Los integrantes de la LXIII legislatura local aprobaron el acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el que se determinó desechar por improcedente la solicitud de suspensión y posterior revocación de mandatos de tres autoridades del ayuntamiento de Tzompantepec.
De acuerdo con los legisladores, el oficio presentado en diciembre pasado por los ciudadanos Norberta Guzmán, José Hernández, Ángela García, Martín Alfaro, Leonor Moreno, Armando Loranca, Alma Baéz, Maciel Castillo y Enrique Márquez en contra de del alcalde Arturo Rivera; la sexta regidora, Dominga Rodríguez y el secretario Arturo Guevara, no se ajusta a los criterios que establece la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Puesto que de acuerdo con dicha legislación las causas para la revocación de mandato de alguna autoridad es por abandono de funciones, por actuar en contra de los intereses de la comunidad y porque la mayoría de los ciudadanos del municipio pidan la destitución, cosa que no sucedió con el edil, ya que la inconformidad de este grupo de pobladores es porque supuestamente ha omitido tomar medidas para evitar la invasión de casas.
Mientras que en el caso de Dominga Rodríguez, los diputados descubrieron que no fue electa para desempeñar ese cargo, como propietaria ni como suplente, pues tales atribuciones, le corresponde a Paulina Araceli Solís Vázquez y Sofía Vázquez Bonilla, por lo que se desconoce de qué forma le fue conferido ese deber a esa persona, además de que el Congreso no fue notificado de la situación.
“Quienes integramos la Comisión dictaminadora no tenemos información en el sentido de que este Poder Legislativo Local hubiera efectuado la designación de referencia a favor de Dominga Rodríguez Salamanca (…) tampoco se detecta, ni obra en el expediente parlamentario en que se actúa, información o documento que acredite que se hubiere emitido el acuerdo de Cabildo relativo”, indicó.
En el caso de Arturo Guevara, secretario del ayuntamiento la solicitud tampoco procede porque él no forma parte del cuerpo edilicio puesto que no ostenta encargo público de elección popular.
El diputado Víctor López Castro, quien voto en contra del dictamen, señaló que la problemática de venta de casas de forma irregular se ha presentado en ese municipio desde que él era alcalde y a la fecha no se le ha dado solución, por lo que lamentó que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos “no haya investigado a fondo”.
