En apego a lo previsto en la Constitución, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año 2022, que asciende de forma global a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, precisó que el cálculo de estos recursos no admite debate o negociación alguna, ni para el Instituto ni para la Cámara de Diputados que determina el presupuesto anual de la federación.
“La Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. No es un monto que el INE arbitrariamente define”, sentenció.
Ante las pretensiones de una reforma electoral, Córdova Vianello mencionó que desde la reforma política de 1977 hasta la de 2020 nunca se ha pretendido eliminar dichas prerrogativas, lo que refleja el impacto que tienen para garantizar la equidad de las elecciones, fomentar el pluralismo en la vida democrática y han impedido que intereses privados se impongan.
Frente a ello estimó que resulta fundamental un debate constructivo y con miras de Estado, que analice de forma integral el modelo de financiamiento y no sólo una disminución de cifra, por lo que ante una eventual reforma es crucial definir objetivos.
“Sin objetivos claros y diagnósticos fundamentados, una reforma electoral en medio de un contexto de intolerancia, polarización y lleno descalificaciones, podría abrir la puerta a la primera contrarreforma electoral en la historia de nuestra democracia”, abundó.
Al presentar el punto, la Consejera Claudia Zavala aclaró que ante los recientes señalamientos que buscan confundir y desprestigiar a la institución por su presupuesto, que incluye el financiamiento previsto constitucionalmente para los partidos, INE ha cumplido cabal y satisfactoriamente con su deber constitucional en 277 procesos electorales.
Este costo del INE, añadió, no es un capricho, sino que garantiza la emisión gratuita de las credenciales de elector, la actualización permanente del Padrón Electoral, así como las actividades de organización, capacitación, fiscalización y procesos de estimación estadística de resultados que se realizarán en los procesos electorales locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Por lo que cualquier crítica, debate o cambio que quiera darse o proponerse respecto del costo de las elecciones y, en este caso, de los montos del financiamiento de los partidos políticos, corresponde a la ciudadanía y a sus representantes en la Cámara de Diputaciones y no al INE.
