Gabriela Hernández Islas y María Elena Teloxa Díaz integrantes del «Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad» expresaron que el estado vive un momento histórico, pues la CNDH presentó una acción que pretende resarcir derechos que habían sido olvidos para las personas con discapacidad y los grupos vulnerables.
Por eso destacó que esta acción pensada en las y los ciudadanos con discapacidades funcionará para tener una educación inclusiva en todos los espacios necesarios, pues para los contextos que se viven en la actualidad mencionaron que es importante, relevante e imprescindible logar que la voz de la PCD y los grupos vulnerables sean escuchados.
Por lo que la acción que emana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitirá en términos de dignidad la inclusión de todos y todas; sin embargo y de acuerdo a Hernández Islas es necesario que la consulta se efectúe con seriedad para logra una educación inclusiva, pues se requiere una transformación social, política, económica y un cambio de ideales de todos los ciudadanos.
Abundó que se puede lograr una educación inclusiva logrando una transformación y transición, así como una cuestión holística que incluya muchas perspectivas.
Señaló que los pueblos originarios y las personas con discapacidad tienen que ser participes de acciones y cambios que conviertan la educación segregatoria e incursionista a una educación inclusiva.
Pues para lograrlo se requieren herramientas, conceptos y lugares; «la dignidad de las personas con discapacidad y pueblos originarios debe de estar al frente del proceso Legislativo», indicó.
Pues el proyecto con la iniciativa de lograr que se cumplan los derechos de dos grupos olvidados de acuerdo a integrantes del «Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad» debe ser digna y necesaria y siempre y cuando sean considerados todas las aristas de una educación inclusiva.
La propuesta dispuesta por la CNDH y en colaboración con la SCJN al emitir su determinación, ordena al Congreso del estado llevar a cabo una consulta a estos dos grupos, tanto a pueblos originarios como a personas con discapacidad para que con el resultado de dicha consulta, se legisle en materia de educación y la vuelva verdaderamente incluyente.
