Abogados y empleados de la plataforma digital de transporte público Pronto pidieron al Congreso del estado regular la Ley de Movilidad y Transporte para que no exista incertidumbre en su funcionamiento.
Luego de que presuntamente la mañana de este martes cinco unidades con igual número de conductores de la empresa fueron detenidos de manera ilegal por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), lo que provocó que sus compañeros del volante al igual que los representantes de la organización se manifestaran de forma pacífica en las inmediaciones de la dependencia estatal.
Al respecto el abogado de Pronto, Israel Calva Corro consideró que el acto de retener unidades y conductores es “ilegal”, además de que vulnera los derechos humanos de los agraviados.
“En Tlaxcala como en muchas entidades federativas no está regulado el servicio vía plataforma tecnológica del servicio público, es decir en Tlaxcala a la fecha no existe ningún ordenamiento legal que regule este servicio, las personas que estamos aquí presentes, todos generan un autoempleo, y lo que se está haciendo es restringir el derecho al empleo que tienen y que detrás de ellos tienen una familia”, abundó Calva Corro.
Incluso señaló que ya fue promovido un amparo mismo que fue admitido por la justicia federal “el amparo va encaminado para regular las plataformas, no está en manos del Ejecutivo sino del Juzgado Federal, ya determinó que el uso de las plataformas tecnológicas es diverso al servicio público y tendrá que resolver”.
Por lo anterior, pretenden que se le exija al Congreso del estado a que reforme la Ley de Movilidad y Transporte, para que la empresa Pronto no se encuentre en la incertidumbre jurídica, “porque precisamente ante la falta de legislación, provoca que la autoridad bajo el supuesto uso de sus funciones abuse y retenga a la gente trabajadora”, agregó.
Además precisó que de igual manera no existe sustento legal para que se retengan la unidades, por lo que aseguró que los elementos de la CES están incurriendo en el delito de abuso de autoridad.
De ahí que acudirán ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a interponer la denuncia correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables.
