Foto: Mizpah Zamora/Síntesis
La sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de Brasil, por la nula justicia a trabajadores que por años realizaron labores forzadas en la hacienda “Brasil Verde”, hace una diferencia entre lo que es trata de personas, esclavitud y explotación sexual, pero además, confirma la viabilidad para reformar y agregar los medios comisivos a la actual Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, señaló la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández.
En conferencia de prensa, Dávila Fernández, ratificó que hay elementos para modificar la norma, por eso, el próximo jueves la CIDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara Alta, participarán en la conferencia “La responsabilidad del estado en la persecución del delito de trata de personas, esclavitud y formas análogas a la esclavitud”, asimismo, presentarán el caso de los trabajadores de la hacienda “Brasil Verde” y el contenido de la sentencia de la CIDH emitida el pasado 20 de octubre de 2016.
En la sede del Senado Mexicano, se reunirán los conocedores de este asunto, al respecto, Dávila Fernández expuso que hay artículos de la sentencia que fundamentan un trabajo correcto para sancionar a los delincuentes y atender a las víctimas.
Indicó que existen dos tesis aisladas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto del artículo 10 de la Ley Contra la Trata, las cuales generan contradicción y no permiten una clara interpretación del delito, lo que propicia impunidad para los delincuentes.
En otro tema, la senadora por Tlaxcala reconoció el trabajo conjunto que realizó la oficina de la Interpol México y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes el pasado fin de semana lograron la captura en el estado de Puebla de uno de los 10 delincuentes más buscados por autoridades de Estados Unidos, relacionado con casos de trata de personas y pornografía infantil.
A pesar de estos resultados positivos, la legisladora tlaxcalteca exigió a las instituciones dar seguimiento a este y otros asuntos que laceran a la sociedad.
Lamentó que el flagelo de trata de personas rebase fronteras, como el caso que fue evidenciado en el estado de Puebla, en donde grupos de niños son utilizados como visores para informar a los maleantes de la presencia de agentes policiacos por las zonas de tomas clandestinas de gasolina, situación que también debe ser investigada por autoridades estatales y federales, en un trabajo coordinado, incluso, pidió ya no más simulación de los gobiernos en la prevención y combate a la trata.
