Casi el 90 por ciento de adquisición de servicios y otorgamiento de contratos públicos se han realizado bajo adjudicación directa y el doce por ciento mediante licitaciones a nivel federal, dio a conocer el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En rueda de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Noé Rodríguez Roldán, aseguró que la adquisición de servicios y el otorgamiento de contratos públicos, deben ser siempre a través de licitaciones, bajo los principios de ética, transparencia y legalidad.
Dicho lo anterior, dio a conocer que 138 mil 894 contratos que ha suscrito el gobierno federal, se han llevado a cabo por medio de adjudicación directa, 21 mil 173 por licitación pública, doce mil 685 por invitación a tres participantes y 803 sin especificar.
“El presupuesto federal para programas sociales, se ha caracterizado por no tener reglas de operación, existen 409 mil millones de pesos en el 2020 a comparación de 387 mil del 2019, lo que refiere 21 mil millones de pesos más”.
Esto refiere a recursos que se encuentran fuera de la rendición de cuentas, y aseguró, será utilizado de manera discrecional, sin la certeza de que llegará a las familias mexicanas.
Por otra parte, Rodríguez Roldán explicó que el dinero que el gobierno federal ha designado a programas sociales y que sí cuenta con reglas de operación, ha disminuido en más de 34 mil millones de pesos.
“Es decir que para este año se gastará más dinero en programas sociales que no tienen pies ni cabeza, sin la seguridad de que llegará realmente a las y los mexicanos que necesitan de dicho apoyo”.
La estructura priista hizo un llamado para que los subsidios que otorga el gobierno federal a sectores públicos y privados a nivel estatal y municipal, deberá ser transparente en su totalidad.
Sin embargo, reveló el presidente del PRI en Tlaxcala que para este 2020 se observa que más del 63 por ciento del dinero no se obliga tener reglas de operación, casi seis por ciento más en comparación al 2019.
“De manera que su uso puede ser discrecional, sin ninguna lógica, más que de los intereses propios del gobierno de México. Las reglas de operación han sido olvidadas de manera voluntaria, lo que atenta contra la legalidad y transparencia”.
