Frente a la testarudez del gobierno del presidente paraguayo Horacio Cartes para que sea aprobada, sea como sea, una enmienda a su Constitución para habilitarlo a la reelección, la respuesta ciudadana ha sido encendidamente contundente.
Claro está que no comparto la extrema violencia como una forma de reclamo ciudadano, pero es comprensible que la respuesta a la obstinación presidencial haya desembocado en un espiral de protestas y estropicios en la sede parlamentaria cuya responsabilidad política recae, sin duda, en el propio Cartes.
Si el pilar del Poder reside en la facultad de someter a las personas a un cierto orden, la disposición del ciudadano de acatar los mandatos sólo se entiende cuando son legítimos. No sólo basta la licitud de la acción política para que sea obedecida por la colectividad; es decir, que sea dictada o ejercida bajo determinadas normas legales sino que tenga un reconocimiento por parte de los ciudadanos como justa, razonable y equitativa.
Los senadores adictos al régimen de Cartes -así como aquellos enigmáticos aliados liderados por un censurado expresidente Fernando Lugo- creen que allanar el camino para una enmienda constitucional sustentada en atribuciones de dudosa credibilidad califica las atribuciones como legítimos. Los políticos parecen no comprender que la autoridad para dictar leyes o proponer revisiones a su propia Carta Magna no reside sólo en haber sido elegidos para legislar sino que lo ejerzan en legitimidad cumpliendo los requisitos de asentimiento por parte de sus ciudadanos.
De ahí que la legitimidad política proviene de un compromiso tanto de quien ejercen el poder como de aquel que se somete a él creando los elementos mutuos de mando y obediencia. Así que, cuando el poder pierde reconocimiento ante la ciudadanía deja de ser sólo poder sin legitimidad, salvo que se obtenga obediencia por medio de la violencia del Estado, como así se pretendió hacer sin mucho éxito por parte de las fuerzas policiales.
Los poderes y acciones políticas que son percibidos como ilegítimos terminan siempre siendo desobedecidos y generándose los estallidos de violencia que, en los luctuosos hechos de este último fin de semana, ha cobrado la vida de un ciudadano y de enormes costos materiales, con una profunda herida en la propia República.
No me llama la atención que sea el presidente Cartes quien haya responsabilizado a las fuerzas del orden y al Ministro del Interior de los hechos de violencia, aunque la verdad sea dicha, el peso político de la imprudencia y de la desvergüenza recaen directamente en el primer Mandatario y en sus socios en esta indescifrable aventura.
Tampoco esta historia es nueva en nuestros países donde los representantes públicos se subordinan a los caprichos de quien ostente en ese momento el Poder. Por supuesto que eso es terrible; y lo que más temo es que siga existiendo aquellos políticos timoratos que aprueben todo aquello que sea sólo para satisfacer al gobernante de turno. Lo que más temo es aquel poder sin impunidad. Le temo al poder y el Poder abusar de su poder.
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