El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la fiscalización del Proceso Electoral Federal y los 32 Locales concurrentes 2020-2021 al aprobar los dictámenes respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes.

En sesión extraordinaria el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, reveló que como resultado de la revisión que realizó la autoridad electoral, se aprobaron sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas de acuerdo con  la siguiente tabla:

PartidoSubtotal FederalSubtotal LocalTotal
Fuerza por México32,247,959.9070,727,301.58102,975,261.48
Morena66,659,349.79306,450,744.39373,110,094.18
Movimiento Ciudadano3,777,719.2669,420,393.5373,198,112.79
Partido Acción Nacional10,149,446.6378,317,962.7288,467,409.35
Partido de la Revolución Democrática12,087,103.9730,756,534.9542,843,638.92
Partido del Trabajo16,021,177.5269,933,921.0485,955,098.56
Partido Encuentro Solidario12,376,418.7242,710,207.4755,086,626.19
Partido Revolucionario Institucional14,949,322.6078,778,726.5193,728,049.11
Partido Verde Ecologista de México11,970,811.6572,567,770.2384,538,581.88
Redes Sociales Progresistas29,891,128.1271,022,107.70100,913,235.82
Subtotal210,130,438.16890,685,670.121,100,816,108.28
PP Local96,832,989.7896,832,989.78
CI33,069.785,971,343.576,004,413.35
Totales210,163,507.94993,490,003.471,203,653,511.41

*Derivado de las votaciones en particular que se presentaron a lo largo de la discusión, los montos de las sanciones sufrirán modificaciones que se impactarán en los acuerdos definitivos que haga públicos el Instituto.

Al dar cuenta del tamaño del trabajo realizado a 49 días de concluidas las campañas, Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.

También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.

El Consejero Presidente agradeció el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización por las dimensiones inéditas que dieron lugar a la fiscalización más grande de la historia de la democracia mexicana, la cual, a pesar de tener muchas cosas por mejorar, demostró ser un modelo viable.

Al presentar los proyectos de resolución, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, aseguró que los dictámenes dan cuenta del cumplimiento del INE para auditar en tiempo real el origen y destino de los recursos erogados durante las campañas, para que se pueda proceder a la calificación de las elecciones.

La Consejera informó que, derivado de la revisión que realizó la autoridad electoral, se pudo constatar que únicamente el 1.6% de los informes a nivel local no fueron presentados por los actores obligados, además de que se actualizaron 274 rebases de topes de gastos de campaña de 239 candidaturas no ganadoras y 35 ganadoras a nivel local, aunque sólo en 5 casos la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%.

Agregó que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.

Tipo de ConductaMonto involucradoSanciónProporción
Egreso no reportado350,572,383.18348,256,817.2429%
Egreso no comprobado211,300,358.51104,744,532.319%
Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior  o el mismo día de su celebración102,077,546.368%
Omisión de reportar operaciones en tiempo real (Registro extemporáneo en el SIF (Periodo de Ajuste)593,330,143.3388,705,651.967%
Omisión de reportar operaciones en tiempo real (Registro extemporáneo en el SIF (Periodo Normal)1,498,048,705.0674,245,740.716%
Egreso no reportado representantes de casilla59,884,927.0353,914,331.644%
Ingreso no comprobado49,579,213.9548,360,367.074%
Ingreso no reportado31,533,651.1346,537,000.614%
No reportó con veracidad16,680,215.8833,360,431.763%
Omisión de reporte de gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña20,780,152.0531,076,708.203%
Reportar en un informe distinto14,994,590.4522,491,733.852%
No reportó eventos en la agenda, no obstante, la autoridad detectó la celebración de eventos onerosos21,704,440.462%
Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración19,492,390.722%
Beneficio indebido entre candidaturas18,459,838.0818,459,838.112%

*Derivado de las votaciones en particular que se presentaron a lo largo de la discusión, los montos de las sanciones sufrirán modificaciones que se impactarán en los acuerdos definitivos que haga públicos el instituto.

Incumplen partidos con destinar el 40% del financiamiento público a sus candidatas mujeres

La Consejera Carla Humphrey subrayó la omisión de los partidos para destinar el 40% de sus recursos públicos a las candidaturas de mujeres a nivel local, ya que sólo en cuatro entidades se cumplió el requisito.

Frente a ello externó su rechazo al criterio de sanción por esta falta, que va de la amonestación pública hasta el 150% del monto que no se destinó, ya que el principio constitucional de paridad no admite graduaciones.

La Consejera Norma De la Cruz añadió que esta sanción no es suficiente para inhibir la conducta e incentiva a los partidos a no cumplir con el financiamiento establecido del 40% para mujeres.

Por ello, estimó que la sanción no contribuye a combatir o erradicar la violencia política en razón de género y resulta incongruente con el espíritu del acuerdo, por lo que llamó a ser firmes e imponer una sanción contundente ante la vulneración del principio de paridad.

De igual forma, De la Cruz evidenció la necesidad de aumentar la sanción relacionada con la persistencia de partidos y coaliciones de contratar bienes y servicios con proveedores que no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que permitan dar certeza de la legalidad de todas las operaciones.

Las infracciones más recurrentes requieren de un estudio más a fondo para prevenirse

El Consejero Martín Faz señaló que las infracciones más recurrentes y encaminadas a dificultar las tareas de auditoría en tiempo real, así como aquellas que transgreden los cimientos del modelo de fiscalización merecen un estudio más amplio para prevenir su repetición.

De igual forma estimó indispensable reconocer que, ante la premura con que deben dictaminarse y resolverse la fiscalización, resulta muy complejo investigar a fondo  la veracidad y legalidad del total de las operaciones registradas.

“Necesitamos llegar al fondo del asunto y descubrir si las operaciones fueron  reales, tangibles y materiales, y si no lo fueron, identificar a las personas físicas responsables a efecto de estar en posibilidades de allegar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales los elementos probatorios que requiere para que se apliquen las sanciones penales que correspondan”, abundó.

El Consejero José Roberto Ruiz llamó la atención sobre 84 candidaturas que no fueron fiscalizadas y que requieren el inicio de un procedimiento oficioso ante la importancia de cumplir con el mandato de completar el ejercicio de fiscalización.

“No debe pasar que haya personas que sí fueron votadas, que aparecieron en los PREP, pero no fueron fiscalizadas; no lo podemos componer, pero sí podemos dar cuenta y transparentar cuáles fueron esos ingresos y gastos en esas campañas”, sentenció.

El Sistema de Fiscalización permitió la revisión de más de 11 mil millones de pesos

El Consejero Ciro Murayama recordó que, a pesar de los señalamientos, no hay otro país del mundo que audite tan a fondo a los partidos políticos gracias a un sistema que funciona y que permitió que se registrara y revisara más de 11 mil millones de pesos.

“Una vez más, el INE en tiempos muy cortos, concluye la fiscalización en el tiempo previsto por la ley. Esto es dar certeza para que la calificación de las elecciones ocurra con todos los elementos que deben de tener frente a sí las autoridades jurisdiccionales”, añadió.

Murayama aseveró que la misión se cumplió y se demostró nuevamente que en México hay instituciones que hacen su trabajo, cumplen con la ley y no deterioran la calidad de su labor, sino por el contrario realizan un trabajo que debe llenar de orgullo.

El sistema de fiscalización funciona bien

El Consejero Jaime Rivera llamó a no menospreciar las magnitudes del trabajo de fiscalización y mencionó que “las omisiones no constituyen hoy la regla general; más bien son anomalías de parte de algunos actores políticos”.

En este sentido, destacó dos logros del sistema electoral: “el sistema de fiscalización funciona sorprendentemente bien y los sujetos obligados lo van cumpliendo cada vez en mayor grado.”

Frente a ello pidió no caer en la falacia de crear la idea de que “nada de esto funciona y hay que tirarlo, como se hace sobre muchas cosas sin reconocer los logros del sistema electoral mexicano que abarca a la autoridad y a los sujetos obligados”.

La Consejera Dania Ravel se sumó al reconocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización a cargo de Jacqueline Vargas, por el arduo trabajo que desarrolló al revisar más de 35 mil 892 informes presentados por los sujetos obligados en las 32 entidades federativas.

Mencionó que, durante la revisión, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó un monitoreo de la propaganda en vía pública a través de 3 mil 900 recorridos en donde recopiló 110 mil 152 testigos principalmente de bardas, mantas y espectaculares; además de identificar 9 mil 25 testigos en medios impresos y 50 mil 692 en páginas de internet.

Durante la sesión, el Consejo General también aprobó el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y las coaliciones locales, de las candidaturas a cargos de presidencias municipales correspondientes al proceso electoral local extraordinario 2020-2021 en el estado de Hidalgo.

 

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