A más de cuatro años de que 41 transportistas iniciaran un procedimiento legal en contra de la empresa Urbanos y Sub Urbanos SA de CV, para cancelar la concesión de sus unidades de transporte público y explotarla de manera directa, a la fecha no han obtenido una contestación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), lo que podría ocasionar que pierdan sus permisos al no poder renovar sus unidades que están por cumplir los diez años de antigüedad.
Lo anterior, lo dio a conocer Miguel Xochihua Rodríguez, quien en conjunto con un grupo de transportistas disidentes acudieron este jueves a Ciudad Judicial para solicitar a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Administrativa (TJA), María Isabel Pérez González, dar una resolución inmediata.
Indicó que el trámite se inició con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), quien ha hecho lo conducente y en diferentes fechas ha emitido su resolución al respecto cancelando dichas concesiones, por lo que ahora resta llevar a cabo el trámite de re concesión, pero sin el fallo del TJA es imposible continuar el proceso.
“No podemos culminar con ese procedimiento porque a todo procedimiento judicial la Ley de la materia le da la oportunidad de interponer un recurso, en este caso es el recurso de revisión y mientras no exista una resolución por parte de este tribunal nuestra situación jurídica esta sub júdice, es decir, que está en espera de una última resolución”, explicó.
Asimismo, mencionó que los 41 concesionarios continúan trabajando de forma agrupada únicamente con 51 unidades, puesto que algunas de sus camionetas dejaron de circular por que ya había cumplido con el decreto de antigüedad establecido.
El representante de los transportistas, recordó que iniciaron este procedimiento luego de que en mayo de 2014 descubrieran que USU tenía un adeudo con el IMSS debido a que no cumplió con sus obligaciones patronales.
“Nosotros pagábamos cincuenta pesos diarios para que la empresa hiciera el pago de todas las obligaciones pero nunca los hicieron. La empresa USU fue embargada por el IMSS y un grupo de choferes a los que despidió injustificadamente mismo que demandaron y les debe un laudo de 10 millones de peso”, dijo.
Xochihua Rodríguez, expuso que otro de los socios fundadores, Ignacio Pérez, inició un procedimiento similar un año en el otrora Sala Electoral Administrativa y él ya obtuvo una respuesta a su favor, por lo que este Tribunal ya tiene un antecedente en el que le dan la razón a la Secte respecto de la resolución de cancelación.
“Nosotros estamos en el mismo supuesto, es una copia fiel, los mismos procedimientos, creemos que ahora como Tribunal con un aumento de magistrados y ponencias la resolución, debería ser inmediata”, concluyó.
