Durante su sesión pública este miércoles, el tribunal aprobó por mayoría de siete votos contra cuatro el proyecto que establece que se violó la garantía de audiencia de Gordillo Morales, pues al estar privada de su libertad, no se pudo defender cuando se le impuso tal multa.

Por ello, el SAT, tiene un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento fiscalizador en contra de Elba Esther Gordillo esta vez, con el plazo legal correspondiente para que pueda desvirtuar los hechos y omisiones que se le imputan.

Sin embargo, la resolución del TFJA también aclara que el SAT puede desistirse de reponer el procedimiento, pues se trata de un caso del ejercicio fiscal 2010.

El proyecto aprobado también toma en cuenta que “el hecho de que la hoy actora ya no tuviera el cargo de presidenta vitalicia del sindicato al que perteneció, así como que se encontrara privada de su libertad, constituyeron un obstáculo real que le impidió tener la documentación comprobatoria que requería para su defensa”, sobre todo, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impidió que pudiera presentar los documentos para defenderse.

“De las pruebas aportadas por la accionante, se constató que el SNTE negó reiteradas ocasiones su petición relativa a que se le proporcionara la información que permitiera demostrar ante la autoridad el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“Si bien es cierto que el aludido SNTE no se encuentra obligado a llevar contabilidad para efectos fiscales, al tratarse de una persona moral con fines no lucrativos, y que negó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que tuviera en su poder documentación contable y fiscal, también lo es que con las probanzas ofrecidas por la impetrante de nulidad, demostró que la documentación contable que la accionante requería para su defensa, sí estaba en poder del sindicato”, concluyó la magistrada”, señaló el proyecto.

Con información de Milenio

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Las suspensiones provisionales fueron notificadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) este lunes a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las inhabilitaciones habían sido impuestas por la SFP a Cyber Robotic Solutions por 24 y 27 meses en dos procedimientos administrativos para que no pudiera celebrar contrataciones públicas y también se le impuso multas por más de dos millones de pesos por irregularidades en la celebración de contratos públicos para la la venta de ventiladores para atender a pacientes con Covid-19.

Sin embargo, la empresa del hijo de Bartlett impugnó la decisión de la SFP ante el TFJA razón por la que la ejecución de las inhabilitaciones quedará suspendida hasta que el tribunal dicte su resolución.

A pesar de ello, la SFP impuso una nueva sanción a la empresa Cyber Robotic Solutions para que no pueda celebrar contratos públicos durante 21 meses.

La decisión fue emitida en la resolución del 26 de agosto pasado en el expediente número SAN/036/2020.

Sin embargo, los contratos adjudicados y formalizados con la empresa de Bartlett jr no serán afectados por esta disposición.

“Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la empresa CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V., no quedarán comprendidos en la aplicación de esta Circular”, señaló la SFP en el DOF.

La inhabilitación prevalecerá hasta que la empresa realice el pago correspondiente de una multa impuesta en la misma resolución cuyo monto no fue especificado en la circular publicada este lunes en el DOF.

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