Cuando se asesina a un periodista o comunicador se atenta contra la sociedad toda, a la que de esa manera se va silenciando poco a poco.
En la medida en que avanza la mancha criminal en el territorio de México aumentan los crímenes contra el gremio, con lo que la amenaza sigue latente.
Según datos aportados por La Jornada, desde el año 2000 un total de 103 periodistas han sido asesinados en México. Treinta de ellos han muerto en lo que va del sexenio; 10 en 2016 y tres en marzo de 2017.
Los periodistas ejecutados durante este mes son Cecilio Pineda, de La Voz de Tierra Caliente, de Guerrero, ultimado el 12 de marzo; Ricardo Monlui, director del portal El Político de Veracruz, muerto el 19 de marzo, así como Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo en Chihuahua.
Breach Velducea, quien desde casi 20 años se desempeñaba como corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez, fue asesinada cuando salía de su domicilio a bordo de una camioneta. Un hombre se acercó caminando hasta donde ella estaba y le disparó en ocho ocasiones.
Luego de las primeras investigaciones, que señalaban que el sujeto estuvo apostado a unos metros de distancia de donde vivía Miroslava Breach, se dio a conocer que el sujeto está identificado por medio de su imagen captada en una cámara de seguridad, sin que hasta el momento se hayan girado órdenes de captura contra el agresor, según el diario donde laboraba la periodista.
Por ello es preciso que las autoridades nacionales lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre este y los demás asesinatos de comunicadores, de tal manera que se sigan todas las líneas de investigación y se descarten las versiones filtradas que tienden a desvirtuar la labor de los periodistas ultimados.
Resulta increíble que en un país en aparente paz en tan sólo 23 días consecutivos hayan muerto de manera violenta tres comunicadores en diferentes puntos del país.
En ese sentido, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, se pronunció porque el gobierno del país brinde la protección fundamental que necesitan los periodistas que trabajan en condiciones peligrosas, especialmente aquellos que informan sobre crímenes, pues de lo contrario sería como tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos del mismo organismo exigió a la administración nacional tomar medidas inmediatas para frenar los ataques contra periodistas, investigar los delitos y sancionar adecuadamente a los responsables, en aras de que la impunidad deje de ser una regla general para ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.
A su vez, el Comité para la Protección de los Periodistas se sumó a la exigencia de que las autoridades mexicanas investiguen y erradiquen la ola de violencia contra los comunicadores, que amenaza el derecho ciudadano a recibir información vital y daña a la democracia mexicana al limitar el debate público.
En concreto, las asociaciones civiles externaron su preocupación por la amenaza que representa el crimen de periodistas y miembros de dichos organismos, de tal manera que no se convierta en permanente el minuto de silencio que se ofrece en honor de las víctimas al ofrendarlo a una libertad de expresión masacrada y sometida.
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