Al momento, 31 de 42 entes que solicitaron una audiencia con la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura local, han hecho patente este derecho y de acuerdo con la diputada Zonia Montiel Candaneda hasta ahora estos encuentros han sido positivos.
En entrevista, indicó que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha hecho las aclaraciones pertinentes a los ayuntamientos, ya sea porque les faltó algún documento complementario para cerrar expedientes o que durante la revisión de la obra, está aún no estaba concluida.
“Algunos de los entes tienen un rebase del siete por ciento, pero la gran mayoría que solicitó audiencias fueron los municipios que tienen dudas y aunque no están por encima de ese porcentaje, tienen la intención de contribuir en el segundo proceso que se dará una vez que se califique cuenta pública, ahí iniciarán los procedimientos administrativos resarcitorios y tendrán la posibilidad o la oportunidad de nuevamente solventar o defenderse de lo que a su derecho convenga”, explicó.
En lo que respecta al Ayuntamiento de Zitlaltepec encabezado por el alcalde Alejandro Juárez Cajica, quien no entregó las cuentas públicas respectivas al último semestre del ejercicio fiscal 2018 y del primero de 2019, la legisladora subrayó que derivado de los lineamientos que la Legislatura, aprobado el pasado 28 de mayo, la cuenta del año pasado quedaría reprobada de manera automática.
Para este jueves, tocó el turno de audiencia a los ayuntamientos de Papalotla, Teolocholco, Yauhquemehcan y Quilehtla; el alcalde de este último municipio, Óscar Pérez Rojas, reconoció que el Congreso del estado podría no aprobar su cuenta pública del 2018, debido a que no solventó entre 20 y 30 observaciones, que en términos monetarios ascienden a aproximadamente 8 millones de pesos.
Cabe mencionar que la diputada Zonia Montiel Candanda, reveló que las audiencias programadas para este viernes, correspondientes a los ayuntamientos de Huatzinco, Teacalco, Zacualpan y Tetlatlahuca, fueron reagendadas para la próxima semana, debido a los trabajos que mantienen respecto del juicio político en contra de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala.
