Con este ajuste, el salario mínimo nacional se ubica en 315.04 pesos diarios, lo que equivale a 9,582.47 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento fue del 5%, alcanzando 440.87 pesos diarios, es decir, 13,409 pesos mensuales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que el incremento beneficiará directamente a 8.5 millones de trabajadores en todo el país. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, destacó que desde 2018 el poder adquisitivo del salario mínimo ha crecido un 154%, mientras que el salario promedio real de los trabajadores formales inscritos en el IMSS aumentó un 27.5% en el mismo periodo.

En términos reales, el salario mínimo alcanzó en 2026 el nivel más alto registrado desde 1980. El Gobierno federal ha planteado como meta que para 2030 el ingreso básico permita cubrir 2.5 canastas básicas, consolidando así una política de recuperación salarial sostenida.

¡Hoy entra en vigor el #SalarioMínimo2026!

El Salario Mínimo alcanza una histórica recuperación del 154% en su poder adquisitivo desde 2018, en favor de las y los trabajadores de .

En el Segundo Piso de la #Transformación, la justicia salarial avanza. pic.twitter.com/xBSXYZaeUF

— STPS México (@STPS_mx) January 1, 2026

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Uber atribuyó el incremento a los costos derivados de la reforma laboral. Sin embargo, la STPS desmintió este argumento y recordó que la empresa se comprometió a no subir tarifas ni afectar los ingresos de usuarios y trabajadores durante la fase piloto del nuevo modelo.

Reforma laboral y compromisos incumplidos

Este nuevo modelo de trabajo busca garantizar condiciones dignas y la seguridad social para miles de empleados de plataformas digitales. Según la autoridad laboral federal, los lineamientos del plan piloto fueron acordados con Uber y otras empresas.

La dependencia señaló que el modelo de negocio de Uber extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos. Por ello, no se tolerarán prácticas que trasladen costos injustamente a usuarios o empleados bajo falsas premisas.

Medidas de vigilancia y protección al consumidor

Ante este aumento, la STPS anunció operativos conjuntos con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). El objetivo es verificar que Uber cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y sancionar cualquier práctica irregular.

PROFECO recordó que los proveedores deben informar y respetar los precios, y que cualquier cambio tarifario requiere el consentimiento expreso de los usuarios. La dependencia exhortó a Uber a cumplir con estos requisitos y proteger los derechos de las personas usuarias.

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La norma aplica a oficinas y espacios de atención al público. Está dirigida principalmente a empleados de sectores como comercio, limpieza, vigilancia, gastronomía y servicios, quienes ahora podrán sentarse durante sus descansos y en momentos en los que su labor no exija estar de pie.

¿Qué establece la Ley Silla?

La reforma modifica los artículos 132 y 133 de la LFT. A partir de ahora, los patrones están obligados a permitir y facilitar que sus empleados puedan sentarse cuando no sea indispensable mantenerse de pie. También deberán adaptar sus reglamentos internos y dotar de mobiliario ergonómico funcional, como sillas con respaldo.

El plazo para que las empresas actualicen sus reglamentos internos es de 180 días naturales.

¿A quién beneficia esta nueva medida?

La “Ley Silla” impacta positivamente a millones de personas trabajadoras en México. Entre ellas:

• Cajeros y cajeras

• Cocineros y meseros

• Panaderos

• Personal de limpieza

• Guardias de seguridad

• Taquilleros, entre otros

Se estima que al menos el 45 % de los trabajadores en México pasan toda su jornada de pie, lo cual genera afectaciones como várices, dolores de espalda, fatiga muscular y desgaste articular.

Supervisión y sanciones

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá emitir, en un plazo no mayor a 30 días, normas oficiales relacionadas con riesgos posturales y condiciones ergonómicas mínimas.

El incumplimiento de esta reforma puede derivar en sanciones económicas que oscilan entre 250 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto representa multas de aproximadamente 28 mil hasta más de 280 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. En casos severos, las autoridades podrían suspender temporalmente las actividades del centro de trabajo.

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Destacó que la pandemia también incrementó el uso de Internet o de plataformas digitales para buscar trabajo, lo que implica un riesgo que muchas veces es desconocido, por lo que se requieren medidas para evitar que quienes desean encontrar un empleo sean víctimas de defraudadores o, peor aún, del crimen organizado.

La legisladora del Partido Morena presentó un punto de acuerdo para solicitar a la STPS, que supervise las llamadas bolsas de trabajo digitales, a fin de certificar que son seguras para los usuarios y evitar cualquier abuso, fraude o riesgo a los bienes o integridad de las personas.

En el documento, que fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destacó que las plataformas de Internet son el medio más efectivo para buscar un nuevo empleo o contratar a algún candidato, pero “la mayoría de ellas no se encuentran reguladas en la legislación mexicana, lo que requiere de acciones por parte del Congreso de la Unión”.

De ahí la necesidad de que sean revisadas por la autoridad competente y evitar riesgos para quienes, a través de estas herramientas, acuden a una entrevista o proporcionan datos personales.

Balderas Espinoza dijo que “los medios digitales son los más populares para que candidatos y reclutadores realicen búsquedas de trabajo o talento. La brecha que existe entre estos y los medios tradicionales es muy grande y seguirá incrementándose, principalmente por la situación que atravesamos durante la pandemia”.

Agregó que los internautas mexicanos quieren bolsas de trabajo digitales que sean fáciles de usar, confiables, con trabajos y empresas reales; mientras los reclutadores requieren cubrir sus vacantes de manera eficiente, con el mejor talento.

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Concluye sin incidentes legitimación del Contrato Colectivo en #GeneralMotors de Silao.

El resultado de la votación es de 2 mil 623 trabajadores por el SI, 3 mil 214 por el NO, con lo que se da por terminado el Contrato Colectivo de la planta.

https://t.co/06cPTUzId0 pic.twitter.com/BP8HOkGW52

— STPS México (@STPS_mx) August 19, 2021

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este jueves que 3 mil 214 trabajadores votaron por «no» mantener el contrato colectivo actual, frente a 2 mil 623 que eligieron «sí» y 39 sufragios nulos.

«Con lo cual el contrato colectivo se da por terminado, pero los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales«, indicó la STPS sobre las votaciones de la planta de Silao, Guanajuato, en el centro del país.

México y Washington habían anunciado en julio «un curso de reparación» tras una «solicitud de revisión» que Estados Unidos envió el 12 de mayo por irregularidades detectadas en la votación del contrato colectivo y «la denegación» de los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vigilaron la reposición de la votación, a la que estaban convocados cerca de 6 mil trabajadores este martes y miércoles.

Previo a la votación, la CTM denunció «una constante presión de sindicatos» para influir en la votación.

Pero este jueves, tras la elección, miembros del grupo Generando Movimiento celebraron el resultado al declarar a los medios que rechazaron las «triquiñuelas» e irregularidades de la CTM.

«La reposición de la consulta de legitimación forma parte de los resolutivos de la STPS del 11 de mayo y 21 de junio, así como el curso de reparación acordado entre los Gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida», añadió la Secretaría del Trabajo.

Hubo una elección sindical auténtica ayer en la GM de Silao, con el @INEMexico como observador neutral.

Los trabajadores votaron en secreto y libertad. Decidieron rechazar el contrato colectivo.

Habrá un nuevo sindicato.

El INE, pese a los ataques, de nuevo cumple su misión. https://t.co/NtRYzBc2oc

— Ciro Murayama (@CiroMurayamaMx) August 19, 2021

Respetar los derechos de asociación, negociación colectiva y de mejores salarios en México ha sido uno de los principales reclamos de los sindicatos norteamericanos para la firma del T-MEC.

Por ello, el Gobierno de Estados Unidos ha urgido la implementación de la reforma laboral mexicana, que busca garantizar la libertad de asociación y la democracia sindical en el país, que cuenta con una historia de sindicatos con líderes acusados de corrupción, conocidos como «charros».

En tanto, el Gobierno mexicano ha apostado por el acuerdo comercial para recuperarse tras la contracción histórica de 8,2 % del PIB que padeció en 2020 por la crisis de la covid-19.

Tras la votación en GM, la STPS anunció que habrá un plazo de 20 días para analizar los informes del personal verificador, pero la secretaria Luisa María Alcalde aseveró que no se detectaron incidentes.

«Agradecemos al INE y a la OIT por participar como observadores de este proceso sin precedentes», destacó Alcalde en Twitter.

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«Este esquema se ha venido utilizando como una forma para evadir una responsabilidad que es repartir las utilidades que generan las empresas. Primero informar que a dos meses y medio de entrada en vigor de la reforma 830 mil trabajadores han salido del esquema y han sido contratados por patrones reales tendrán por primera ves acceso a este derecho«, señaló

Durante la conferencia de este viernes, Alcalde detalló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado que el salario base de cotización promedio se ha incrementado hasta 11 por ciento desde el inicio de la reforma contra el outsourcing y, al estar en un periodo de de implementación, es muy probable que la cifra aumente.

“Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación; falta aproximadamente mes y medio todavía de los plazos transitorios por lo que muy probablemente esta cifra de 830 mil se vaya incrementado”, dijo.

Respecto la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), Luisa María alcalde recordó que éste es un derecho laboral reconocido en la Constitución y es una comisión tripartita la encargada de definir el porcentaje de las utilidades que deben ser repartidas entre los trabajadores y en 2019 esta comisión fijó dicho por contaje en 10 por ciento y el cual no ha sido modificado.

Señaló que con la reforma se establecieron reglas para que se pueda hacer uso de ese derecho “prácticamente extinto” y que se definieron  dos esquemas que permitieran a las empresas que no pagaban lo hicieran de forma paulatina y las que sí, no se vieran afectadas.

Detalló que actualmente el reparto de utilidades a los trabajadores promedio es del 2.8 por ciento, con lo cual este año se repartieron 56 mil millones 120 mil pesos; sin embargo, se estima que para 2022 este porcentaje se eleve a 7.7 por ciento, alcanzando los 157 mil 50 millones.

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«El día de hoy a las 6:20 horas se encontró, tras una labor infatigable por parte de los rescatistas, el cuerpo del tercer minero de los siete que quedaron atrapados tras la inundación en la mina de Micará en Múzquiz, Coahuila«, indicó a primera hora del día la STPS en redes sociales.

La dependencia federal aseguró que seguirá con «los trabajos de rescate en coordinación con el Gobierno del estado de Coahuila, así como con las demás autoridades federales y locales«.

Horas después, la Secretaría de Trabajo informó del hallazgo del cuerpo de un cuarto minero. «Se rescató el cuarto cuerpo de los siete mineros que padecieron la inundación en la mina de Múzquiz«, indicó también en redes sociales.

Con la recuperación de estos cuatros cuerpos -tres el domingo y uno el sábado- restaría por encontrar a los otros tres mineros atrapados.

Según la organización Familia de Pasta de Conchos, los cuerpos recuperados este domingo son los de los mineros Pedro Ramírez, Humberto Rodríguez y Gonzalo Alberto Cruz.En el lugar continuarán en operaciones coordinadas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, mineros rescatistas y personal de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno.

Hasta esta madrugada habían sido recuperados los restos de Mauricio Cortés de 56 años de edad, quien era vecino de La Cuchilla, en la comunidad de Palaú, y de Pedro Ramírez Sánchez de 21 años, del ejido La Mota.

El fatal accidente que cimbró a la Carbonífera ocurrió el viernes a las 12:50 horas y, aunque no se han determinado las causas del accidente, versiones apuntan a que uno de los obreros perforó una pared de una mina contigua que estaba inundada debido a las recientes lluvias y esta se cayó.

La pared se le vino encima, lo aplastó y anegó el tiro, que dejó atrapados a siete, cuatro de los cuales aún no son ubicados y se desconoce si están vivos o no.

Protección Civil informó que con más maquinaria durante la noche aumentó la capacidad de desfogue de la mina; el techo y las paredes de los tiros están muy remojados y son un peligro para la vida de los rescatistas.

Con información de EFE y El Universal

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“Es para poner fin al abuso de la subcontratación, establecer reglas claras, para no afectar a los trabajadores, garantizar las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y hacer valer el reparto de utilidades”, puntualizó.

El mandatario destacó que en esta reforma se contó con la participación del sector obrero y empresarial.

En conferencia la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, resaltó los puntos esenciales de la reforma al outsourcing.

• Se prohíbe la subcontratación
• Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante
• Registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada ante STPS, previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
• Las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento
• Para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR, y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo
• Se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento

En el caso del reparto de utilidades, Alcalde Luján destacó que será por ley la entrega de hasta 90 días de salario o el promedio de los últimos 3 años laborados, lo que resulte más favorable al trabajador.

Explicó que la situación actual por este concepto es de 22 días en promedio, lo que equivale a 7 mil 301 pesos; con la entrada en vigor de la reforma el monto pagado por trabajador sería de 18 mil 557 pesos, lo que sería un incremento del 157 por ciento.

La funcionaria indicó que por parte del sector obrero participaron en la elaboración de la reforma al outsourcing, Carlos Aceves de la Confederación de Trabajadores de México: Abel Domínguez de la Confederación de Trabajadores y Campesinos; Jesús González Cárdenas, de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes; Genaro Leal de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos; Napoleón Gómez Urrutia, del Sindicato Nacional de Trabajadores mineros; Pedro Haces, de la CATEM; Rodolfo González, de la Confederación Regional Obrera Mexicana; Isaías Gonzales, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; y Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional de Trabajadores.

Por parte del sector privado, participaron, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Medina Mora, de la Coparmex; José Manuel López Campos, de la Concanaco; Francisco Cervantes, de la Conacamin, así como otros actores importantes que participaron en el acuerdo.

De parte del gobierno, refirió que participaron, la secretaria de Hacienda con Arturo Herrera; de Economía, Tatiana Clouthier; del IMSS, Zoé Robledo; y Raquel Buenrostro, del SAT, entre otras porque “todas estas instituciones” tienen relación en la subcontratación al tener varias aristas.

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Los tres pilares del sistema son una nueva justicia laboral, fortalecer la democracia sindical y garantizar la negociación colectiva, expuso Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en un evento en el Palacio Nacional.

“Estos cambios consolidan la visión del proyecto de nación de garantizar la democracia en todos sus ámbitos, muestra el compromiso firme asumido frente a nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, plasmados en el T-MEC, y dan respuesta a una deuda histórica”, afirmó Alcalde.

Arranque del Nuevo Modelo Laboral: Primera Etapa | Gobierno de México https://t.co/U8rUMBwfty

— STPS México (@STPS_mx) November 18, 2020

Las condiciones laborales en México eran uno de los principales reclamos de los sindicatos en Estados Unidos y Canadá para avalar el T-MEC, que en julio sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Bajo el T-MEC, las empresas de otros países pueden interponer controversias laborales ante los paneles comerciales que podrían derivar en aranceles o restricciones al comercio.

La presentación de este día significa el primer paso de la reforma laboral aprobada por el Congreso mexicano el año pasado, pero también de un longevo reclamo de los trabajadores, recordó la titular de la STPS.

“Hoy inicia un proceso histórico, después de años de espera y décadas de lucha, vemos implementada la primera etapa del nuevo modelo laboral, un modelo que rompe con paradigmas y vicios del pasado«, enfatizó.

El principal cambio consiste en reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.

La reforma también exige un voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en la elección de sindicatos, proporcionalidad de género en las directivas sindicales, transparencia y verificación de procesos democráticos.

Asimismo, demanda que los contratos colectivos cuenten con el respaldo de al menos 30 por ciento de los trabajadores con revisiones cada dos años.

«Inicia una transformación, quizá la más importante en las últimas décadas, haciendo realidad la libertad, la democracia y el acceso a la justicia en el mundo del trabajo«, subrayó la secretaria del Trabajo.

Por ahora, el nuevo modelo arrancará en ocho estados: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo.

Por su parte, el presidente Andrés López prometió que la reforma laboral no quedará en «letra muerta«.

«Poco a poco vamos a cubrir todo el país. Se va a aplicar la reforma en todo México y vamos a dejar las bases para una relación nueva en esta materia de justicia laboral. Es todo un acontecimiento el que se esté llevando a la práctica esta reforma”, sostuvo en la presentación del nuevo modelo laboral.

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«No les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades«, dijo en su conferencia diaria.

Afirmó que la reforma que se enviará a la Cámara de Diputados, es para poner fin a los abusos que se cometen a los trabajadores del país.

Confío que se apruebe a la brevedad por los legisladores para otorgar certeza y protección a la fuerza laboral de México.

Ejemplificó que, en diciembre, empresas que subcontratan a personal en diciembre llegan a despedir hasta 378 mil empleados para negarles la entrega de aguinaldo y meses después los vuelven a contratar.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que es una propuesta que permitirá resolver los abusos de la subcontratación en el país.

Aseguró que la subcontratación es un mecanismo que ha afectado a los trabajadores y la hacienda pública del país.

Explicó que con el outsourcing se subregistra a los trabajadores ante el IMSS con «salarios mínimos falsos«, lo que influye que sus pensiones sean miserables, daña su crédito al fondo de vivienda y las prestaciones que reciben los empleados.

Puso como ejemplo un hotel que tiene 802 trabajadores y solo 2 estaban contratadas por el hotel, mientras que las 800 restantes se encontraban dadas de alta con otras compañías sin el conocimiento de los empleados.

Aseveró que la finalidad es «cortarle los tentáculos a la subcontratación«.

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