Los alcaldes de Totolac y Tetlanohcan, Giovanni Pérez Briones y Juan Carlos Mendieta Lira, respectivamente, reconocieron que desconocen los alcances de la Ley de Seguridad Interior, luego que desde hace dos meses fue aprobada por el Senado de la Republica.
Por un lado, el presidente municipal de Totolac consideró que es necesaria priorizar una capacitación que no sólo refuerce a los elementos federales de seguridad, sino también hasta en los municipios, de lo contrario, advirtió no se tendrán los resultados esperados.
“Considero que antes de aplicarla se debe de capacitar de arriba hacia abajo en todos los niveles para que se pueda ejercer de manera prudente porque si no nos capacitamos el objetivo puede ser bueno, pero sino se hace escalonadamente y organizadamente será muy difícil”, mencionó.
En tanto que el presiente municipal de San Francisco Tetlanohcan Juan Carlos Mendieta Lira, dijo que es necesario que la sociedad en general se informe en que consiste la nueva Ley de Seguridad Interior, toda vez que en algunas ocasiones por desconocimiento se politiza el tema.
“Hay que meternos más en el tema porque por desconocimiento damos mala opinión y creo que ahí está la clave, sigo insistiendo que todas las leyes si tienen alguna modificación hay que leer bien la modificación, porque te puedo decir que todas las leyes se modifiquen a favor y no hay ninguna ley que venga en contra, de mi punto de vista debemos de analizarla y ver cómo viene realmente porque recordemos que estamos en tiempos electorales y se dicen muchas cosas y por falta de conocimiento la misma gente las cree y creo que ahí está la clave primero analizar para ver como esta”, consideró Mendieta Lira.
Es de citar que la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso de la Unión, busca entre otras cosas regular la función de fuerzas federales y militares.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra citado ordenamiento, que fue aprobado por las cámaras de diputados y senadores el año pasado, tras considerar que vulnera los derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos.
