Con el propósito de evitar que los padres de familia que sean considerados como deudores de pensión alimenticia de sus hijos por al menos dos meses no puedan salir del país, el diputado local del PAN Luis Enrique Baños Gómez, propuso al pleno del Congreso local la adición del artículo 43 BIS del Código de Procedimientos Familiares del Estado.

De acuerdo con el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del estado, todos aquellos deudores alimentarios que hayan dejado de cumplir con sus obligaciones, el Juez de lo Familiar lo deberá de notificar al Instituto Nacional de Migración (INM) para que se proceda con el artículo 48 fracción VI de la ley de Migración.

Esta medida funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen sus obligaciones y violentan los derechos de niños y de adolescentes”.

Así también señaló que la finalidad de su propuesta de reforma, es impedir que los hidalguenses que se encuentren en mora de pensiones alimenticias salgan del país, hasta en tanto no cubran el total de su adeudo ya que se han dado casos en los que cambian de residencia o salen de la nación para tratar de evadir su responsabilidad de hasta de manera permanente.

Hay datos de casos de padres que con tal de evadir dicha responsabilidad cambian su residencia a otro estado, e incluso del país; razón por la que la legislación federal ya estableció una medida precautoria para responsabilizar a padres que incumplen con estas obligaciones, por lo que solamente se pretende  armonizar  de esta manera el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo”.

Por último refirió que lo anterior se debe realizar a pesar de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: “toda persona tiene derecho a emigrar o salir del país, salvo a que este siendo procesado”, al referir  que la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, sino que está limitado por la aplicación de un mandato judicial o aplicación de leyes.

De esta manera a decir del legislador se evitará que los menores sean afectados por los padres de familia que tratan de evadir sus responsabilidades.