Han transcurrido dos años de la desaparición de Karla Romero Tezmol, y a la fecha las autoridades locales no han dado una respuesta sobre su paradero y se carece de avances en las investigaciones, por lo que familiares y organizaciones civiles anunciaron que iniciarán un proceso internacional ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó Miriam Pascual Jiménez, de la Red Retoño.
Frente a Palacio de gobierno, donde fijaron su postura las diversas organizaciones que acompañaron minutos antes en una marcha que partió de las escalinatas al centro de la capital del estado, expuso que buscan posicionar la posible configuración de desapariciones forzadas de niñas y mujeres en el estado de Tlaxcala, ubicando el de Karla Romero como un caso emblemático que refleja toda la estructura y patrones sistemáticos de actuación y omisión del estado que pone en riesgo la vida y libertad de las mujeres y niñas desaparecidas en la entidad.
Manifestó su preocupación por las declaraciones públicas realizadas por autoridades estatales, quienes simplemente cuidan su imagen, disfrazan cifras en “perpetua impunidad”, por lo que recordaron que ya se cuenta con una Ley Federal de Desaparición Forzada que entrará en vigor el 15 de enero y que señala cuáles son sus competencias y obligaciones en materia de desaparición, “es su oportunidad de comenzar a transformar la vida de las familias, mujeres y niñas de Tlaxcala”.
Mostraron el rostro de Karla, hoy con 13 años de edad, resultado de un peritaje de progresión de edad que realizó la Procuraduría General de la República (PGR), por orden de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas; esta diligencia se realizó debido a que la investigación ha arrojado que Karla Romero se encuentra con vida y que se encuentra siendo víctima de trata de personas, por lo que estos diversos estados del rostro presentado refleja distintas modalidades en que se destruye su infancia.
Lamentaron que pese a la existencia de la denuncia de desaparición de la menor en las primeras horas, no se realizaron las acciones de búsqueda inmediata, lo cual a decir de las organizaciones repercutió en la pérdida de evidencia trascendente para su localización como el hecho de que su dispositivo continuaba encendido y no fue rastreado, la Alerta Amber se emitió 21 días posteriores a la desaparición, la desaparición de evidencia de un video, entre otros.
Por lo anterior, dijo que todas estas violaciones en el proceso tiene como consecuencia que sean las familias quienes deciden emprender la búsqueda por su cuenta. El caso de Karla, dijeron “no es un caso aislado, no ha sido la única desaparecida en San Pablo del Monte, ni en Tlaxcala, en estos dos años, tan solo en este municipio se han documentado más de una decena de desapariciones, es decir, una cada mes y medio en promedio. Nos demuestra como el estado mexicano por omisión, incapacidad, miedo o involucramiento con los grupos de criminales, el pacto de impunidad y corrupción cobra vidas”.
Señalaron que las familias y organizaciones han acudido a los llamados del gobierno, sin embargo, se reduce a una “cultura del buen trato, pues al momento no hay servidores públicos sancionados por negligencia que hoy mantienen a Karla Romero lejos de su familia, no hay sanciones a los agresores de las niñas que han sido rescatadas de sus captores”.
