Rubio señaló que la administración estadounidense ha consolidado operaciones diplomáticas en distintas partes del mundo y que algunas oficinas no justifican mantenerse abiertas a tiempo completo. Medios como CBS News reportaron que el Departamento de Estado revisa actualmente los 53 consulados en México, lo que podría derivar en más cierres.

También destacó la creación de una coalición regional denominada Escudo de las Américas, lanzada en marzo pasado. La iniciativa busca coordinar esfuerzos militares y de inteligencia contra organizaciones criminales transnacionales. Entre los países participantes figuran Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador, mientras que México no forma parte de la lista.

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La propuesta, denominada Stop Fueling Cartel Violence Act, plantea que el Departamento de Defensa de EE. UU. entregue al Congreso, en un plazo máximo de 180 días tras su eventual promulgación, un informe detallado sobre las acciones emprendidas para frenar el tráfico ilícito de hidrocarburos vinculado al crimen organizado transnacional.

El proyecto establece que el informe deberá incluir actividades actuales para “impedir, interrumpir o debilitar” a las organizaciones criminales, además de recomendaciones para fortalecer la cooperación internacional. Entre las medidas se contemplan:

• Fortalecimiento de capacidades de fuerzas de seguridad en países aliados.
• Intercambio de información con agencias civiles estadounidenses.
• Identificación de nodos clave en las operaciones de estas redes.
• Acciones “no cinéticas”, es decir, sin uso directo de fuerza militar.

La iniciativa cita estimaciones de Pemex, que reportó el robo de 987 millones de litros de combustible en 2024, casi el triple de lo registrado en 2019. Asimismo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. calcula que México pierde alrededor de 24 millones de dólares diarios en ingresos fiscales potenciales por contrabando y evasión.

El documento también señala que entre 16% y 27% del consumo anual de combustible en México proviene de fuentes ilegales. Además, describe prácticas como el soborno de empleados de Pemex, perforación clandestina de ductos y secuestro de camiones cisterna.

La iniciativa recuerda sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en coordinación con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. En septiembre de 2024 se sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en mayo de 2025 se castigó a tres ciudadanos y dos empresas relacionadas con tráfico de fentanilo y robo de combustible.

La senadora Rosen afirmó que el robo de combustible “se ha convertido en la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles”. Por su parte, Cornyn advirtió que los grupos criminales desarrollan métodos “cada vez más sofisticados” para robar hidrocarburos y financiar actividades ilícitas como narcotráfico y trata de personas.

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Las restricciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14059, que permite bloquear bienes de personas relacionadas con el tráfico de drogas y negarles el ingreso al país. Rubio señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos de la administración estadounidense para proteger a la población de drogas mortales y de grupos considerados narco-terroristas.

El Cártel de Sinaloa ha sido identificado como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Tras la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, la organización sufrió fragmentaciones que dieron paso al ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado actualmente el más fuerte por la DEA.

Tanto Joaquín “El Chapo” Guzmán como “El Mayo” Zambada se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos. Guzmán cumple cadena perpetua, mientras que Zambada espera sentencia en mayo próximo. Paralelamente, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de “El Chapo”, enfrentan procesos judiciales en medio de acuerdos de colaboración con las autoridades estadounidenses.

Las sanciones anunciadas contrastan con el ingreso de 17 familiares de Los Chapitos a Estados Unidos en mayo de 2025, quienes cruzaron por la garita de San Ysidro procedentes de Culiacán. Entre ellos se encontraba Griselda López, madre de Ovidio Guzmán. De acuerdo con reportes, este traslado estuvo relacionado con negociaciones de colaboración de Ovidio con las autoridades.

Rubio destacó que la estrategia se centra en limitar el alcance de las organizaciones criminales y proteger a la ciudadanía.

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La ofensiva fue ordenada por el secretario de Guerra Pete Hegseth y se enmarca en la estrategia militar estadounidense para interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas. La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por corredores conocidos de tráfico ilícito.

La Fuerza de Tarea explicó que “Lanza del Sur” busca debilitar las estructuras criminales que operan en aguas internacionales. El despliegue militar ha dejado hasta ahora más de 26 embarcaciones destruidas y alrededor de 90 personas abatidas, según cifras oficiales.

El ataque ocurre en un escenario de creciente tensión regional. El presidente Donald Trump ha reiterado que planea iniciar operativos en tierra en Venezuela, con el argumento de erradicar las operaciones de narcotráfico. La semana pasada, el mandatario señaló que el presidente colombiano, Gustavo Petro, sería el “siguiente” en su estrategia de presión, tras los señalamientos contra Nicolás Maduro.

Las acciones militares en el Pacífico Oriental refuerzan la presencia de Estados Unidos en la zona y generan expectativa sobre posibles nuevas operaciones en Sudamérica. El operativo refleja la intención de Washington de mantener un control más estricto sobre las rutas marítimas utilizadas para actividades ilícitas.

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El decomiso, considerado “histórico” por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), tuvo lugar al sureste de la isla de San José, cuando la embarcación intentó evadir a los agentes. Según información de inteligencia, la nave había partido de Juradó, Buenaventura (Colombia) y se dirigía hacia México, con una ruta que apuntaba a Estados Unidos.

El comandante del Senan, Luis De Gracia, explicó que se hallaron 11.562 paquetes de cocaína distribuidos en 579 bultos, con un peso total de 13.508,52 kilogramos. Esta cifra marca la mayor incautación registrada en Panamá desde 2008.

De manera inusual, la droga se encontraba a plena vista en la embarcación, lo que sorprendió a las autoridades, ya que en la mayoría de los casos suele estar oculta en contenedores durante el tránsito marítimo.

El fiscal superior de drogas, Julio Villarreal, destacó que la operación representa un “duro golpe” al narcotráfico internacional y refuerza los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas. El país, considerado un punto estratégico de tránsito de droga producida en Sudamérica, decomisó alrededor de 80 toneladas de narcóticos en 2024, según cifras oficiales.

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