Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12 por ciento su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

«Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el REPSE (Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas)», avisó la secretaria en sus redes esta semana.

El gobierno promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el «outsourcing», que considera herencia del «periodo neoliberal».

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 de Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50 por ciento de costos.

Aunque de la modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente López la tachó de «abusiva» y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6 mil empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21 mil millones de pesos al año.

Además, el outsourcing le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibir 773 millones de pesos al año, aseveró este lunes su director, Zoé Robledo.

Choque con empresarios

La medida del gobierno despertó choques iniciales con los empresarios, quienes en un inicio alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleos en un momento en el que la crisis de covid-19 había desaparecido más de 1 millón de puestos formales.

Algunas cámaras empresariales llegaron a un acuerdo con el Gobierno en abril pasado y el Congreso concedió una prórroga de un mes para la fecha límite original, el 1 de agosto.

Pero ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que 56 por ciento de las compañías no han podido registrarse en el REPSE, por lo que denunció que la prórroga es insuficiente.

«Implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal«, sostuvo en un comunicado.

Empleo recuperado

Pese a las críticas, la secretaria del Trabajo ha defendido que «antes de lo pronosticado, México ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia«.

Mientras que el Banco de México (Banxico) elevó el martes su pronóstico de creación de empleos formales para 2021 a un rango de 640 mil a 840 mil nuevos puestos registrados en el IMSS, frente a una proyección anterior de 370 mil a 570 mil.

Incluso, el BBVA compartió un análisis en el que aseveró que la «eliminación del ‘outsourcing’ permite recuperar y superar niveles de empleo permanente previos a la pandemia«.

«El salario nominal tuvo un crecimiento 7,5 % año contra año y 0,5 % mes contra mes (en julio), por lo tanto, los ajustes derivados por la eliminación del ‘outsourcing’ hasta el momento no han tenido impacto negativo a nivel salarial en términos agregados«, aseguró.

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«Este esquema se ha venido utilizando como una forma para evadir una responsabilidad que es repartir las utilidades que generan las empresas. Primero informar que a dos meses y medio de entrada en vigor de la reforma 830 mil trabajadores han salido del esquema y han sido contratados por patrones reales tendrán por primera ves acceso a este derecho«, señaló

Durante la conferencia de este viernes, Alcalde detalló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado que el salario base de cotización promedio se ha incrementado hasta 11 por ciento desde el inicio de la reforma contra el outsourcing y, al estar en un periodo de de implementación, es muy probable que la cifra aumente.

“Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación; falta aproximadamente mes y medio todavía de los plazos transitorios por lo que muy probablemente esta cifra de 830 mil se vaya incrementado”, dijo.

Respecto la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), Luisa María alcalde recordó que éste es un derecho laboral reconocido en la Constitución y es una comisión tripartita la encargada de definir el porcentaje de las utilidades que deben ser repartidas entre los trabajadores y en 2019 esta comisión fijó dicho por contaje en 10 por ciento y el cual no ha sido modificado.

Señaló que con la reforma se establecieron reglas para que se pueda hacer uso de ese derecho “prácticamente extinto” y que se definieron  dos esquemas que permitieran a las empresas que no pagaban lo hicieran de forma paulatina y las que sí, no se vieran afectadas.

Detalló que actualmente el reparto de utilidades a los trabajadores promedio es del 2.8 por ciento, con lo cual este año se repartieron 56 mil millones 120 mil pesos; sin embargo, se estima que para 2022 este porcentaje se eleve a 7.7 por ciento, alcanzando los 157 mil 50 millones.

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“Es para poner fin al abuso de la subcontratación, establecer reglas claras, para no afectar a los trabajadores, garantizar las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y hacer valer el reparto de utilidades”, puntualizó.

El mandatario destacó que en esta reforma se contó con la participación del sector obrero y empresarial.

En conferencia la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, resaltó los puntos esenciales de la reforma al outsourcing.

• Se prohíbe la subcontratación
• Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante
• Registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada ante STPS, previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
• Las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento
• Para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR, y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo
• Se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento

En el caso del reparto de utilidades, Alcalde Luján destacó que será por ley la entrega de hasta 90 días de salario o el promedio de los últimos 3 años laborados, lo que resulte más favorable al trabajador.

Explicó que la situación actual por este concepto es de 22 días en promedio, lo que equivale a 7 mil 301 pesos; con la entrada en vigor de la reforma el monto pagado por trabajador sería de 18 mil 557 pesos, lo que sería un incremento del 157 por ciento.

La funcionaria indicó que por parte del sector obrero participaron en la elaboración de la reforma al outsourcing, Carlos Aceves de la Confederación de Trabajadores de México: Abel Domínguez de la Confederación de Trabajadores y Campesinos; Jesús González Cárdenas, de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes; Genaro Leal de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos; Napoleón Gómez Urrutia, del Sindicato Nacional de Trabajadores mineros; Pedro Haces, de la CATEM; Rodolfo González, de la Confederación Regional Obrera Mexicana; Isaías Gonzales, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; y Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional de Trabajadores.

Por parte del sector privado, participaron, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Medina Mora, de la Coparmex; José Manuel López Campos, de la Concanaco; Francisco Cervantes, de la Conacamin, así como otros actores importantes que participaron en el acuerdo.

De parte del gobierno, refirió que participaron, la secretaria de Hacienda con Arturo Herrera; de Economía, Tatiana Clouthier; del IMSS, Zoé Robledo; y Raquel Buenrostro, del SAT, entre otras porque “todas estas instituciones” tienen relación en la subcontratación al tener varias aristas.

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Con el dictamen avalado, queda prohibida la subcontratación de personal, “entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.

Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista cuente con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dichos efectos.

Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba.

La subcontratación deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato.

Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por esta Ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón, que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet.

• A quien realice subcontratación de personal sin contar con el registro correspondiente, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización.

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Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos. pic.twitter.com/GToCyymrna

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 5, 2021

López desató a finales del año pasado un enfrentamiento con los empresarios al anunciar su intención de suprimir el outsourcing al considerarla un abuso, pero finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla.

La administración López considera que la subcontratación es abusiva para los derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios lo consideran una herramienta necesaria para su funcionamiento.

Según informó la oficina presidencial, en el encuentro de este lunes en el Palacio Nacional estuvieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar; el de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, y el de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, entre otros líderes empresariales.

También el presidente de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), Abel Domínguez; el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, y el secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González, entre otros.

López estuvo acompañado del secretario de Hacienda, Arturo Herrera; la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde; la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrrostro, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, entre otros.

Asimismo estuvieron presentes el diputado Ignacio Mier y el senador Ricardo Monreal, líderes del Partido Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente.

Con información de EFE

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En entrevista al salir del cónclave en el Palacio Nacional, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que “no hemos llegado a un acuerdo”, por lo que sostendrán otro encuentro el miércoles de la próxima semana.

“La complejidad es que es un cambio completo en la forma en que muchos mexicanos hoy están trabajando y están asignados a sus lugares de trabajo. Insisto yo creo que vamos a lograr acuerdos muy adecuados, vamos a poder explicar muy bien qué figuras van a ser factibles de aplicarse y que figuras no, pero bueno todo eso lo vamos a tener”, dijo.

Cuestionado sobre si desaparecerá el outsourcing e insourcing, Salazar respondió:

“No creo que eso deba de ser una conclusión hoy, porque no sabemos exactamente que figuras se van a tomar, y lo más importante, que actividades si van a ser permitidas y cuales no, creo que eso va a quedar más claro la próxima semana”.

Sobre la entrega de PTU o reparto de utilidades, comentó que no es parte del análisis en este momento.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), afirmó que los equipos técnicos están avanzando y sólo están ajustando los tiempos de implementación de la reforma sobre la subcontratación ya que la IP propone que sea en seis meses y no en enero.

“El presidente ha estado muy sensible, el más sensible es el señor presidente”, dijo.

Señaló que se mantendría la subcontratación para áreas especializadas como limpieza, seguridad y en administración.

“No jodan”

El presidente del CCE, Carlos Salazar, afirmó que la iniciativa contra el outsourcing está tratando de “tumbar los árboles” con dicha iniciativa ya que se trata de una política pública que no se puede dejar sólo a los políticos.

“La política pública no se la podemos dejar solo a los políticos, porque a veces sus intereses son o de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias en las actividades”, expresó.

“Lo que está tratando de hacer la autoridad es tumbar los árboles, no jodan, en vez de quitar las manzanas podridas, talan el árbol y nos quedamos sin nada”, criticó.

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Durante su conferencia diaria, López acusó que la reforma que aprobó el modelo de outsourcing fue durante el gobierno de Felipe Calderón y desde entonces comenzó a crecer.

Por ello, insistió en su relato sobre la pérdida de empleos en diciembre, periodo en que los trabajadores reciben sus prestaciones, para luego ser recontratados en enero y febrero.

“Esto es ilegal y es inmoral, por eso ya no lo vamos a permitir” dijo López al referirse a la iniciativa que envió y que ahora se encuentra en el Congreso.

“Si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación son libres, pero el ejecutivo no quiere que se mantenga este mecanismo que afecta a los trabajadores”, agregó.

Al referirse a los trabajadores de la salud, aseveró “tengo el compromiso de ‘basificar’ a los trabajadores de la salud que trabajan por honorarios o eventuales”, mientras en el caso de los maestros se ha dado «base» a 370 mil.

Mientras en el caso de las subcontrataciones que puedan existir el gobierno federal, López afirmó indicó, “todo lo que pueda existir de subcontratación se termina, no tenemos por qué tener intermediarios”.

López espera que pronto se apruebe la reforma para eliminar los outsourcing y puntualizó “no me pidan que yo me convierta en complica de una maniobra que afecta a los trabajadores”.

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«No les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades«, dijo en su conferencia diaria.

Afirmó que la reforma que se enviará a la Cámara de Diputados, es para poner fin a los abusos que se cometen a los trabajadores del país.

Confío que se apruebe a la brevedad por los legisladores para otorgar certeza y protección a la fuerza laboral de México.

Ejemplificó que, en diciembre, empresas que subcontratan a personal en diciembre llegan a despedir hasta 378 mil empleados para negarles la entrega de aguinaldo y meses después los vuelven a contratar.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que es una propuesta que permitirá resolver los abusos de la subcontratación en el país.

Aseguró que la subcontratación es un mecanismo que ha afectado a los trabajadores y la hacienda pública del país.

Explicó que con el outsourcing se subregistra a los trabajadores ante el IMSS con «salarios mínimos falsos«, lo que influye que sus pensiones sean miserables, daña su crédito al fondo de vivienda y las prestaciones que reciben los empleados.

Puso como ejemplo un hotel que tiene 802 trabajadores y solo 2 estaban contratadas por el hotel, mientras que las 800 restantes se encontraban dadas de alta con otras compañías sin el conocimiento de los empleados.

Aseveró que la finalidad es «cortarle los tentáculos a la subcontratación«.

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Solo en diciembre, 14 mil empresas despidieron personal y 60 mil trabajadores se quedaron sin su puesto, alcanzando un total de más de 380 mil despidos en el año, presuntamente bajo este esquema, indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

«Algo increíble. Y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, no pagar impuestos. Y queremos informar sobre este tema porque ya se reformó la ley y ya es delito grave lo de la falsa facturación y lo de la defraudación«, dijo.

En el país, más de 5 millones de trabajadores se encuentran en el esquema de outsourcing­, precisó Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Existen 6 mil  empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva«, según la funcionaria, lo que representa una evasión fiscal de 21 mil millones de pesos anuales.

Los trabajadores que trabajan en esta modalidad representaron 17 por ciento del empleo total en 2014, mientras que en 2004 la proporción era apenas del 9 por ciento, expresó la secretaria.

«¿En qué afecta este tipo de prácticas de subcontratación abusiva? De entrada precariza el mercado laboral. Tiene un costo en la mano de obra, afectando a los trabajadores«, apuntó.

Alcalde también informó que el presidente enviará una terna al Senado para conformar el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, uno de los puntos centrales de la nueva reforma laboral aprobada el año pasado para satisfacer condiciones del Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal también detectó, de septiembre a diciembre del año pasado, cerca de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal con cerca de 862 mil 489 trabajadores afectados, comentó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otro lado, se han recibido 51 denuncias de empresas fachada, facturación de operaciones simuladas y de outsourcing ilegal, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha investigado a mil 854 empresas desde la integración del grupo.

En tanto, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero Aranda, exhortó a empresas a regularizarse, pues el año pasado varios patrones se acercaron a la dependencia para corregir sus errores y resarcir al fisco casi 2 mil millones de pesos.

De lo contrario, el procurador recordó que las reformas aprobadas el año pasado contemplan hasta 14 años de cárcel para quien contrate estos servicios de facturación falsa y outsourcing ilegal, y hasta 20 para quienes lo presten.

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