La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada la madrugada de este día por Morena y sus aliados del PT y PES en la Cámara de Diputados, encarecerá el costo de la luz en los hogares mexicanos, afirmó la diputada Adriana Dávila Fernández.
Las familias del país, añadió la legisladora federal por el Partido Acción Nacional (PAN), pagarán más dinero por un servicio que no será eficiente, lo cual va en detrimento de la economía familiar.
Una vez que concluya el proceso legislativo con la aprobación en el Senado de la República, añadió, su partido acudirá a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por evidentes violaciones a la Carta Magna.
Al respecto, el también diputado del blanquiazul, Hernán Salinas Wolberg, destacó debido a los amparos y controversias constitucionales, será un año de incertidumbre jurídica, lo que podría ocasionar apagones y falta de energía eléctrica en el país.
Explicó que la reforma pretende que sea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que suministre la energía eléctrica, cuando esta no tiene la capacidad técnica, logística ni tampoco lo recursos para hacerlo.
Dávila Fernández y Salinas Wolberg coincidieron en que esa situación generará también incertidumbre en las empresas extranjeras, porque no podrán competir ante el monopolio del Estado, toda vez que será la propia CFE la que determine quién podrá participar en este proceso.
En ese sentido, el legislador por Nuevo León explicó que en el suministro de energía eléctrica se favorecerá a las centrales eléctricas de la CFE, lo que significa que estas tendrán prioridad en el despacho sobre el capital privado, lo que viola los principios de libre competencia.
Asimismo, Dávila Fernández sostuvo que esta reforma atenta contra diversas disposiciones legales como la Ley Federal de Competencia Económica, así como tratados internacionales de los que México es parte.
Sostuvo que el PAN trabaja para proteger el orden constitucional y convencional del país, mientras el presidente, su gobierno y su partido avalan una reforma que tendrá como consecuencia una mayor proporción de energía contaminante y más costosa en el país.
La reforma, agregó la diputada federal por Tlaxcala, va en contra de la certeza jurídica, el crecimiento económico y el bien común, beneficiando a una empresa estatal por encima del interés común y social.
“Se atenta contra el progreso de la producción de energías limpias al modificar el esquema de los Certificados de Energías Limpias, y preferir la energía producida por CFE, siendo esta más cara y sucia”, puntualizó.