Por: Dr. Ruben Blanca Díaz
(Resumen de ponencia del II Congreso Internacional de Derecho UNISON)
Cuando en el lejano 2008 se promulgó la reforma constitucional que instauró el sistema penal acusatorio en México, el país creyó estar frente a una revolución judicial.
Se concibió como un nuevo paradigma en la justicia penal y prometió un modelo transparente, ágil, con juicios orales que reducirían la impunidad y devolverían la confianza ciudadana.
Diecisiete años después de aquella reforma y casi una década de su implementación obligatoria en 2016 el panorama es por demás desalentador: los niveles de impunidad superan el 90 %, los procesos siguen siendo lentos y burocráticos, el acceso real a la justicia sigue siendo un privilegio para pocos y además no se acopla a la realidad social y económica de nuestro país.
Una reforma con buenas intenciones, pero mal implementada, un modelo importado, siendo incapaces de crear un modelo propio y adecuado a nuestras realidades.
El sistema acusatorio nació con el objetivo de poner fin al modelo inquisitivo, opaco y escrito, donde los expedientes engordaban en escritorios y los imputados podían pasar años en prisión preventiva sin sentencia. Se buscó privilegiar el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, los cambios estructurales exigían recursos, capacitación y un rediseño profundo de ministerios públicos, policías, jueces, defensores y litigantes. Nada de eso ocurrió con la seriedad necesaria. Según especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la reforma se aplicó “a medias” y con enormes desigualdades entre estados. En muchos tribunales, las audiencias orales son solo una formalidad: el rezago de carpetas de investigación, la falta de peritos,las deficiencias en la recolección de pruebas y la incapacidad policial, hacen que los casos colapsen antes de llegar al juicio.
Impunidad récord y víctimas desprotegidas
El gran termómetro del fracaso está en las cifras: México mantiene una impunidad de más del 95 % en delitos denunciados, según el Índice Global de Impunidad 2024. En otras palabras, solo seis de cada cien crímenes reciben una sentencia. Las víctimas no encuentran reparación ni justicia, ni pueden acceder efectivamente a celeridad procedimental, mientras que los responsables suelen evadir el castigo gracias a investigaciones deficientes, argumentos falaces o a procesos que se caen por “errores técnicos”
A ello se suma el abuso de la prisión preventiva oficiosa, que contradice el espíritu del sistema acusatorio. Más de 90 000 personas siguen presas sin sentencia, muchas por delitos menores, mientras que criminales de alto perfil extrañamente logran enfrentar el proceso en libertad o gozan de algún amparo donde evitan enfrentar al sistema.
La brecha entre el papel y la realidad
Uno de los mayores obstáculos es la falta de profesionalización de los operadores del sistema. La policía sigue siendo el eslabón débil: en la mayoría de los estados, los agentes carecen de protocolos sólidos para el manejo de evidencias y de capacitación en técnicas de investigación. Los ministerios públicos, sobrecargados y mal pagados, enfrentan hasta 200 carpetas al mismo tiempo.
Por otro lado, el sistema se diseñó para funcionar con independencia judicial y transparencia, pero la corrupción sigue siendo una sombra constante. La presión política en casos mediáticos y la desigualdad en el acceso a defensores y asesores jurídicos de calidad generan juicios desequilibrados.
¿Reforma fallida o falta de voluntad?
Los críticos coinciden en que el fracaso radica no solo en el modelo acusatorio, sino en la falta de voluntad política para dotarlo de recursos y autonomía. Países como Chile y Colombia demostraron que los juicios orales pueden reducir la impunidad si se acompañan de inversión, capacitación y fortalecimiento institucional.
En México, la apuesta por una “justicia pronta y expedita” quedó en discurso. El nuevo sistema fue presentado como la panacea para erradicar la corrupción y la arbitrariedad, pero terminó atrapado en las mismas viejas prácticas: burocracia, lentitud, desconfianza pública y discrecionalidad.
Un reto impostergable
El colapso del sistema penal acusatorio no es solo un problema técnico: representa un riesgo para el Estado de derecho y para la paz social. Mientras las víctimas sigan sin justicia y los criminales sin castigo, dándole la vuelta al sistema, la violencia y la desconfianza hacia las instituciones seguirán creciendo.
La pregunta que queda es si México está dispuesto a corregir el rumbo:
hacer las adecuaciones legislativas y operativas necesarias, tales como invertir en formación e inteligencia policial y pericial, depurar los ministerios públicos, garantizar verdaderamente el derecho a la defensa y al debido proceso. De lo contrario, el sistema penal acusatorio será recordado como otra gran promesa rota de la democracia mexicana, “mucho ruido,pocas nueces”
sobre el autor: Abogado Notario y Actuario egresado de la BUAP , maestro en derecho y ciencias penales, Doctor en Derecho, litigante,activista, miembro activo de la Asociación de Docentes Capacitadores y Tutores de Educación Superior del Estado de Puebla AC, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, La Red Internacional de Investigadores en Educación y la Asociacion Mexicana de Estudios Internacionales
