Elizabeth Piedras Martínez, comisionada presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), señaló que no han dejado de dispensar las prerrogativas a los partidos políticos con registro en el estado.
Lo anterior derivado de las disminuciones que recibirán las prerrogativas en beneficio de los partidos políticos, cuyo ordenamiento aún no se encuentra claro, señaló Piedras Martínez.
“Primero tendríamos que ver cómo va a quedar plasmado en la ley y saber si se va a modificar la fórmula, porque nosotros en este momento otorgamos prerrogativas a los partidos político conforme a la establecida en la ley de partidos políticos local”.
Recordó que dicha ley va en función de la constitución, por lo que al momento se han apegado a la fórmula establecida en los documentos legales que les facultan para dispersar recursos financieros entre los entes políticos de Tlaxcala.
“Se tendría que hacer toda una modificación al a ley existente para nosotros podamos entonces hacer reducciones a la prerrogativas que reciben actualmente los partidos políticos”.
Comentó que al momento esperan a conocer y revisar el sentido en el que se manejan las reducciones de presupuesto para los partidos con registro, además de aguardar la aprobación de la actual legislatura local.
Para que por ende, esta impacte en las leyes electorales y sea el ITE en órgano que acate y modifique los ordenamientos referentes a la reducción de prerrogativas otorgadas a entes partidistas.
Refirió que esta determinación podría tratarse de un riesgo para los partidos políticos, porque se verían afectados las estructuras y los trabajos que desempeñan a nivel local, por lo que insistió en esperar a la revisión correspondiente para emitir una opinión concreta.
“Cualquier institución, cualquier dependencia que tenga disminución de recursos, se afecta en la operatividad y en este caso afectará la operatividad de los institutos políticos”.
Refirió que la revisión de los documentos funcionará también para conocer si los entes partidistas podrán allegarse de recursos provenientes de otras fuentes y sobre todo, evitar que se hagan de recursos ilícitos que después no podrán ser fiscalizados.
Finalizó al mencionar que esta decisión no le pertenece a las autoridades electorales locales, sino de las legisladoras y legisladores y lejos de las opiniones emitidas, dicho ordenamiento se deberá acatar llegado el momento.
