El estado de Tlaxcala ha tenido un crecimiento sustancial en lo que respecta a las víctimas de trata de personas registradas durante los últimos tres años y siete meses, delito que pese a los esfuerzos de autoridades, sigue siendo uno de los que ubican a la entidad como líder nacional.
De acuerdo con las cifras públicas del Sistema Nacional de Seguridad (SNSP), se muestra que Tlaxcala concentra en lo que va del 2018 un total de 22 presuntas víctimas de trata de personas, cifra más alta del periodo comprendido entre enero de 2015 y julio de 2018.
Y es que para el ejercicio 2015, la entidad tlaxcalteca tuvo reporte de únicamente cinco víctimas del delito de trata de personas. Para el siguiente ejercicio, el estado disminuyó la incidencia a cuatro víctimas, mientras que para el 2017 se elevó a diez personas víctimas de trata.
Sin embargo, llama la atención que mientras la lista delictiva del SNSP en la que se ubica la trata de personas como parte del catálogo de delitos contra la sociedad muestra que a la fecha son 17 víctimas, otro listado ubica 22 presuntas víctimas.
Se trata de aquella publicada como “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Centro Nacional de Información del mismo SNSP.
En esta última, se observa que Tlaxcala está en el segundo sitio por debajo de la Ciudad de México que de enero a julio agrupa a 46 víctimas.
De la incidencia total que hasta el momento ha tenido el estado, más del 50 por ciento han sido personas mayores de 18 años, mientras que un ligero índice está en el rango de menor de edad.
La tendencia de víctimas de trata que tiene hasta ahora Tlaxcala advierte que tendrá la estadística más alta en los últimos cuatro años, pues de hecho, la cifra que concentra con corte a julio, ya rebasó a las 19 que se tenían en conjunto durante los años 2015, 2016 y 2017.
A propósito del tema, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, coincide en señalar que Tlaxcala es una de las nueve entidades del país que concentran 81 por ciento del total de averiguaciones previas sobre trata de personas del fuero común.
Ante ese escenario, la administración estatal mantiene un plan de acción que permite ejecutar estrategias que prevengan, erradiquen y sancionen ese delito que flagela en mayor medida a las mujeres.
