reduce la posibilidad de desvíos en la cadena de distribución.

Mesa interinstitucional y vigilancia militar

Se ha formado una mesa de trabajo semanal para atender irregularidades de inmediato. Participan la Secretaría de Energía, Pemex, la Profeco, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, entre otras. Además, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas intensifican los controles. El objetivo es evitar la emisión de permisos irregulares.

Acciones penales e inteligencia contra el huachicol

Las labores de inteligencia y seguridad están a cargo de cuatro instituciones: la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General. Estas dependencias trabajan de forma coordinada para frenar el tráfico ilegal de combustibles. Entre sus acciones recientes están la inhabilitación de buques, el cierre de almacenes clandestinos y el combate al robo directo en ductos.

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Estas metas, anunciadas por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; tienen como objetivo principal fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y garantizar la soberanía energética del país. La estrategia se centra en seis ejes: exploración, producción sustentable, refinación, petroquímicos, logística eficiente y generación de energía limpia.

Objetivos para lograr la soberanía energética

Una de las metas clave del plan es lograr la soberanía de Pemex, entendida como la capacidad del país para tomar decisiones autónomas en el sector energético. El presidente López Obrador ha enfatizado que Pemex debe estar al servicio del pueblo mexicano y ser completamente soberano en sus operaciones.

Compromiso con el precio de la gasolina

Una de las promesas del Gobierno federal es evitar los «gasolinazos», asegurando que el precio de la gasolina no superará los 24 pesos por litro. Para garantizar esto, se están llevando a cabo acuerdos con gasolineros y se prioriza la producción interna de gasolina, diésel y turbosina.

Inversión y revisión de contratos con la iniciativa privada

Para alcanzar las metas de producción de petróleo y gas natural, se planea una inversión significativa; de 238 mil millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno también revisará los contratos con la iniciativa privada; para asegurar que las empresas privadas solo participen en actividades; cuando sea estrictamente necesario, como en casos de exploración en aguas profundas.

Revisión de contratos y la reforma de Pemex

La secretaria de Energía explicó que, con la nueva política energética, no se entregarán más áreas petroleras al sector privado. Los contratos establecidos en las rondas petroleras de 2013 continuarán, pero se hará una revisión con las empresas para obtener mayores beneficios para el país. Además, el Gobierno reducirá el número de filiales de Pemex para hacerla más eficiente y fortalecer su autonomía.

El plan presentado por el Gobierno de Sheinbaum tiene como objetivo; asegurar la autosuficiencia energética del país; mejorar la eficiencia de Pemex y garantizar precios estables para los consumidores. Con una fuerte inversión; y una revisión de los contratos con la iniciativa privada; se busca optimizar los recursos del país y reducir la deuda de Pemex, en línea con los objetivos de soberanía nacional.

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Cuestionado sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario reveló que él ordenó que se investigará sobre los posibles daños al erario federal causados por el «acuerdo» con Odebrecht y la compra de la planta de Agronitrogenados a AHMSA, lo que provocó la cancelación del acuerdo que habían alcanzado Pemex y el priista.

“Yo creo que lo estaban considerando como daño era lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya (como soborno), por eso se hablaba de 10 millones de dólares. Pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera”, mencionó AMLO.

“Eso por un lado y lo segundo es que informe sobre cómo se utilizó el dinero. Porque en su declaración y por eso se le dio el carácter de testigo protegido, dijo que el dinero que salió de Odebrecht se le entregó a legisladores del PAN para que aprobaran la Reforma Energética. Él tiene que probar eso y la Fiscalía tiene que actuar”, sentenció.

Sobre la cantidad que se le estaría solicitando a Lozoya Austin como reparación del daño, López dijo que aún no se determina un monto exacto, pues primero se tiene que hacer una auditoria sobre el posible daño patrimonial.

“Son las dos cosas: la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética”, exigió.

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«Agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación«, insistió.

Durante su matutina en Tlaxcala, el mandatario comentó que el representante del gobierno de Joseph Biden tiene razón al considerar que se deben realizar cambios al marco legal vigente, pues se vive en un mundo cambiante.

«A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos y de aquí también no les va a gustar, pero ¡muy bien, Ken! Es un hombre con juicio práctico, con sentido común«, dijo.

López explicó que en gobiernos anteriores se vivían otras condiciones y se tenían otros objetivos, como el de desaparecer el servicio público para la población, «lo que se conoce coloquialmente como privatización«.

Con esta estrategia, dijo, se buscaba que todo el mercado quedara en manos de la iniciativa privada sin importar que el Estado incumpliera con su función social.

López defendió la reforma propuesta al asegurar que es en beneficio para todos los mexicanos, pues, de continuar con la política de eliminar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto ricos y pobres iban a salir perjudicados.

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Tomando en consideración que se trata de un legajo de mil hojas, los abogados de Anaya argumentaron que a efecto de llevar a cabo una adecuada defensa, a la que el excandidato tiene derecho, requieren más tiempo para estudiar los documentos.

Fuentes federales confirmaron que la FGR accedió a la solicitud de Anaya, por lo que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia difirió la diligencia y ordenó retomarla el próximo 8 de noviembre a las 9 horas.

En consecuencia, Anaya continúa gozando de sus derechos civiles.

Durante la diligencia el juez observó que la defensa y Anaya se conectaron desde sitios distintos, por lo que exhortó a los abogados a que el próximo 8 de noviembre comparezcan desde el mismo lugar que se encuentre su cliente.

En agosto pasado, cuando la FGR intentó por primera vez imputar cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero al panista, los fiscales informaron al juez que existen registros de que Anaya salió del país y no ha regresado.

Entonces, el juez conminó al excandidato presidencial a conectarse desde territorio nacional.

La audiencia se realizaba por videoconferencia con la presencia del juez de control, Ricardo Anaya, su defensa, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esta mañana el excandidato presidencial por el PAN informó que como parte de la estrategia de la FGR para acreditarle delitos, ordenó reabrir la carpeta de investigación iniciada en 2017 en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En este caso, Anaya fue investigado por la compra de diversos bienes por parte de su familia y la compra de una nave industrial en Querétaro; sin embargo, en 2018 la entonces PGR decretó el no ejercicio de la acción penal.

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Por medio de Twitter, Anaya aclaró la procedencia de las dos casas que incluyó en declaraciones patrimoniales presentadas después de la fecha en que supuestamente recibió el soborno.

Respecto a la casa en Club Campestre 7C dijo que perteneció a su mamá desde 1993, en tanto que la de Club Campestre 404 era de su suegra desde 1996.

«A AMLO sí le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso, ¡prueba aportaciones de Lozoya!«, criticó.

La carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, citada en una nota por Milenio, señala que un mes después de que Lozoya supuestamente entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, la esposa de este, Carolina Martínez, se hizo de una casa en el fraccionamiento Club Campestre de Querétaro.

La propiedad, ubicada en Circuito Club Campestre 404, fue adquirida el 3 de septiembre de 2014, cuando el presunto soborno ocurrió a inicios de agosto de 2014.

En cuanto a la casa de Circuito Club Campestre 7C, Anaya dijo tenerla desde marzo de 2005 gracias a una donación por parte de su madre, María Elena Cortés.

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La suspensión, concedida bajo el incidente de suspensión 940/2021, consistió en tres artículos del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos”, publicado el pasado 4 de mayo en el Diario Oficial mediante el cual el gobierno agregó el artículo 57, donde establece que la autoridad que haya expedido el permiso para operar hidrocarburos podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de «garantizar los intereses de la nación» en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros.

A su vez, el artículo 57 establece que para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas, o suspendidas.

Por su parte, el artículo cuarto transitorio determina que la autoridad competente procederá a la revocación de aquellos permisos que a la fecha de entrada en vigor del decreto (el pasado 5 de mayo) incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En tanto, el artículo sexto transitorio señala que a la entrada en vigor del decreto se revocarán los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto reclamado”, se menciona en la síntesis de la suspensión.

La medida cautelar debe tener efectos generales, ya que de otorgarla con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, el Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición.

Gómez Fierro ha otorgado también suspensiones a la reforma eléctrica, además de conceder en abril pasado las primeras suspensiones contra la entrada en vigor de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

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“Se crearon jueces y se crearon tribunales del Poder Judicial para garantizar la competencia, es decir proteger a los particulares”, señaló.

López insistió en que la Reforma Eléctrica aprobada por el Congreso y actualmente en tribunales, ha sido muy atacada porque «golpea a las grandes empresas«, pues antes, dijo se permitía la injusticia de que las «grandes corporaciones» comerciales paguen «menos por la luz que las familias mexicanas en sus domicilios«.

“Todo esto tiene que ver con el proceso de privatización que se inició con Salinas y luego se consumó con la llamada Reforma Energética (…) Hasta crearon tribunales para tener detenida, sometida, a la Comisión Federal de Electricidad bajo la excusa del monopolio y de que tiene que haber competencia y condiciones de igualdad, cuando en las leyes que se aprobaron en la Reforma Energética no hay equidad, se protegió a los particulares porque lo que querían era quedarse con todo el mercado de electricidad y arruinar por completo a la CFE”, dijo sin aportar pruebas.

López aseguró que ahora se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque es una empresa pública, propiedad de la nación que «representa beneficios para los mexicanos«.

Y acusó a «los conservadores» de utilizar el argumento de las energías limpias para denostar su estrategia de «fortalecer» a las hidroeléctricas y el uso de combustibles fósiles en la generación de energía.

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El dictamen fue avalado con 22 votos a favor de los partidos Morena y PT; 10 en contra del PAN, PRI, PRD y MC. Se acordó que todas las reservas o propuestas de modificación serán desahogadas en el pleno y se espera que este miércoles se vote en San Lázaro.

El presidente de la comisión, Manuel Rodríguez, leyó una adenda que se le hizo a la iniciativa presidencial y que fue votada y aceptada por los integrantes de este órgano legislativo y que tiene que ver con que en caso de suspensión de una concesión, los permisionarios tendrán que ser notificados indicando las causas que motivaron ésta suspensión.

El agregado que se hizo al artículo 59 Bis, detalla que una vez realizada la notificación el permisionario contara con un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

“Transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con un plazo de quince días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el Permisionario. La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al Permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra”, describe el agregado.

También se incluyó otro artículo en el que define que si transcurrido el plazo de la suspensión, el Permisionario no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la autoridad procederá a la revocación del permiso.

“A la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de conformidad con lo previsto en las disposiciones jurídicas correspondientes”, define en un transitorio.

Con esta reforma energética, López busca suspender o cancelar permisos a privados en la cadena de producción o distribución de hidrocarburos alegando «riesgos a la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional«.

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En su conferencia de este jueves, López señaló que estás compañías que «se disfrazan de ambientalistas» solo «buscan su beneficio para enriquecerse y saquear al país«.

Puso como ejemplo la Reforma Energética aprobada en lo que él llama el «periodo neoliberal«, que prometió que bajarían los precios de lo energéticos con la llegada de empresas que explotan las energías limpias; sin embargo, dijo, no sucedió.

«No va haber ningún cambio, ni flexibilidad para que desmantelen a las empresas públicas del estado«, afirmó.

López aseguró que «defenderá» los intereses de las empresas públicas del estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dirigida por Manuel Bartlett.

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