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Córdova recordó que una vez que concluya la jornada electoral, iniciarán los cómputos distritales, cuyos resultados serán enviados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que dictamine el ejercicio.

“¿Qué le corresponde a la Sala Superior? Tomar las decisiones correspondientes.

» Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”.

Esa sería, acotó, la peor sanción para un proceso democrático.

Córdova Vianello comparó las 172 quejas que han llegado, en tan sólo cinco meses, frente a las 269 que suscitó todo el proceso electoral 2021, que duró nueve.

De esas, 25 tienen que ver con el presunto uso de recursos públicos.

El consejero Ciro Murayama, integrante de la Comisión de Quejas, detalló que de ese cúmulo, se han dictado 25 medidas cautelares, de las cuales cinco han ido al Presidente de la República; cuatro, a la Consejería Jurídica y al vocero de la presidencia; tres, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, se han dictado medidas cautelares contra 29 gobernadores y 61 senadores.

Entre ellas, están las quejas contra Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien presuntamente usó un avión de la Guardia Nacional, el fin de semana pasado, para promover el ejercicio.

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En sesión extraordinaria, los consejeros electorales coincidieron en que la petición es improcedente y «muy preocupante para la democracia«, pues dicha organización, que ha promovido el ejercicio de revocación de mandato en favor del presidente Andrés López, pretende ser juez y parte en este proceso.

En debate de casi dos horas y media, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que de aceptar esta petición, se abriría la puerta a la ilegalidad y a legitimar la parcialidad como un nuevo principio rector sobre el que se funda el sistema electoral, pues en el futuro, cualquier partido político podría exigir su derecho a instalar casillas.

Dijo que los actuales son tiempos en los que hay que vacunarnos de “tentaciones regresivas” y puntualizó que no es momento para discutir con base en mentiras o en falacias y mucho menos demagogia de los representantes del Partido Morena y sus aliados, que insisten en pretender responsabilizar al INE de la instalación de un menor número de casillas para la revocación de mandato, cuando fue la mayoría en la Cámara de Diputados quien negó los recursos que requería la organización de la consulta del próximo domingo.

“Imaginemos que en el futuro vuelve a ocurrir algo que es muy lamentable que haya ocurrido, es decir, que una fuerza política representada en el Congreso decide asfixiar presupuestalmente a la autoridad electoral y le impide cumplir con lo que dice la ley: instalar las casillas.

«Y después, aprovechándose de su propio dolo, solicita a esta autoridad electoral instalar ellos las casillas para poder cumplir con lo que la ley dice, que ellos mismos impidieron que se cumpliera, y en el futuro poder ellos mismos organizar la elección. Sería grave”, advirtió.

“Coincido con el proyecto que emite un no enfático y rotundo, porque de otro modo estaríamos abriendo la puerta al desmantelamiento de nuestro sistema democrático. Y aunque tal vez haya algunos se engolosinan con ello, la sociedad mexicana, ni el INE, que se debe a la sociedad, lo va a permitir”, enfatizó.

Córdova dejó entrever la pretensión de Partido Morena de regresar al modelo ya superado en que el gobierno organizaba, contaba los votos y calificaba las elecciones.

En este contexto, citó una declaración del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en mayo del año pasado, cuando fungía como representante de Partido Morena ante el Consejo General del INE: “Si las elecciones son administradas por el gobierno, los riesgos serán mínimos, porque han cambiado muchas cosas desde que llegó Morena al poder”.

Ante ello, el presidente del INE señaló que la vida electoral da vueltas y “las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Esa es la esencia de la democracia”.

“Que no se piense nunca, cuando se buscan las cambios de las reglas, desde la lógica de quien tiene el poder, porque el día de mañana podría perderlo. Las reglas que hoy se introdujeron para aprovecharse del poder mañana podrían jugar en contrario”, sentenció.

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Por unanimidad de votos, las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, ratificaron dicha sanción impuesta a Morena por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE acreditó que Morena utilizó un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal.

Según la investigación, Morena retuvo de dichos empleados la cantidad de 2 millones 264 mil 612 pesos. Derivado de ello se impuso a Morena una multa por el doble de dicha cantidad, es decir 4 millones 529 mil 224 pesos.

En 2017 el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja contra Delfina Gómez, exalcaldesa de Texcoco y entonces candidata a la gubernatura del Estado de México.

El blanquiazul acusó a la hoy funcionaria federal de descontar un porcentaje del salario de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, entre los meses de febrero de 2013 y julio de 2015.

La queja advirtió que dichos recursos fueron usados para la constitución de Morena como un partido político nacional y, posteriormente, para sus funciones ordinarias, así como para la campaña federal del proceso 2014-2015.

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Durante la sesión extraordinaria de este jueves, los consejeros electorales aclararon que el mandato del TEPJF detalla las adecuaciones del INE no deben afectar sus estatutos en materia laboral; es decir, afectar los sueldos y prestaciones de los propios consejeros y funcionarios del instituto.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova expuso que el mandato del TEPJF “abrió una nueva expectativa” y aclaró que “para quienes quieran leer” que la sentencia se nos pidió hacer adecuaciones presupuestales, pero que no se pueden poner en riesgo las atribuciones constitucionales que tenemos, ni sus obligaciones legales, ni las estatutarias en materia laboral.

Se ordenó al secretario ejecutivo del INE que el secretario informe en acatamiento la Sala Superior del TEPJF lo que ya se realizó en materia de adecuaciones y ahorros presupuestales.

“Vamos a acatar todas las resoluciones judiciales integralmente, leyendo todas las sentencias. El INE va ir adelante cumpliendo la Constitución y lo que le mandata”, dijo Córdova.

“Qué bueno que se judicializó este asunto, que se tomó la decisión y que el tribunal nos marcó la ruta”, apuntó, pero aclaró que en caso de no lograr obtener los recursos por adecuaciones presupuestales al interior del INE o que Hacienda nos dote recursos “a los imposible nadie está obligado”.

Expuso que desconoce si al interior se lograrán eficiencias para obtener 2 mil 300 millones de pesos. “No lo sé” pero nos vamos a dejar de entregar credenciales, fiscalizar y realizar monitoreo, ni afectar los derechos laborales que están en la Constitución.

El día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el INE no tiene facultades para suspender la organización de la consulta para la revocación de mandato.

Por su parte, el presidente Andrés López abrió la posibilidad de que Hacienda dé recursos adicionales al INE para realizar la revocación de mandato, siempre y cuando esto no afecte los programas sociales y el organismo electoral ajuste a la baja sus gastos en sueldos, asesores y viáticos.

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“Lo que queda claro y es lo que debe gritarse a los cuatro vientos es que va a haber consulta”, afirmó en su conferencia matutina.

Subrayó, sin embargo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría aportar recursos para la organización de la consulta revocatoria, siempre y cuando ello no afecte los programas de su gobierno.

En su conferencia mañanera de este jueves, última de 2021, el mandatario instó al INE a ajustar su presupuesto y reducir gastos en viáticos, viajes, compra y renta de vehículos, combustible y sueldos de consejeros electorales y asesores, a fin de liberar fondos para destinarlos a la consulta prevista para abril de 2022.

“Primero, (los consejeros del INE) también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar, cuánto pueden liberar de esos fondos hay ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, cuánto podría ayudar, si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa”, puntualizó.

Andrés insistió en que la esencia de la resolución del TEPJF es que habrá consulta, pues el “añadido” referente a los recursos para organizar dicho ejercicio “no es lo fundamental”.

“Lo importante es que se va a llevar a cabo la consulta y todos debemos participar. Es un buen ejercicio un precedente para que hacia adelante, si se porta bien un presidente, a seguirlo apoyando, y si se porta mal, para su casa, para afuera, que no se tenga que estar soportando a un mal gobernante seis años”, sostuvo.

López indicó que la revocación de mandato permitirá rectificar el rumbo y obligará a todos a aplicarse, porque, aseguró, “el pueblo pone y el pueblo quita”.

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En el proyecto presentado se detalla que el INE deberá realizar las adecuaciones correspondientes para la realización de la consulta y, en caso de demostrar insuficiencia de recursos, podrá solicitar una ampliación de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual resultó vinculada en esta resolución.

Los magistrados del TEPJF enfatizaron que la negativa de realizar la consulta impulsada por el presidente Andrés López, menoscaba el derecho a la participación ciudadana por lo que se trata de un procedimiento que deberá realizarse de acuerdo con la ley.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera señaló que este mecanismo busca que la ciudadanía pueda controlar el mandato dado a los gobernantes y en él confluyen elementos indispensables de la democracia.

Jeanine Otalora votó parcialmente a favor y se separó de dos puntos, uno en el que no se le reconozca interés jurídico a la ciudadanía para impugnar acuerdos del Consejo General del INE.

Felipe de la Mata Pizaña votó a favor debido a que comparte que el INE no tiene la facultad para la prórroga del ejercicio de la Revocación de Mandato. Recalcó que si bien el INE es el órgano encargado de su realización, hay otras dependencias que deben de garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía para la consulta.

Recordó, además que el Instituto podrá realizar una solicitud de ampliación del presupuesto, en tiempo y forma, para la Revocación de Mandato.

Mónica Aralí Soto Fregoso votó a favor del proyecto y también se separó de algunos puntos aunque se dijo a favor del proyecto y coincidió en que el Consejo General del INE no tiene atribuciones para posponer o suspender la Revocación de Mandato.

El pasado 17 de diciembre, el INE aprobó el proyecto para posponer la realización de la consulta.

En dicho proyecto se estableció que el INE continuaría contabilizando las firmas que se recolectan para llevar a cabo el proceso y también se investigarían los métodos de obtención de las mismas en ciertas entidades.

En ese momento, se recalcó que el proyecto presentado no supondría la cancelación del proceso, sino que únicamente se pospondrían, de manera temporal, algunas de las actividades previstas en los lineamientos mientras la SCJN resolvía la controversia constitucional que se interpuso o las autoridades competentes fondearan los recursos necesarios.

Incluso se dijo a favor de que instruya al INE a que a partir de enero se hiciera un esfuerzo para generar economías destinadas a fondear la bolsa para llevar a cabo la Revocación de Mandato y que se pospusieran las actividades hasta entonces.

“No se trata de una negativa por parte del INE sino de un instrumento para llenar de certeza el proceso”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova en ese momento.

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Durante su conferencia matutina en el 37 Batallón de Infantería de Tabasco, Andrés acusó que los consejeros electorales no son auténticos demócratas y solo fingen serlo.

“Son chicanadas, prácticas dilatorias, en el fondo ya está resuelto, que es lo que nos importaba.Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas”, graznó.

Acompañado por el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, y por integrantes de su gabinete de seguridad, López llamó a esperar el resultado de la discusión hoy en el órgano electoral, pero adelantó que aún queda la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe llevarse a cabo la consulta sobre revocación de mandato, eso es lo más importante: que el Poder Judicial, en este caso la Corte haya decidido que debe celebrarse la consulta”, dijo.

El mandatario aseguró que lo demás no deja de ser «secundario«.

“Si tiene dinero o no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas, aquí el tema de fondo es que se va establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato, el pueblo que es soberano pone y quita. Y había la mala costumbre de quedarnos solo con la democracia representativa y muy conchudamente (sic), apenas estaban eligiendo a gobernantes que ya se sentía intocable aunque cometiera actos de corrupción, había que aguantarnos, dañando al país”, dijo.

López manifestó que con la consulta de revocación de mandato nadie se va a poder sentir “absoluto” y deseó que esto se aplique en todos los niveles.

“Que siempre el pueblo tenga las riendas del poder en las manos: ‘te portaste bien te apoyamos, te portas mal para fuera’.

“Deberían de estar promoviendo los del INE este proceso democrático”, aseguró.

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Luego de que ayer miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retiró su registro como partidos políticos nacionales, los líderes partidarios se reunieron la noche de este miércoles para pactar la unión de sus estructuras partidarias en los estados.

Los tres partidos impulsarán candidatos en común para los cargos en juego en 2022 en los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

El PES mantiene la gubernatura de Morelos y tiene representación en la Cámara de Diputados y el Senado. Redes Sociales Progresistas alcanzó su registro en los estados de Durango, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos y Chiapas, mientras que Fuerza por México tiene representación en 15 estados.

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