El debate fue encabezado por la ministra Loretta Ortiz, quien presentó un proyecto que consideraba improcedente anular un juicio concluido, incluso si existiera sospecha de fraude. Sin embargo, la propia ministra votó en contra al señalar que ya existen mecanismos procesales para tramitar acciones de nulidad.

La ministra Lenia Batres advirtió que aplicar de manera rígida la cosa juzgada podría convalidar actos fraudulentos y vulnerar la seguridad jurídica. Propuso que debería existir una instancia que permita revisar controversias en casos de fraude procesal.

El ministro presidente Hugo Aguilar coincidió en que, si una sentencia se alcanza mediante acciones indebidas, debe reabrirse para evaluar posibles acuerdos irregulares entre las partes o con la autoridad.

En la misma línea, el ministro Irving Espinosa respaldó la creación de un mecanismo que corrija injusticias graves, aun cuando ello pueda parecer contrario al principio de cosa juzgada.

Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa señaló que existen intereses constitucionales que deben ser revisados en casos donde no fueron analizados en su momento.

La ministra María Estela Ríos recordó que ya existen recursos legales para atender juicios fraudulentos, por lo que no debería plantearse la nulidad de sentencia. Defendió que la cosa juzgada garantiza seguridad y evita que los procesos sean interminables.

Finalmente, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció de manera firme en contra de la nulidad de juicio, al destacar que la cosa juzgada es una institución fundamental en el Estado de Derecho, pues brinda certeza jurídica.

El debate en la SCJN refleja la tensión entre dos principios: la seguridad jurídica que otorga la cosa juzgada y la necesidad de corregir posibles fraudes procesales.

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La baja participación fue otro factor destacado, con un 87% de abstencionismo en la lista nominal. Además, la complejidad del nuevo formato de boleta, que requería escribir números en recuadros específicos en lugar de marcar logos de partidos, generó confusión entre los votantes.

Votos nulos y recuadros en blanco

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció 24 criterios para determinar la validez de los votos en esta elección inédita. Se consideraron nulos aquellos votos con números ilegibles, fuera de lugar o acompañados de leyendas. Por otro lado, los recuadros en blanco indicaron que los votantes decidieron no apoyar a ningún candidato.

En redes sociales circularon imágenes de boletas con mensajes como “No los conozco” o “Esto es una farsa”. Estos mensajes evidencian la falta de información sobre los candidatos y el descontento con el proceso.

Nuevos ministros en la SCJN

A pesar de la alta anulación del voto, algunos candidatos destacaron por su número de apoyos. Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena mixteco, lidera la lista con más de 4.9 millones de votos, lo que lo posiciona como el próximo presidente de la SCJN. Le siguen Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también obtuvieron un alto número de votos.

Estos resultados muestran la influencia de los “acordeones” que circularon en redes sociales. En ellos se recomendaba votar por ciertos candidatos, muchos vinculados al partido Morena.

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El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazará la petición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Esquivel, para resolver el caso de la jueza.

“La Secretaría de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título”, comentó López en la rueda de prensa diaria del Gobierno.

Las declaraciones surgen después de que la UNAM determinó el miércoles pasado que la tesis que Esquivel presentó en 1987 «es copia sustancial» de la que entregó en 1986 el entonces estudiante Edgar Ulises Báez.

Aunque la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM admitió que se copió la tesis, encargó a la SEP del Gobierno la decisión final sobre retirarle su título universitario.

Pero el secretario de Gobernación contestó este lunes que la SEP solo podría cancelar el registro, pero tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, «cosa que no ha cumplimentado la UNAM».

López consideró que el consejo universitario y el tribunal universitario de la UNAM, una de las universidades mejor clasificadas de Latinoamérica, deben decidir.

“Se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evada la responsabilidad que tiene, sino que emitan ellos una resolución”, manifestó el funcionario.

La polémica de la tesis de Esquivel, acusada de ser cercana al Gobierno, estalló en diciembre pasado durante su candidatura para ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, que el 2 de enero ganó la ministra Norma Piña.

Esquivel, propuesta en 2019 por López Obrador, ha sido controversial por ser esposa de uno de los contratistas predilectos del Gobierno y por votar a favor de temas del actual mandatario, como la consulta para enjuiciar a expresidentes y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Especialistas han advertido de que, si Esquivel perdiese su título, debería abandonar la Suprema Corte por no ser licenciada en derecho, como establece la ley, y esto desataría una crisis de legitimidad de los votos en los que ella participó.

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Sin embargo, la suspensión que otorgó la ministra Yasmín Esquivel a la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se mantiene hasta que el Pleno de la Corte resuelva el litigio de fondo.

Y es que 23 de diciembre, el pleno del TEPJF ordenó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) dependiente de la FGR, entregar al INE el referido expediente del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para ello, el INE promovió ante el TEPJF un incidente de incumplimiento de sentencia por la negativa de la FEDE de entregarle la información relacionada con los casos Pío López Obrador y Odebrecht, que le fue solicitada en reiteradas ocasiones.De acuerdo a la ministra Esquivel Mossa, de entregarse la información solicitada por el INE se vulneraría el derecho humano de protección de los datos personales.

«De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente; lo que resulta contrario la naturaleza jurídica de la medida precautoria de que se trata», establece.

El INE ha solicitado la información a la FEDE a través de los oficios INE/UTF/DRN/11586/2020 e INE/UTF/DRN/4701/2021.

«No es oponible el secreto ministerial para el INE en el ejercicio de sus funciones de fiscalización», ha dicho en su momento el magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez.

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«Se le dio vista ayer al órgano interno de control y ya esperamos a ver qué nos dicen ellos«, informó este miércoles el canciller Marcelo Ebrard tras inaugurar una oficina de pasaportes en el sur de Ciudad de México.

La polémica inició el martes, cuando la periodista Dolia Estévez del portal Sin Embargo publicó una nota que reportaba que Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, ministros de la SCJN, presuntamente se vacunaron en San Antonio con apoyo del cónsul, Rubén Minutti.

Tras el informe, la ministra Esquivel compartió una carta en la que negó haberse vacunado y afirmaba que acudió al Consulado el 1 de febrero, «día inhábil«, para visitar una sala de lactancia que lleva su nombre.

Pero este miércoles el diario Reforma publicó que Esquivel, quien fue propuesta en su cargo por el presidente Andrés López, obtuvo un certificado de matrícula consular que estas dependencias expiden para reconocer el domicilio de mexicanos en Estados Unidos.

La ministra reconoció en una segunda carta que obtuvo la matricula consular, pero argumentó que es su derecho porque en San Antonio hay una propiedad de su esposo, el empresario José María Riobóo, quien ha sido asesor del presidente.

«Como mi cónyuge desde hace 40 años tiene un domicilio en San Antonio, Texas, nuestra representación consular en esa ciudad tuvo a bien expedirme el correspondiente certificado de matrícula«, justificó Esquivel, quien además es presidenta de la segunda sala de la SCJN.

Aunque negó que exista un «turismo de vacunas«, Ebrard admitió que la SRE indaga la posible actuación del cónsul Minutti.

«No hay y si lo hay, habrá que ver qué participación tuvo el cónsul, pero eso lo va a determinar el órgano interno de control«, manifestó el titular de la SRE.

México solo ha recibido 4.69 millones de vacunas frente a las 51.8 millones de personas que en Estados Unidos han obtenido al menos una dosis, por lo que en los últimos meses se ha reportado que mexicanos de altos ingresos cruzan la frontera para obtener el fármaco.

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Por medio de una carta difundida en Twitter, la ministra aseguró que aún no se ha vacunado en México ni en Estados Unidos.

Esquivel explicó que asistió al Consulado de San Antonio el 1 de febrero para conocer un centro de atención infantil a petición del cónsul Rubén Minutti, por lo que aseguró que es falso que haya ido a vacunarse, acción que tampoco ha hecho en la Ciudad de México.

La integrante de la Suprema Corte precisó que su esposo de 80 años, José María Riobóo, tampoco ha sido vacunado. Horas antes de negarlo todo, Esquivel difundió en Twitter dos fotos de su visita al consulado de México en San Antonio, Texas.

“El 1 de febrero acudí a conocer la sala de lactancia que lleva mi nombre en el Consulado General de México en San Antonio, Texas @ConsulMexSA. Me siento muy honrada”, tuiteó.

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«Queda en lista la controversia constitucional 89/2020«, anunció la presidenta de la segunda sala de la SCJN, Yasmín Esquivel, nombrada como ministra a propuesta del presidente Andrés López.

La sala de la Suprema Corte iba a votar el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien pretendía declarar inconstitucional la «Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional» que la Sener publicó el 15 de mayo de 2020.

En un proyecto filtrado a la prensa, Aguilar concedía la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que interpuso la controversia inconstitucional en junio pasado.

La Cofece impugnó la política de la Sener porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución» al fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel Bartlett.

El orden del día establecía en un principio decidir si la política «impide el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomiendan a la actora (Cofece), en torno a los presupuestos que deben existir para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado» eléctrico.

La política de la Sener ha causado polémica desde el año pasado porque implica que el Sistema Eléctrico Nacional despache primero la electricidad generada en las plantas de la CFE sobre la producida en plantas privadas de renovables, aunque sean más baratas.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta el 14 por ciento del PIB está en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas energéticas, en la que también está un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que rechaza a las renovables por ser «intermitentes«, algo que no ha demostrado.

Al admitir la controversia de la Cofece, el ministro Aguilar suspendió en junio pasado los efectos de la política de Sener en lo que se resuelve su constitucionalidad.

Pero López ha advertido que si la Suprema Corte falla en contra de su política energética pedirá modificar la Constitución para revertir la reforma de 2013 que abrió el sector de energía a la inversión privada.

Políticos de Partido Morena han denunciado un presunto sesgo del ministro Aguilar, quien también propuso en octubre declarar inconstitucional la consulta de López contra expresidentes.

Por otro lado, la ministra Esquivel ha sido criticada por ser esposa de José María Rioboó, empresario asesor del presidente y fue su contratista favorito en la Ciudad de México fue el jefe de Gobierno.

Al enlistar la controversia constitucional, los ministros podrían discutirla en la próxima sesión de la segunda sala, el próximo miércoles 3 de febrero, o pedir que se discuta en el pleno de la SCJN por su trascendencia.

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El diario Excélsior reveló que en la esfera política en el mundo de los jueces y magistrados se mencionan a Jazmín Esquivel y a Leticia Bonifaz, aunque no a la magistrada García Villegas, por “el claro conflicto de intereses, al estar su madre en el Senado”, en referencia a la posible titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y exministra Olga Sánchez Cordero.

No obstante, el Senado tiene el poder de nombrar a los máximos jueces del país, por lo que la ministra ha sido incluida por muchos en la terna.

Asimismo, Esquivel Mossa es cercana a Marcelo Ebrard, posible próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y esposa del empresario José María Riobóo.

Por último, Leticia Bonifaz es muy cercana al actual ministro presidente, Luis María Aguilar.

La terna final será enviada el 15 de noviembre por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a dos semanas de que entregue la administración federal.

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