Es natural que en los albores de un nuevo año nos comencemos a llenar de nuevos planes y esperanzas, incluso cambios, metas que esperamos poder cumplir durante los próximos doce meses.
En esta ocasión, no solo está por terminar un nuevo año, sino que además en el 2018 habrá elecciones en donde elegiremos a la figura central de nuestro país, que es el presidente de la República.
De forma similar a cuando está por comenzar un nuevo año, nos llenamos de proyectos y expectativas cuando se trata de elegir al nuevo presidente, “este sí nos va a traer un cambio”, “vamos a tener mejores oportunidades”, pensamos y nos refuerzan la idea con la lluvia de ofrecimientos que nos hacen los prospectos.
La emoción y el apasionamiento se desbordan entre los electores quienes defienden a sus “gallos” (en mi caso nunca) cual si se tratara de su equipo favorito de futbol (menos). Los suspirantes por su parte, comienzan con la competencia de ver quién es el que mejores propuestas hace, incluso las más arriesgadas y descabelladas, ese es el momento en que la gente debe decidir a quién creer.
Normalmente, previo a una elección de esta índole, el partido en el poder procura hacerle plano el terreno al candidato de casa con acciones de toda naturaleza, las más paternalistas y de dádivas, que ponen al elector a punto.
No obstante, en esta ocasión ha sucedido algo extraño (tal vez no tanto), al aparecer dos ordenamientos que han desatado toda clase de críticas y han hecho saltar las alertas, son la Ley de Seguridad Interior y la llamada Ley Antimemes.
La Ley de Seguridad Interior faculta la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en México. De esta manera, podrán intervenir en amenazas a la seguridad interior cuando sean superadas las capacidades de las autoridades. Se acusa que la redacción de esta ley es ambigua y sujeta a todo tipo de interpretaciones, además de anticonstitucional y organizaciones como la ONU, la CNDH, entre muchos otros, han manifestado su rechazo ya que expone a la ciudadanía a excesos de la acción militar.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras voces, incluidas las internacionales, esperan que el presidente Enrique Peña vete esta ley, incluso se interpondría una acción de inconstitucionalidad ante la franca violación a los derechos humanos. Es un hecho innegable que la ciudadanía desea más seguridad, pero en el marco de la ley y con absoluto respeto a los derechos más elementales del ser humano, además, debemos recordar que las fuerzas armadas tienen pendientes algunos casos en que han sido señalados de excesos, incluida la pérdida de vidas.
Por otro lado, se impusieron restricciones a quien comunique, por cualquier medio, información, cierta o falsa, que cause deshonra o descrédito en alguien, y por si se necesitara alguna aclaración, el PRI destacó el hecho en su cuenta de twitter. Esta ley tiene una clara dedicatoria a las críticas que se realizan en internet, por lo cual se le ha llamado “Ley Antimeme”, por lo que ahora será ilícito, a través de cualquier medio, que se comunique cualquier hecho cierto o falso, si se considera que causa deshonra, descrédito o perjuicio, o exponer al desprecio de alguien.
Así que tendremos a los militares en las calles cuidando el orden (intimidando a las personas) y ya no podremos expresar alguna opinión en internet sobre el desempeño de algún funcionario público porque es delito. ¿Esta es la manera en que se allana el camino al candidato a la Presidencia de la República? ¿Son preparativos de cara al proceso electoral que se avecina? ¿O de qué manera debemos tomar estas acciones? ¿Ya no podemos, ni debemos, manifestarnos en las calles ni expresar ideas o posturas vía internet? Es un hecho que se acallan las manifestaciones y el libre flujo de las ideas.
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