El gobierno del estado de Tlaxcala, ofreció disculpa pública a los siete expolicías estatales acreditables que fueron encarcelados en 2015, debido a una presunta vinculación con el delito de secuestro exprés.
En un hecho inédito para el estado de Tlaxcala, en Palacio de Gobierno funcionarios de la administración estatal realizaron el procedimiento que ordenó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como parte de la reparación del daño que estableció el dictamen del organismo autónomo.
En el acto estuvieron presentes los expolicías que fueron encarcelados, quienes no ocultaron sus gestos de rechazo y desaprobación, por lo que cometió la administración estatal anterior.
Y es que durante la gestión de Alicia Fragoso Sánchez como procuradora General de Justicia en Tlaxcala, los expolicías estatales fueron señalados de haber cometido secuestro exprés, aun cuando reportes periodísticos confirmaban que no estuvieron en el lugar en el que supuestamente se cometió el ilícito.
Al respecto José Jorge López Pérez, exdirector de la Policía Estatal Acreditable, señaló que esta disculpa no recompone lo que padecieron en la cárcel, ni mucho menos los salarios y la dignidad que tenían previo a su encarcelamiento.
Agregó que si bien aceptaban la disculpa pública, el gobierno deberá cumplir con la totalidad de la reparación del daño moral, económico, de salud y laboral, como lo estableció la recomendación 2/2018 que emitió la CEDH.
Los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Roberto Texis Texis, y el director de gobernación, Joaquín Flores Nophal, fueron los encargados de ofrecer la disculpa pública, como parte de la reparación del daño moral, a los expolicías: Efrén Rodríguez Mariano, Abel Hernández Pérez, José Jorge López Pérez, Juan Carlos Yáñez Osorno, Luis Héctor Grande Tlapale, Patricia Aguilar Hernández y Gemma Clara Badillo.
“Al respecto, se estima oportuno destacar que la mencionada disculpa pública, a manera de reparación de daño moral, tiene relación directa con actos de autoridad llevados a cabo en la administración 2011-2016, que no corresponde a la actual. No obstante, en cumplimiento a la citada recomendación, se ratifica el compromiso para que no se repitan violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos del estado”.
Los ofendidos que permanecieron en la cárcel por un lapso de más de un año, advirtieron que no habrá perdón ni olvido, y agregaron que las heridas físicas y mentales no cerrarán hasta que accedan a la justicia.
“Las heridas sólo podrán cerrarse cuando se nos haga justicia a las víctimas, esperamos que el señor gobernador, no incurra en actos como los de las autoridades que le precedieron. No habrá olvido ni perdón de los ciudadanos agravados por esta impunidad de años”.
