Por: Doctor Rubén Blanca Diaz*
México enfrenta una crisis de violencia que ha dejado miles de víctimas en condiciones de vulnerabilidad. A pesar de los avances legales, como la Ley General de Víctimas (2013) y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el acceso a la justicia sigue siendo un privilegio para unos pocos. Las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos se enfrentan a un sistema judicial lento, opaco y, en muchos casos, revictimizante.
Un marco legal insuficiente
En teoría, México cuenta con un sólido marco jurídico que garantiza los derechos de las víctimas: desde la reparación del daño hasta la protección contra sus agresores. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Según el Informe sobre la Situación de los Derechos de las Víctimas en México (2022), solo el 5% de los delitos denunciados llegan a una sentencia condenatoria. La impunidad, que ronda el 95%, refleja la incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar a los responsables, aún y cuando en 2008 se tránsito a un nuevo sistema de justicia penal y se implementó en 2016 hasta ahora sus resultados no convencen a nadie.
Obstáculos en el acceso a la justicia
Las víctimas enfrentan múltiples barreras:
- Falta de recursos económicos: Muchas no pueden costear abogados o pericias, lo que las coloca en desventaja frente a los victimarios.
- Corrupción e ineptitud institucional: Procuradurías y fiscalías carecen de capacidad técnica, y en muchos casos, las investigaciones se archivan sin resultados, los funcionarios inhiben la denuncia con muchos pretextos
- Revictimización: Las víctimas son sometidas a largos procesos burocráticos, declaraciones repetitivas y, en casos de violencia de género, a cuestionamientos sobre su credibilidad.
- Falta de protección efectiva: Aunque existen mecanismos como el *Programa de Protección a Víctimas*, muchos testimonios revelan que las medidas son insuficientes o no se aplican.
Deben de existir más asesores jurídicos capacitados en las defensorías públicas y como abogados particulares
El papel de la sociedad civil
Ante la ineficacia estatal, colectivos y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o Justicia para Nuestras Hijas han sido fundamentales para acompañar a las víctimas y presionar al gobierno. Casos como el de María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido evidencian cómo la lucha social puede lograr avances, aunque con enorme desgaste.
Conclusiones: Justicia que no llega
México necesita una transformación profunda de su sistema judicial: más recursos, fiscalías autónomas, protocolos especializados y una verdadera voluntad política. Las víctimas no pueden seguir esperando. Como sociedad, exigir justicia no es solo un acto de solidaridad, sino una obligación ética para evitar que la impunidad siga siendo la norma, como hasta ahora.
Crimen que no se sanciona se repite.
Mientras el Estado no cumpla, la deuda con las víctimas seguirá creciendo.
*sobre el autor: Abogado, activista, miembro activo de la Asociación de docentes capacitadores y tutores de educación superior del Estado de Puebla, Sociedad Mediana de Estudios Electorales y Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
