A lo largo de su administración, el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, se ha caracterizado por un constante uso de las redes sociales, pues a través de las mismas, ha compartido con la opinión pública, distintas actividades de su agenda, situación que sin duda alguna es positiva, pues en diversas ocasiones, he sostenido que los gobernantes y autoridades en general, deben aprovechar las distintas tecnologías para acortar el distanciamiento existente entre el Gobierno y la ciudadanía, propiciando no solo la rendición de cuentas claras y accesibles, sino también el debate de distintas cuestiones relevantes dentro del ámbito público en beneficio de la democracia.
En este sentido, el pasado 27 de julio, el titular del Ejecutivo local, compartió dos tweets, a propósito de una reunión que sostuvo con los gobernadores de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz; así como con senadores, dentro de los cuales se encontraba el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, con la finalidad de participar en una “Mesa de trabajo hacia una reforma penal”.
Sin embargo, el tweet que más llamó mi atención, fue el segundo, en el cual escribió: “2/2 Sobre la propuesta de reforma de @alejandromurat, y con participación de @omarfayad y @CiutlahuacGJ, dije que los Ministerios Públicos necesitan procedimientos ágiles y efectivos para cerrar en el sistema penal la llamada “puerta giratoria” que permite liberar delincuentes”.
Considero necesario rescatar estas dos publicaciones, porque sin duda alguna, la reflexión del Gobernador encuadra en una cosmovisión equivocada, que en muchas ocasiones se encuentra presente en la opinión pública, la cual se traduce en pensar que el problema de la falta de acceso a la justicia en México, comenzó en el año 2016, con la implementación en todo el país del Proceso penal acusatorio y oral, y por lo tanto, es necesario reformar distintas cosas dentro del mismo, como si antes no hubiera existido la impunidad, y por ende la injusticia en este país.
Esta concepción errónea y limitada en los distintos servidores públicos encargados de idear e implementar las decisiones trascendentales para México, puede ser bastante peligrosa, sobre todo si tomamos en cuenta, que el Proceso penal acusatorio y oral, tiene dentro de sus finalidades, garantizar la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.
En consonancia con lo anterior, es clave que el Gobernador se refiera a la “puerta giratoria que permite liberar delincuentes”, porque ilustra de cuerpo entero la ignorancia que aún existe en el tema, debido a que si muchos procesos no culminan con una sentencia condenatoria, una reparación del daño o una salida alterna, y por el contrario, desembocan en la liberación del probable responsable, no es precisamente producto del sistema penal de manera general, sino por incompetencia en las investigaciones de los delitos, así como violaciones a derechos humanos que comúnmente se realizan a lo largo de las mismas y al momento de detener a los probables responsables de la comisión de algún delito.
Aprovechando que toco el tema de las investigaciones de los delitos, deberíamos preguntarnos si para el caso concreto de Tlaxcala, el problema de impunidad es producto de la ausencia de procedimientos ágiles y efectivos para el Ministerio Público dentro de la legislación penal vigente (como lo asegura el Gobernador, sin siquiera mencionar cuáles podrían ser los mismos); o por el contrario, tiene que ver más con algunas situaciones que se presentan dentro de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (encargada de investigar los delitos), la cual, por cierto, a diferencia de lo que acontece en otros estados con Fiscalías Autónomas, sigue siendo un órgano centralizado de la administración pública estatal, lo cual implica que depende directamente del Gobierno del Estado de Tlaxcala, encabezado por el mismo Mena Rodríguez.
Con la finalidad de esclarecer la interrogante anteriormente señalada, conviene hacer referencia al “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019”, realizado a comienzos del mes de septiembre del año anterior, por la organización de la sociedad civil denominada Impunidad Cero, el cual analizó cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal.
Delación en la noticia criminal
Técnicamente, se puede decir que el Proceso penal acusatorio y oral comienza con la noticia criminal, es decir, una denuncia, querella o requisito equivalente, las cuales se tienen que presentar ante el Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Al efecto, el índice realizado por Impunidad Cero, señala que en promedio, el tiempo necesario para denunciar un delito en la Procuraduría tlaxcalteca es de 238 minutos, es decir, casi cuatro horas, convirtiéndola en la peor institución del Ministerio Público en el país en este rubro. Del otro lado del índice, en primer lugar, se encuentra el Estado de Durango, en el cual se requieren un promedio de 80 minutos para denunciar un delito.
Efectividad de investigación menor al 20%
Impunidad Cero señala que un indicador clave para evaluar los resultados de las fiscalías y procuradurías del país, es la efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por el órgano jurisdiccional correspondiente. Si bien es cierto, Tlaxcala se encuentra como la tercer mejor entidad en este rubro, la realidad es que su efectividad de investigación una vez que se logra esta aprehensión, es menor al 20%, por lo que la utilidad en la aprehensión se ve diluida, desperdiciada.
Sin recursos, difícilmente van a haber resultados
Tlaxcala es el Estado que menos presupuesto per cápita destina a la procuración de justicia, con un total de $106, situación que dista bastante de la primera posición, la cual es ocupada por la Ciudad de México, pues dicha entidad destina $740 per cápita al mismo rubro. Estos datos tan preocupantes, aunados a algunos otros que no he mencionado, generan que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, sea colocada por Impunidad Cero, como la más ineficiente a nivel nacional, con una calificación reprobatoria de 36.96%.
Entonces ¿se debe reformar el Proceso penal acusatorio y oral?
Claro que sí, por una simple lógica de que todas las leyes deben ir evolucionando de la mano del devenir social, además de que todo sistema es perfectible. Sin embargo, considero que también se deben realizar reformas de manera cuidadosa, porque de lo contrario, pueden resultar contraproducentes, como lo hubieran resultado el paquete de reformas supuestamente filtradas hace algunos meses, a través del cual se pretendía la eliminación del juez de control de garantías, mismo que tiene la finalidad de verificar que las detenciones en flagrancia o caso urgente hayan sido realizadas conforme a derecho, respetando en todo momento los derechos humanos del detenido (que para este momento del proceso todavía no es culpable).
Considero que las reformas que verdaderamente deberían de ocupar al Gobierno local en materia de procuración de justicia, son las relacionadas con la figura de la Procuraduría General de Justicia, la cual sin duda alguna debe seguir la tendencia de las fiscalías autónomas en el país. En los últimos sexenios es claro que la figura del Procurador ha sido utilizada de manera política por los mismos gobiernos, un ejemplo de esto, es cuando en ocasiones, ha sido enviado en representación del Gobierno local a informes municipales, función que nada tiene que ver con la de un órgano investigador de delitos.
Es necesario que los Ministerios Públicos y la policía de investigación cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con sus labores, como lo son los distintos aditamentos de la función policial e investigadora; cursos de actualización en materia operativa y de derechos humanos; así como condiciones de trabajo dignas, dentro de las cuales se encuentran los salarios, porque se pueden hacer las reformas que los legisladores quieran, que los Gobernadores propongan; pero si el Ministerio Público no sabe como desenvolverse en las mismas, el fracaso seguirá siendo el mismo.
Twitter: @JUANFERESPINO
