Ante el incumplimiento de la legislación laboral, un total de 35 empresas de la entidad recibieron multas por el orden de los 3 millones 362 mil 175 pesos de enero a julio, informó la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Viviana Barbosa Bonola.
En entrevista, la funcionaria federal comentó ocho casos fueron por negativa patronales a inspecciones en el centro laboral y el monto de las multas fue por 528 mil 430 pesos.
Detalló que en cuatro casos se impidió la supervisión en materia de seguridad, salud e higiene en el trabajo, en dos sobre condiciones generales de trabajo, en una sobre capacitación y adiestramiento, y en la restante sobre las tres materias de revisión en una textilera donde se registró un accidente y no hubo apertura ni disposición para realizar la inspección, por lo que sumaron estas acciones a las sanciones correspondientes.
Cabe precisar que el monto global de la multas aplicadas en lo que va de 2017 representa el 22.7 por ciento de los 14 millones 817 mil 470 pesos de este concepto de todo 2016, mientras que las sanciones por negativas patronales para que se realicen las inspecciones equivalen al 39.2 por ciento del millón 348 mil 300 pesos aplicado en todo el año pasado contra 21 empresas del año pasado.
Este año se han resuelto 50 procesos contra centros laborales y 35 casos resultaron condenatorios por los 3.3 millones de pesos, de esos 14 fueron absolutorios y uno fue improcedente, llevando el beneficio a mil 478 trabajadores de la entidad.
En más información, Barbosa Bonola indicó que el pasado 18 de julio recibió la denuncia de un trabajador por el despido de 50 empleados en una empresa de seguridad privada en Chiautempan.
“La persona manifestó que poco más de 50 trabajadores fueron despedidos de este centro laboral y denunció que la empresa no proporciona vacaciones, no cubre a tiempo los salarios a la quincena ni da aguinaldo”, apuntó.
Por lo anterior, la STPS realizó la inspección a la empresa y la parte patronal respondió que va a presentar la documentación administrativa dentro de un plazo de cinco días que le permite la ley.
Señaló que durante la inspección se detectó que la empresa de seguridad privada ha cambiado de manera constante de domicilio y la razón social la ha modificado en diversas ocasiones.
Incluso dijo que los empleadores argumentan que a consecuencia de perder una licitación es que concluyeron la relación laboral con varias personas, pero será hasta que presenten las evidencias que acrediten la no vulneración de los derechos de los trabajadores, es como se va a concluir este asunto.
