Después de una semana de divertirnos con videos de ladrones golpeados por sus víctimas (y de estremecernos y horrorizarnos con el video de un supuesto delincuente quemado vivo por una turba), ahora sacude a la opinión pública un video, entregado por Emilio “L” (que es la forma ridícula en que la fiscalía pretende proteger la identidad de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex) junto con documentos y nombres de testigos que involucran, nada más, a los dos últimos expresidentes.
Emilio Lozoya lleva de esta manera la delación a las cumbres de lo sublime. Algunos personajes públicos, acusados del único delito que puede cometer un funcionario, robar y que te cachen, habían enviado a la cárcel o cuando menos a la defenestración a algunos compañeros de latrocinio. Así lo hizo Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol, mencionando a otros funcionarios menores con la intención de negociar algún beneficio. Como recordamos, para obtener los privigelios que otorga el llamado “criterio de oportunidad”, que incluyen la posibilidad de no pisar la prisión, la ley exige que sean entregados por el delator personajes por arriba de éste en la estructura criminal, o sea, sus jefes. En vez de ello, Rosario Robles entregó a meros achichincles.
Pero desde que aceptó su extradición desde España, es evidente de Lozoya Austin había negociado con la 4T convertirse en la kriptonita de la administración de Enrique Peña Nieto. Y en la estructura de poder del gobierno de extracción priista no había más que dos hombres por arriba de Lozoya: Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y el mismísimo Peña Nieto. Como tan grande fue el premio, así de grande fue su recompensa: no tocar la cárcel, recibir un trato privilegiado y usar el parapeto de una supuesta anemia. Es el rock star de los soplones.
Pudo haber recurrido a algún subterfugio, a alguna pequeña treta que le permitiera insinuar, suponer o indicar al gobierno morenista la pista de las verdaderas presas que persigue. Pero el martes 11 de agosto de 2020 el misterio se desveló: el extitular de Pemex, hombre importante del gobierno peñanietista, presentó ante la Fiscalía General de la República la denuncia inédita, rompiendo así la omertà: declaró que Videgaray y Peña Nieto, le ordenaron pedir y recibir sobornos por más de 100 millones de pesos, procedentes de la empresa petrolera brasileña Odebrecht y destinarlos a la campaña de Peña (para pago de asesores extranjeros),
La petrolera brasileña también contribuyó con la modernización peñanietista, al haber permitido al funcionario entregar varios sobornos que sumarían 424 millones de pesos para ser repartidas entre varios legisladores (un diputado y 5 senadores) y un secretario de Finanzas de un partido, para aprobar las reformas legislativas propuestas por el régimen.
También denunció privilegios otorgados a la empresa Etileno XXI en la compra de insumos, mismos que ocasionaron fuertes pérdidas al gobierno del anterior presidente, Felipe Calderón Hinojosa.
¿Se puede pedir más? Sí. Conocer a fondo los documentos, el video y lo que los supuestos testigos puedan decir. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera procesar a los dos presidentes que en su momento lo vencieron en las urnas (o lo “robaron”, según se prefiera) podría parecer una vil venganza. Pero la principal víctima de Felipe “C” y Enrique “P”, si se comprueban los dichos de Emilio “L”, no es AMLO: es el país. Y eso justifica cualquier dicha persecución.
