El Congreso del estado desechó las solicitudes de revocación de mandato del presidente municipal, Neptalí Gutiérrez Juárez y de los regidores, mismas que interpusieron el exjuez municipal y un ciudadano de la tercera edad.
Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso local, se aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, mismo que señaló que a pesar de que el Poder Legislativo si cuenta con la competencia de iniciar procesos de revocación de mandato de munícipes, los interpuestos son improcedentes.
Por un lado, el exjuez municipal de Calpulalpan, Job Hernández Mendoza acusó que el alcalde y los regidores de manera ilegal lo destituyeron del cargo, debido a que en una sesión de cabildo fue informado de su remoción, pero nunca recibió documento o comentario alguno sobre la causa.
Mientras, que el ciudadano Joel Gerardo Espinoza Tenopala, manifestó lo que en el mes de octubre del 2017, fue despojado de su propiedad que se encuentra en la colonia Centro de la Ciudad de Calpulalpan; por comerciantes, presuntamente, establecidos por el presidente municipal, en complicidad de los demás integrantes del cabildo.
Por lo anterior, ambos afectados solicitaron de manera formal ante el Poder Legislativo, la revocación de mandato del alcalde y de los integrantes del máximo órgano del ayuntamiento.
Por lo que al resolver el Poder Legislativo, indicó “el Congreso del Estado de Tlaxcala es competente para conocer de las denuncias de revocación de mandato de munícipes… con fundamento en lo establecido en los artículos 109 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción II de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y 26 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, aplicable por supletoriedad, se desecha, por notoriamente improcedente, la solicitud de revocación de mandato…”.
Sin embargo, por lo anterior se explicó que no implica que los solicitantes puedan intentar fincar responsabilidades de carácter administrativo, penal y/o civil, en contra de los servidores públicos que resultaran involucrados.
