De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), durante este año se han realizado diversas reuniones con instancias estatales y federales con las que se busca preservar las garantías individuales de personas en situación migratoria.
El titular de la dependencia estatal, Víctor Manuel Cid del Prado, explicó al respecto que a partir de los acercamientos institucionales, se busca integrar un convenio de colaboración en el que se definan los protocolos que en materia de derechos humanos deben de seguirse para evitar las vejaciones contra migrantes.
Se trata de reuniones con instancias como el Instituto Nacional de Migración (INM), Procuraduría General de Justicia (PGJE), Secretaría de Salud (SESA) y las direcciones de seguridad municipales de aquellas comunas que registren paso migrante.
Entre los objetivos primordiales se encuentra el evitar que los migrantes que pasan por territorio tlaxcalteca, sean objeto de agresiones físicas o verbales por parte de autoridades estatales o municipales, o bien que ante detenciones de elementos del INM, se respeten sus garantías individuales.
Y es que si bien aceptó que en fechas recientes ha reducido el número de migrantes violentados, también es cierto que es un fenómeno que aún se registra en algunos municipios donde el paso de migrantes es constante, principalmente en la franja centro oriente entre las regiones de Huamantla y Apizaco.
La CEDH ha establecido la necesidad de que los migrantes cuenten con condiciones que les permitan preservar sus garantías y evitar ser víctimas de la delincuencia o bien, de las autoridades.
Entre los actos que mayormente son cometidos en contra de los migrantes que, en su mayoría son de origen centroamericano, resaltan los asaltos o agresiones físicas provocadas por caídas, golpes o armas de fuego mientras van a bordo de los furgones del ferrocarril.
En las jornadas de trabajo que la CEDH ha sostenido con las instancias municipales, también se hace énfasis en la necesidad de que los policías locales como primeros respondientes adopten medidas que salvaguarden la integridad no sólo física sino moral de las personas en situación migratoria.
