Por Enrique Padilla Sánchez
México atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de seguridad. Lo que durante años parecía una problemática focalizada en ciertas regiones del país, hoy se ha convertido en una crisis nacional que afecta la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.
Hablar de inseguridad ya no significa únicamente hablar de estadísticas o cifras oficiales. Significa hablar del miedo que sienten madres y padres cuando sus hijos salen de casa; de comerciantes que viven bajo amenazas; de carreteras inseguras; de empresarios que frenan inversiones; de jóvenes que crecieron normalizando la violencia y de ciudadanos que, poco a poco, han perdido la confianza en las instituciones.
Esa es la realidad que vive México y sería irresponsable intentar maquillarla con discursos políticos o narrativas triunfalistas.
Durante años, desde el poder federal se impulsó una estrategia de seguridad basada en el lema “abrazos, no balazos”, presentada como una alternativa distinta al combate frontal contra el crimen organizado. Sin embargo, el tiempo y los hechos han demostrado que dicha estrategia no logró devolverle la tranquilidad al país.
Por el contrario, la percepción de inseguridad creció en gran parte del territorio nacional. Estados históricamente golpeados por la violencia como Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán o Guerrero continúan enfrentando escenarios complejos donde el crimen organizado mantiene presencia, control territorial y capacidad de intimidación.
Miles de familias mexicanas han tenido que abandonar sus hogares por miedo. Negocios han cerrado sus puertas ante las extorsiones y comunidades enteras han quedado atrapadas entre disputas criminales y la ausencia de autoridad.
Eso no puede minimizarse ni justificarse
En el caso específico de Sinaloa, las críticas hacia la administración de Rubén Rocha Moya son cada vez más constantes. Diversos sectores sociales, empresariales y ciudadanos han manifestado preocupación por el deterioro de la seguridad, las desapariciones, los hechos violentos y las afectaciones económicas derivadas de esta crisis.
La ciudadanía merece gobiernos que enfrenten los problemas con responsabilidad y resultados, no administraciones que pretendan negar lo evidente.
Pero además de la violencia cotidiana, existe otro tema que resulta profundamente preocupante para la democracia mexicana: la posible intervención del crimen organizado en procesos políticos y electorales.
Desde hace varios años, distintas voces de oposición han señalado la necesidad de investigar posibles vínculos o presiones criminales dentro de algunos procesos electorales en el país. No se trata de acusaciones menores ni de temas que deban utilizarse como simple confrontación partidista; se trata de proteger la legalidad, las instituciones y la confianza ciudadana.
Porque cuando el crimen organizado logra influir en decisiones públicas o estructuras de poder, el daño para México es enorme.
En el Partido Revolucionario Institucional hemos sostenido con firmeza la necesidad de investigar cualquier irregularidad y exigir transparencia absoluta. La ley debe aplicarse sin excepciones y sin importar nombres, cargos o partidos políticos.
México necesita instituciones fuertes, autoridades con carácter y una estrategia integral que verdaderamente combata la impunidad.
Y sí, también es importante reconocer que ningún partido está exento de errores históricos. Los ciudadanos tienen memoria y saben perfectamente que el problema de la inseguridad no nació ayer. Sin embargo, hoy la exigencia social es clara: el país no puede continuar por el mismo camino mientras la violencia sigue creciendo.
La prioridad debe ser México, no las campañas políticas permanentes
Las familias mexicanas no quieren más confrontaciones estériles entre partidos; quieren vivir tranquilas, salir a trabajar sin miedo y recuperar la paz que poco a poco se fue perdiendo.
En Tlaxcala tampoco podemos conformarnos ni acostumbrarnos a la indiferencia. Nuestro estado merece vivir con tranquilidad, con oportunidades, con instituciones sólidas y con gobiernos que verdaderamente estén a la altura de los retos que enfrenta la ciudadanía. Tlaxcala merece algo mejor que la simulación, el silencio y la falta de resultados.
La seguridad no puede seguir reducida a slogans, conferencias o discursos propagandísticos. Requiere inteligencia, coordinación institucional, fortalecimiento policial, inversión en prevención y un compromiso auténtico con la legalidad.
Nuestro país merece volver a creer en sus instituciones. Merece recuperar la tranquilidad y reconstruir la confianza ciudadana.
Porque más allá de cualquier diferencia política o ideológica, ninguna nación puede construirse entre violencia, miedo e impunidad.
Y México y Tlaxcala no deben acostumbrarse jamás a vivir así.
