Tras la publicación a través de redes sociales de la “oferta” de servicios sexuales a domicilio que ofrece un centro nocturno ubicado en el municipio de Apetatitlán la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un acuerdo de   radicación y atracción con motivo de la publicación de una nota periodística en el  portal electrónico www.animalpolitico.com bajo el rubro “ONG denuncian  explotación de mujeres y riesgo ante COVID-19 por servicios de ‘table’ a domicilio”.

En este sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una investigación por la posible comisión de un delito que atente contra la salud pública, y de igual forma, contra la libertad y dignidad de las mujeres, por lo que a través del personal adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (UIDAI) se indagará con perspectiva de género la posible comisión de un delito relacionado con la explotación sexual o de alguna otra conducta que atente contra la integridad de las féminas que laboran para el establecimiento.

En el comunicado emitido por la CNDH, señala que se inició la investigación de oficio y atrayendo un caso de probable explotación  de mujeres y grave riesgo a su salud ante la enfermedad denominada COVID-19, al ofertarse servicios sexuales a domicilio en el estado de  Tlaxcala.

Luego de que “Asociaciones defensoras de derechos y feministas exigieron a las autoridades investigar a centros nocturnos y negocios de explotación  sexual que ofrecen servicios de ‘table dance’ a domicilio en Tlaxcala, tras el cierre  de locales por el COVID-19”, ya que consideran atenta no solamente contra el  derecho a la salud, sino por discriminación y posible trata de personas con fines de  explotación sexual.

Ante lo que la CNDH ha exhortado a que todas las acciones que establezca el gobierno mexicano para enfrentar la  propagación del COVID 19, se den en el marco de los derechos humanos e  incorporen la perspectiva de género a fin de garantizar la dignidad y seguridad de la población mexicana.

Por su parte, la PGJE ha exhortado a la población de que en caso de ser víctimas de un delito, pueden acercarse al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), el cual continúa brindando atención a las usuarias las 24 horas del día, los siete días a la semana.

Asimismo, la dependencia reiteró que se investigará la violación a las medidas preventivas impuestas por el Gobierno del Estado para evitar el contagio del virus COVID-19, en las que se determinó que a partir del jueves 26 de marzo, bares y centros nocturnos suspenderían sus servicios hasta el 20 de abril.

Cabe mencionar, que en el posicionamiento público que realizaron las OSC y activistas feministas mismo que dio pasó a que se iniciaran las investigaciones, señala que muchos de los establecimientos como bares y centros nocturnos del país han publicado “alternativas comerciales” para ofrecer servicios de “table dance” a domicilio.

Lo cual atenta no solamente contra la salud pública, sino por discriminación, y trata de personas con fines de explotación sexual, ya que en algunos de esos bares se han señalado como espacios donde se explota sexualmente a niñas y adolescentes.

Señalan que este tipo de centros nocturnos alcanzan un gran número en el estado, lo que es preocupante considerando el grave contexto de violencia sexual que se vive en Tlaxcala, pues la entidad es claramente identificada como un foco rojo debido al corredor de Trata de Personas con fines de explotación sexual que opera en la demarcación tlaxcalteca, un crimen trasnacional y uno de los tres delitos más lucrativos del mundo.

Desde el viernes 3 de abril del año en curso en medios digitales, redes sociales y medios impresos se han difundido anuncios y/o publicidad sobre los “servicios” y promociones que establecimientos de este tipo – e incluso aparentes notas informativas – han empezado a ofrecer como servicio particular y “en las casas” de los posibles clientes sin importarles la contingencia sanitaria, compartiendo “paquetes y ofertas” para continuar lucrando con los cuerpos de las mujeres; esto evidencia la grave realidad de violencia y riesgos a los que muchas están expuestas en Tlaxcala, Monterrey, Puebla, Veracruz, Baja California, entre otros.

 

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