Ana Lilia Rivera Rivera
Por primera vez en la historia de nuestro país, se ha presentado una denuncia contra un ex presidente, en este caso, Enrique Peña.
El “Caso Odebrecht” está destapando una realidad que muchos mexicanos ya sabíamos: la profunda y lastimosa corrupción de una parte de la clase política de este país, esa clase política que se enraizó y creció en el suelo malo del antiguo régimen.
Como muchas voces han insistido en numerosas oportunidades, la corrupción es el principal mal que aqueja a la sociedad mexicana.
Sin embargo, a diferencia de lo que llegó a afirmar el propio Peña cuando hacía mal uso de la alta investidura que consiguió gracias a los millones de pesos que fraudulentamente se malversaron en la campaña presidencial de 2012, la mayor parte de la gente en México rechaza y reprueba la corrupción. Ni de lejos es una práctica cultural de nuestro país.
La corrupción es un mal hábito de personajes de los que ahora sabemos cuáles estrategias seguían para lograr sus fines.
Ahora nos hemos enterado que el dinero sucio, que corrió a raudales en los sexenios del neoliberalismo, tenía un propósito muy claro: poner a remate las riquezas de nuestro país al mejor postor. Sabían que tenían que recurrir a riadas de dinero para comprar y acallar conciencias.
Las fuerzas entreguistas que concurrieron en el Pacto por México fueron convocadas por intereses mezquinos. Son los mismos que durante al menos tres décadas usufructuaron el poder, alineados a doctrinas que sólo benefician a unas minorías rapaces.
Los dirigentes de los partidos que suscribieron ese acuerdo gestaron una lastimosa traición a la patria, junto con diputados federales y senadores de aquella legislatura, que avalaron las mal llamadas reformas estructurales, como la energética y la educativa.
Esas reformas significaron un retroceso para los intereses del país, y afectaron a sectores muy sensibles e indispensables para la sociedad mexicana, como los profesores. Pero tampoco podemos olvidarnos de otras reformas igual de desventajosas para la gente, como la laboral, la de telecomunicaciones o la financiera. En todas quedó grabada la impronta de la corrupción, que sólo veía por los intereses de unos cuantos.
Ahora, con la denuncia presentada contra Enrique Peña se da un paso más para acabar con la impunidad que ha lacerado a México desde hace siglos. Es hora de que quienes saquearon al país, rindan cuentas y paguen por lo que hicieron.
Se acabó la añeja costumbre de los políticos corruptos, que veían en el erario una extensión de su patrimonio.
Los mexicanos esperamos que las investigaciones que siga la Fiscalía General de la República saquen a la luz pública el entramado de complicidades que se daban en el círculo de los corruptos, lo mismos que han saqueado al país.
Es hora de que se termine con el aura de intocables que rodea a los corruptos. Que les quede claro: los mexicanos no vamos a permitir que sigan estas prácticas, que han profundizado la desigualdad y la injusticia social.
Es hora de que devuelvan lo que se han llevado. Es hora de que rindan cuentas. Pésele a quien le pese, hay que llegar hasta el fondo de estas tramas corruptas y desterrarlas para siempre.
