Los senadores estadounidenses John Cornyn (republicano por Texas) y Jacky Rosen (demócrata por Nevada) presentaron una iniciativa bipartidista para combatir el robo y contrabando de combustible en México, actividad que, señalaron, se ha convertido en una fuente relevante de financiamiento para los cárteles y en un problema de seguridad regional.
La propuesta, denominada Stop Fueling Cartel Violence Act, plantea que el Departamento de Defensa de EE. UU. entregue al Congreso, en un plazo máximo de 180 días tras su eventual promulgación, un informe detallado sobre las acciones emprendidas para frenar el tráfico ilícito de hidrocarburos vinculado al crimen organizado transnacional.
El proyecto establece que el informe deberá incluir actividades actuales para “impedir, interrumpir o debilitar” a las organizaciones criminales, además de recomendaciones para fortalecer la cooperación internacional. Entre las medidas se contemplan:
- Fortalecimiento de capacidades de fuerzas de seguridad en países aliados.
- Intercambio de información con agencias civiles estadounidenses.
- Identificación de nodos clave en las operaciones de estas redes.
- Acciones “no cinéticas”, es decir, sin uso directo de fuerza militar.
La iniciativa cita estimaciones de Pemex, que reportó el robo de 987 millones de litros de combustible en 2024, casi el triple de lo registrado en 2019. Asimismo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. calcula que México pierde alrededor de 24 millones de dólares diarios en ingresos fiscales potenciales por contrabando y evasión.
El documento también señala que entre 16% y 27% del consumo anual de combustible en México proviene de fuentes ilegales. Además, describe prácticas como el soborno de empleados de Pemex, perforación clandestina de ductos y secuestro de camiones cisterna.
La iniciativa recuerda sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en coordinación con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. En septiembre de 2024 se sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en mayo de 2025 se castigó a tres ciudadanos y dos empresas relacionadas con tráfico de fentanilo y robo de combustible.
La senadora Rosen afirmó que el robo de combustible “se ha convertido en la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles”. Por su parte, Cornyn advirtió que los grupos criminales desarrollan métodos “cada vez más sofisticados” para robar hidrocarburos y financiar actividades ilícitas como narcotráfico y trata de personas.
