Como parte fundamental de la tarea de procuración de justicia, la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral amplió las funciones del ministerio público, al conferirle la responsabilidad de presentar pruebas y realizar alegatos en el juicio oral.
Para el estado de Tlaxcala, hasta el 2017 se registraron en la entidad 1.8 Ministerios Públicos por cada cien mil habitantes, situación que ha ido en aumento gracias a la reconfiguración de los servicios en la entidad.
En este sentido, la tasa de agentes y fiscales de ministerio público por cada cien mil habitantes se situó en 6.2 para el caso de Tlaxcala, es decir un índice por debajo del agregado estatal estimado en 8.2 agentes por cada 100 mil habitantes.
Referente a lo anterior, 43.8 de los agentes son hombres y 56.3 son mujeres, cifras que corresponden al agregado nacional que suman a 49.3 por ciento de agentes hombres y 50.7 agentes femeninas.
Estas estadísticas se dieron a conocer en el marco del Día Nacional de Ministerios Públicos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las cuales marcan un importante avance en impartición de justicia.
Cabe señalar que la distribución salarial en el estado es igual tanto para hombres como para mujeres, pues el rango general de ingresos oscila en su totalidad entre los 10 mil y 20 mil pesos por cada mes de trabajo.
De tal forma que, con la implementación de este nuevo sistema, las actividades del ministerio público se ampliaron, pues ahora, por ejemplo, ya deben vigilar en todo momento que se cumplan los derechos humanos mientras se desahogan las investigaciones.
Ante la importancia de las funciones que realizan los ministerios públicos en la procuración de justicia, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia instituyó el 22 de octubre como el “Día Nacional del Ministerio Público”.
El propósito es reconocer la función que desarrollan los ministerios públicos, tanto federales como locales, y su importancia en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Existen de igual forma, cifras sobre la estructura organizacional con que cuentan los ministerios públicos de las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas y los recursos humanos que disponen para ejercer la función de procuración de justicia y el papel que juega en la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal.
