El amparo fue turnado al juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Guillermo Urbina, quien aún no la admite a trámite.

Esto, debido a que la demanda llegó a dicho juzgado porque se la envió el juez Quinto de Distrito.

Por ello, el juez Urbina indicó que una vez que revise el expediente enviado por su homólogo, decidirá si admite o no la demanda de Gómez Mont.

El pasado 20 de enero la FGR dio a conocer que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos.

Derivado de esta investigación la FGR concluyó que la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, contra quienes consiguió órdenes de aprehensión y fichas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para lograr su captura por lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Las acciones penales en su contra, asegura, «ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON«.

Gómez Mont y su esposo están acusados de presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos que acumulan una cantidad de 3 mil millones de pesos y estar relacionada con el narcotráfico.

«Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto«, denunció.

Gómez Mont destacó que hay tres «puntos» que han sido reportados en la prensa.

El primero, dijo, «que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra«.

El segundo, que el 10 de septiembre de 2021, «autoridades (desconozco cuáles) le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha«, pero afirmó que las autoridades están más interesadas en que ella y su marido sean juzgados por la «opinión pública«.

En el tercer punto que denunció, Inés Gómez Mont aseguró que el Juez Zeferín Hernández, «quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad«.

«Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada«, afirmó la conductora.

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«Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista«, afirma Gómez Mont.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la conductora indicó que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.

Asimismo, dijo que ha guardado silencio para concentrarse en su defensa, además de asegurar ser inocente al no haber cometido algún delito.

«Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia«, expresó.

Investigaciones apuntan a que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, estarían implicados en el desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga.

El desvío millonario se realizó bajo la adquisición de contratos para equipar diversos penales federales.

Se presume que Gómez Mont y  Álvarez Puga se encuentran en Estados Unidos en un intento por evadir la prisión preventiva que se les impondría en caso de ser detenidos.

De ser encontrada culpable, Gómez Mont podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión.

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Fuentes federales confirmaron que el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.

La FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.

Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.

En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.

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Según información de medios de comunicación, Gómez Mont ya evitó un juicio por evasión fiscal, pagando más de 10 millones de pesos a Hacienda por contribuciones omitidas. La conductora no ha declarado al respecto.

#ÚLTIMAHORA | Se reporta que hay una orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez.

Medios nacionales apuntan a lavado de dinero y peculado como la presunta causa pic.twitter.com/LkQALJhFRH

— Periódico Síntesis (@SintesisMexico) September 10, 2021

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