Por: Dr. Rubén Blanca Díaz
México es un país de contrastes: una riqueza cultural e histórica inmensa coexiste con una realidad cotidiana donde el respeto a la ley parece ser la excepción, no la norma. Desde el ciudadano que se pasa un alto, hasta el funcionario que opera en la opacidad, la falta de una cultura de cumplimiento legal y el debilitamiento de los valores éticos han generado un círculo vicioso que frena el desarrollo del país.
La normalización de la ilegalidad
En México, la transgresión de las normas se ha vuelto parte del paisaje diario. Ejemplos hay muchos: la corrupción en trámites públicos, la evasión fiscal, la piratería, la invasión de espacios públicos e incluso el “jeitinho brasileño” adaptado a la mexicana: «el que no transa, no avanza», “la honestidad es el patrimonio de los tontos”. Esta mentalidad no solo mina la confianza en las instituciones, sino que perpetúa un sistema donde la ley se aplica de manera selectiva, dependiendo del poder económico o político de quien la infringe.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países, una posición que refleja la profundidad del problema. Pero más allá de las grandes cifras está la realidad cotidiana: ¿cuántas veces hemos visto a alguien comprar un acta de nacimiento “exprés” mediante una mordida? ¿O a un negocio operar sin facturas para evadir impuestos?
¿Falta de valores o falla del sistema?
Algunos argumentan que el problema es cultural, heredado desde la Colonia, como lo asevera Rubén Escalante Gonzalvo en su obra Ciudadanos Imaginarios, donde las leyes se imponían desde una autoridad lejana y ajena al pueblo. Otros señalan que el verdadero problema es la impunidad: “Cuando las leyes no se aplican, se enseña que violarlas no tiene consecuencias”, afirma la socióloga Laura González.
Los valores cívicos, como el respeto a lo público, la honestidad y la responsabilidad social, se debilitan cuando el mismo Estado no da el ejemplo. Casos como el de “El Chapo” Guzmán escapando dos veces de prisiones de máxima seguridad, o los escándalos de corrupción en el gobierno anterior y actual, envían un mensaje claro: “Si los grandes lo hacen, ¿por qué yo no?”
Las consecuencias de vivir en un Estado de derecho débil
El incumplimiento sistemático de la ley tiene costos profundos:
Desconfianza institucional: la gente no denuncia delitos porque no cree en la justicia.
Economía informal: casi el 56 % de los trabajadores están en la informalidad, según el INEGI, lo que reduce la recaudación y limita los servicios públicos.
Violencia e inseguridad: cuando no hay legalidad, surgen formas paralelas de «justicia» (linchamientos, autodefensas).
Fuga de inversiones: las empresas prefieren países con certidumbre jurídica.
¿Hay solución? Hacia una nueva cultura de legalidad
Expertos coinciden en que el cambio requiere:
Educación cívica desde la infancia, no solo en escuelas, sino en medios y familias.
Castigo real a la corrupción, sin excepciones para políticos o empresarios.
Incentivos al cumplimiento: simplificar trámites, reducir burocracia y premiar a quienes pagan impuestos (no al revés, como cuando se incentiva el incumplimiento).
Liderazgo ético: que los gobernantes den el ejemplo.
México no necesita más leyes (ya tiene miles), sino voluntad para cumplirlas. Mientras la ciudadanía siga viendo la norma como algo flexible, el país seguirá estancado en el atajo fácil, pero costoso, de la ilegalidad.
¿Seremos capaces de cambiar?
La respuesta no está solo en el gobierno, sino en cada uno de nosotros y nuestras acciones.
Sobre el autor:
Abogado, activista, docente universitario, miembro activo de la Asociación de Docentes Capacitadores y Tutores de Educación Superior del Estado de Puebla, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y la Red Internacional de Investigadores en Educación.
