Las iniciativas de reformas legales del gobierno federal para prohibir la subcontratación laboral, conocida como outsourcing, ponen en riesgo millones de empleos formales, reconoció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, José Noé Altamirano Islas.
Por lo anterior, señaló la importancia de construir un nuevo andamiaje legal a partir del consenso con el sector privado para combatir las prácticas fraudulentas, al tiempo que lamentó que justo en medio de las crisis de salud y económica que ha generado la enfermedad del Covid–19, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado una serie de iniciativas de reformas legales.
Indicó que el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas para que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.
Apuntó que el paquete de iniciativas propone reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Refirió que este hecho pone en riesgo millones de empleos formales que aún subsisten a nivel nacional e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC). Además, la iniciativa causaría efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles el Impuesto sobre la Renta (ISR) y acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), catalogando tales actos como defraudación fiscal.
El también representante del Centro Empresarial Tlaxcala (CET), apunta que podría convertirse en una barrera burocrática, al requerir autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para las personas físicas o morales de brindar sus servicios, ahora con un carácter especializado que deberá renovarse cada tres años y su inscripción en un padrón público dando mayor carga administrativa para el patrón, en lugar de que éste se enfoque a la productividad de su negocio.
“Como sector patronal nos hemos pronunciado al respecto y refrendamos estar de acuerdo con que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación (outsourcing) para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal”, acotó.
Mencionó que la iniciativa privada está “a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la subcontratación laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir”.
El llamado es a construir un nuevo andamiaje legal a partir del consenso con el sector privado, ya que se tenía el compromiso del gobierno federal de que así fuera y ello no se cumplió.
