Para contribuir a la construcción de una normatividad ajustada a la realidad y a las necesidades del país, Luis González Placencia, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), participó en el inicio de los foros temáticos nacionales: “Hacia la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México”, organizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), bajo el tema “Derecho humano a la ciencia”, concepto rector y eje fundamental del anteproyecto de esta legislación.
Durante su exposición, González Placencia señaló que, en este contexto de análisis, vale la pena distinguir entre el derecho fundamental a la ciencia y la libertad de investigación, aspectos que revisten importancia para la consolidación de un nuevos escenarios, por lo que, en este sentido, el derecho esencial a la ciencia indica que todas las personas deben gozar sin discriminación de los beneficios del progreso científico, mientras que, la libertad de investigación, se refiere al ejercicio pleno de esta profesión, la cual atañe a este grupo de expertos.
En consecuencia, los límites de la libertad de investigación dependen del tipo de financiamiento que se reciba para tal situación: si se realiza con recursos propios, su frontera es de tipo ético y legal, por lo tanto, la publicación de resultados podrá quedar en el sector, y cuando esta labor se verifica de manera privada, es decir, con el dinero de una empresa o institución de este mismo carácter, los cercos conducen al ámbito contractual que se impone tras la firma de un acuerdo para la realización de esta tarea.
El rector de la UATx apuntó que, los investigadores, fungen como garantía para que el derecho a la ciencia brinde beneficios y resultados excelentes a todas las esferas, de ahí que, el estado, tiene la obligación de destinar los recursos a las prioridades nacionales y además, debe rendir cuentas ante la ciudadanía, quienes son los titulares, ejercicio que consistirá en explicar las decisiones tomadas para jerarquizar las necesidades, la asignación de recurso y el empleo.
Refirió que, quienes construyen el conocimiento en el sector público, representan al estado mexicano frente a la ciudadanía, por lo que deben indagar acerca de las problemáticas nacionales y, en el sector privado, ellos deciden los sujetos de estudio, ejercen un derecho de tipo patrimonial, contractual y los límites de su libertad de investigación se imponen con base en los acuerdos signados para tal actividad.
Finalmente, Luis González afirmó que, la obligación de garantizar el derecho a la ciencia, es del estado y sus dependencias, por lo que esta acción exige privilegiar a las instituciones públicas y a sus organizaciones.
