El pasado viernes dos de junio se cumplieron cinco años de la implementación del Programa Nacional Alerta Amber, estrategia que buscó desde un inicio coadyuvar en la pronta localización de menores de edad extraviados.
Desde su puesta en marcha, la instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal buscó colaboración con la ciudadanía para que se convirtieran en “ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en la tarea de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes”.
Sin embargo y a cinco años de haber iniciado sus funciones también en Tlaxcala, la estrategia ha sido señalada de manera negativa por personas que han tenido la indeseable necesidad de tener que solicitar atención del aparato de justicia local.
La parte oficial
En una entrevista con la enlace de Alerta Amber en Tlaxcala, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Anel Myriam Quiroz Zecua, la funcionaria estatal expresó que la plataforma de alerta ha tenido confianza en Tlaxcala desde el momento de su operación, lo que la ha convertido en una herramienta de apoyo para la localización de menores extraviados en la entidad.
“El fin es generar canales de comunicación con la sociedad para que nos apoyen también en la localización de los menores ya que la intención es que nos ayuden en la difusión de las alertas y que si tienen información nos llamen a los números de la estrategia”.
Desde la implementación de las acciones a nivel nacional en 2012, en el caso particular de Tlaxcala se han emitido 137 alertas, de las cuales, el año de mayor incidencia fue en 2016.
En contraste, en el periodo comprendido de enero a mayo del 2017, la Procuraduría de Justicia local solo ha emitido una alerta.
“La alerta ha sido exitosa ya que contamos con el apoyo de personal de enlaces en las diferentes dependencias federales, estatales y municipales, así como con la coordinación nacional y también con enlaces de otros estados.”
La misma funcionaria informó que las edades de entre trece y 17 años, son en las que más se emiten las alertas, aunque estas incluyen a personas de cero a 17 años.
¿Existen casos de éxito?
“Casi todas han sido localizadas, actualmente tenemos 136 localizadas de las 137 que se han emitido, es positivo porque los enlaces de las demás dependencias nos han apoyado. Desde el momento en que llaman al 911, los compañeros de Alerta Amber inician con la coordinación para comunicarse con policía municipal estatal, federal, Cruz Roja y otras instancias.”
La enlace de la alerta en Tlaxcala, garantizó que la ficha como parte de la activación de la alerta se emite al momento justo de que se presenta una denuncia de desaparición, en tanto que la búsqueda, dijo, comienza desde que es reportada a los números de emergencia.
En contraste
Sin embargo, pareciera que no todo es bueno en la operación de Alerta Amber en Tlaxcala. Síntesis consultó la versión de dos casos que tuvieron la urgente necesidad de acudir a la Procuraduría de Justicia para reportar la desaparición de menores, no obstante, la experiencia fue una auténtica odisea.
El primero de los casos que consultamos fue el de la madre de Karla Romero Tezmol, menor de edad originaria del municipio de San Pablo del Monte, que narró lo que tuvo que vivir al momento de presentar la denuncia de desaparición de su hija.
Olga Tezmol Juárez, con la ignorancia de cualquier ciudadano en desgracia de no saber qué hacer ni mucho menos tener prevista la desaparición de un familiar, buscó orientación en la Procuraduría local con un saldo desfavorable para su causa.
“Yo no sabía de qué se trataba o qué tenía que hacer. Llegué a la Procuraduría y me remitieron con la licenciada Anel de Alerta Amber y de inmediato noté desinterés en mi caso, porque desde el momento en que le mencioné que quería la ficha de mi hija lo único que me dijo, es que era una simple hoja la que se emitía”.
Para este asunto, después de tanto insistir y de múltiples visitas a partir de la desaparición de su hija Karla el trece de enero de 2016, tuvieron que pasar 21 días para que se pudiera emitir la Alerta Amber de búsqueda.
De hecho, la activación derivó de la intervención que tuvo la asistencia legal y jurídica que recibió la familia de Karla Romero.
¿Qué trato recibió en la Procuraduría de Justicia?
“Desde el momento en que llegue a denunciar la desaparición de mi hija fue un ir y venir, me hacían esperar hasta tres horas y me pasaban de un área a otra donde era lo mismo, entonces desde el momento en que yo denuncié la desaparición no obtuve respuestas inmediatas”.
La desesperación de Olga Tezmol por recuperar a su hija la llevó a implementar acciones de manera independiente, que incluso le valieron comentarios del exsubprocurador Víctor Pérez Dorantes refutando su labor.
“Me dijeron que había hecho mal en volantear la foto de mi hija porque me advirtieron que a partir de entonces comenzaría a recibir llamadas de extorsión, pero eso sí, no me dijeron que tenía que hacer”.
Esa situación motivó a la familia de Karla Romero que actualmente mantiene el estatus de desaparecida, a acudir con autoridades poblanas para reportar en aquella entidad el extravío de la menor, dada la cercanía del municipio de San Pablo del Monte con la capital del vecino estado.
En contraste, expresó, fue en aquella sede estatal poblana en donde recibió mejor atención que en la instancia correspondiente a su lugar de origen.
Otro caso que también evidenció deficiencias en la representación local de la alerta fue el de Monserrat N. menor que afortunadamente fue localizada, pero que también representó un calvario para su madre al momento de presentar la denuncia.
La afectada, quien pidió la gracia del anonimato, originaria del municipio de Apizaco obtuvo la emisión de la Alerta Amber cuatro días después de que fue a presentar la denuncia sobre el extravió de su hija que para entonces tenía 16 años de edad.
“La alerta salió hasta el día siguiente de que me ponen en contacto con Alerta Amber en Tlaxcala, tenía tres días de que había denunciado, en 72 horas a mi hija ya se la habría podido llevar hasta Asia.”
Para este caso, la persona denunciante prácticamente fue regañada por el Ministerio Público de la Procuraduría al momento de presentar la denuncia, al increparle que únicamente llevara una fotografía de su hija.
“Vas con una problemática que en ese momento es muy compleja y todavía te juzgan, porque me decía el Ministerio Público que ‘por qué no vino antes, que si no tenía más fotos’, me cuestionaban tanto como si fuera mi culpa”.
Esta situación motivó a la afectada a promover una denuncia ante la Contraloría del Ejecutivo el año pasado, a raíz de todas las inconsistencias que se presentaron a partir de la desaparición de su hija.
Al igual que en el caso anterior y valiéndose de contactos en la capital del país, pudo enterarse que su hija se encontraba desde hace una semana en un albergue de la Ciudad de México, sin que las autoridades de la PGJ en Tlaxcala, particularmente de la Alerta Amber le hubieran notificado.
Fueron representantes del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) en la Ciudad de México quienes rastrearon a su hija logrando dar con su paradero, para posteriormente remitirla a un albergue, no sin antes, dar parte a las autoridades tlaxcaltecas que, sin embargo, no avisaron a la madre de la menor.
“Había pasado una semana que le habían notificado a Alerta Amber en Tlaxcala y no hicieron nada, fue hasta el 20 de mayo cuando yo le hablo a la gente de Capea y me comentaron que en Tlaxcala ya tenían conocimiento de que mi hija estaba localizada”.
No obstante que su hija fue encontrada en buenas condiciones, Maribel N. tuvo una experiencia poco favorable respecto a la actuación de las autoridades de su estado.
Para ambos casos, las personas afectadas refieren que la experiencia de pisar un juzgado para tratar un asunto judicial, máxime si se trata de la desaparición de un menor, es un asunto de máximo desgaste que no se le desea a ningún ciudadano.
