En días pasados se extendió a nivel nacional e internacional la noticia sobre la sentencia de hasta 39 años de prisión, emitida por la Corte Federal del distrito este de Nueva York en USA, a cinco integrantes de la red de tratantes Meléndez Rojas, oriundos del municipio de Tenancingo, Tlaxcala. Si bien lo anterior es relevante en materia de acceso a la justicia para las víctimas, evidencia nuevamente que hay un problema patente en el estado que sigue sin ser atendido de manera adecuada e integral, así lo refirió el Centro Fray Julián Garcés A.C.
Con lo anterior, señalaron que los testimonios de las víctimas que denunciaron esta red, difundidos en diarios internacionales y nacionales, «Indignan: violencia, engaños, abusos sexuales, amenazas, control y secuestro. A su vez dichos testimonios reiteran los mecanismos de enganche y el impacto en las mujeres y niñas, que hemos denunciado desde hace más de tres lustros desde el Centro Fray Julián Garcés», aseguraron.
Además que la red de tratantes referida llevaba más de diez años operando, hasta que una de sus víctimas logró escapar. Pues reiteraron que los hechos son una muestra de lo que sigue operando en Tlaxcala, México y Estados Unidos. «Los testimonios que se han vertido son la vivencia de muchas víctimas ahora mismo, y pueden ser la vivencia de muchas otras si no se realizan estrategias claras y efectivas que prevengan esta grave violación a derechos humanos que es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual», comentaron.
Por lo que el Centro Fray Julián Garcés opinó que la noticia reitera que Tlaxcala continúa siendo territorio de alerta por la operación de tratantes y por la existencia de las víctimas a quienes han sometido. «A pesar de ello, incoherentemente el gobierno en el estado se empeña por desconocer la problemática. Esta semana el Secretario de Gobierno, Sergio González, en su comparecencia ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del estado refirió que “no hay delincuencia organizada en Tlaxcala”, cuando claramente operan redes de tratantes en medio de toda impunidad y en presunto contubernio con agentes de Estado», refirió la asociación civil.
Asimismo, en este mismo mes, la Procuradora General de Justicia del estado, Ernestina Carro Roldán señaló en octubre de 2021 que “de los 60 municipios en Tlaxcala, solo en 15 se han detectado indicios de trata de personas”. Mientras que la presidenta municipal de Tenancingo, Micaela Guzmán, en noviembre pasado negó que existiera trata en su jurisdicción.
En 2021, al emitirse la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, refirió que “Tlaxcala se encuentra entre las entidades con los índices más altos de trata de personas y explotación sexual”. El problema es evidente, mientras que la atención que se le da es absurda, aseguró el Centro J.G.
Así, frente a la reciente sentencia de la red Meléndez Rojas de Tenancingo, reiteraron que es sumamente relevante que, para erradicar la trata de niñas y mujeres, no son suficientes las acciones de una Procuraduría sino que requiere de una atención integral, además de sancionar, prevenga y atienda esta grave violación a derechos humanos de manera integral como lo marca la legislación local, nacional e internacional.
Por ello, señalaron de urgente que el Consejo estatal contra la trata realice el trabajo que le corresponde y apruebe el Programa Estatal contra la Trata de Personas, con la participación de sociedad civil y academia, teniendo muy en cuenta que la prevención —particularmente la implementación de políticas públicas de reeducación masculina que desestructuren la generación de hombres explotadores o demandantes de las víctimas— es un eje esencial para evitar la proliferación de tratantes y la existencia de mujeres y niñas víctimas de explotación sexual.
